Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 1987/04/13 00:00

    EN NOMBRE DE DIOS

COMPARTIR

"Lo que ha ocurrido en el caso concreto de la Caja Vocacional no mancha en modo alguno a la Iglesia Colombiana. Como en toda gestión económica de captación e Inversión, los imponderables juegan un papel de primera importancia".
Editorial de El Tiempo, marzo 1087
Como muchos otros que han emitido opiniones en este caso, el periódico El Tiempo habló más con el deseo que con la verdad. El escándalo de la Caja Vocacional ha salpicado claramente a la Iglesia, y desde luego que no puede calificarse como una gestión corriente de captación e inversión. Y lo que determinó la quiebra de la Caja fueron factores mucho más graves y complejos que unos simples imponderables financieros.
Hasta el momento se han citado frases bíblicas, se han hecho apostasías, se han acusado de mala fe a los obispos colombianos, se ha solicitado la intervención del Papa se han exhortado las enseñanzas de Cristo sobre justicia social, conmutativa y respeto por los bienes ajenos. Y se ha dejado expuesto el nombre de Dios a los mismos insultos con los que se arremete contra clisés como el imperialismo yanqui y el oso comunista. Negar, por consiguiente, como lo hace El Tiempo, que el escándalo mancha a la Iglesia, le hace a esta más daño que favor.
No hay duda de que el respaldo eclesiástico era una de las principales garantías que atrajeron a muchos de sus 800 ahorradores laicos a la Caja Vocacional. "Con Félix Correa en la cárcel, un Mosquera también preso y un Jaime Michelsen en el exilio", me dijo uno de los ahorradores, "ya cualquiera ha perdido la confianza en los financistas de este país. Por eso cuando deposité mis ahorros en julio del año pasado en la Caja Vocacional, lo hice porque pensaba que el único baluarte que quedaba era la jerarquía eclesiástica".
Los títulos extendidos por la Caja Vocacional traían una nota que decía: "Constituyo este depósito para que la Iglesia lo utilice en sus fines sociales y religiosos".
Y como si el nombre y la finalidad fueran poco eclesiásticos, al frente de la entidad estaba un cura de cuello y sotana, obispo para más señas, que indudablemente infundia en los ahorradores de la entidad una especie de confianza celestial.
Hablando crudamente, entonces, la Iglesia era parte, voluntaria o involuntariamente, del atractivo publicitario de la Caja. Era como su MFP, su minero, su abejita y su good will comercial sumados. Y eso la comprometía desde el punto moral con los ahorradores.
Pero es que además, la administración y gobierno de la Caja estaban a cargo de la Conferencia Episcopal, que es la reunión de los obispos, con claras responsabilidades frente al manejo de la entidad, e inclusive de sus fallas, como quedó consignado en el último párrafo de la escritura pública del 17 de mayo de 1968, mediante la cual la Conferencia asumió el manejo de la Caja.
Entre las funciones de los obispos estaba (artículo 10 de los estatutos de la Caja), trazar su política general, estudiar los palances e informes financieros (!!) y nombrar la junta directiva. Pero, además, tres de los obispos miembros de la Conferencia Episcopal lo serían de la junta. Y si a eso se suma que por privilegios derivados del Concordato, la Caja estaba eximida de la vigilancia del Estado es imposible desconocer la íntima responsabilidad que habían adquirido los obispos en relación con la marcha de la entidad.
Actualmente, sin embargo, la Conferencia Episcopal le ha entregado el problema al gobierno y no volvió a pasarle al teléfono a los ahorradores.
Se anuncia que el Banco Popular suministrará 310 millones para compensar las acreencias de los más pequeños, que provendrán del mismo fondo creado en 1984, con plata de emisión, para solucionar la crisis del Grupo Correa. Sin embargo, los pasivos de la Caja se calculan en 2.300 millones, y los activos en apenas 1.500 millones. ¿Dónde están los 800 millones restantes?
Aquí es donde entra a jugar el personaje clave del escándalo, monseñor Abraham Gaitán Mahecha. Por su conducto, la Caja Vocacional, sin ser entidad financiera, comenzó a captar dinero del público. Y sin ser corredora de finca raíz, a negociar con inmuebles, dos actividades paralelas que les están prohibidas a todas las demas entidades captadoras de ahorro público en el país.
Fue entonces cuando monseñor Gaitán Mahecha comenzó a taparle a los obispos el sol con las manos, y ellos a dejarse.
Los 800 millones de pesos que no aparecen fueron diluyéndose en la desvalorización de los activos de la Caja, en malos negocios de finca raíz como la construcción de la urbanización El Greco en la Avenida Eldorado de Bogotá, y en los elevados intereses que la Caja comenzó a pagar para tapar huecos y atender los movimientos financieros de los ahorradores.
En todo esto los obispos fueron asaltados en su buena fe. Habían sido encargados de vigilar las operaciones del infierno, pero se quedaron con los ojos clavados en los predios del cielo. A pesar de tener el manejo de la Caja y la responsabilidad de su orientación, carecían de los conocimientos financieros para cuestionar las andanzas de monseñor Gaitán.
Y la prueba de que no los tenían es que entre las cosas más graves que se afirman está la de que la Caja vendió parte de la Hacienda las Margaritas, que tenía en Facatativá, para evitar que fuera embargada por el Banco de Colombia en Panamá, por un crédito que este le otorgó por valor de un millón de dólares, en violación del estatuto cambiario.
Sobre esto monseñor Pedro Rubiano Sáenz, presidente de la junta directiva de la Caja Vocacional, le dijo a la Superintendencia de Sociedades que la transacción sí se hizo, pero que, según transcripción del periódico El Tiempo, "fue una operación de defensa, para evitar que todo el terreno de las Margaritas fuera embargado. Pero que el terreno volvió al patrimonio de la Caja, cuando pasaron las acciones respectivas del embargo del Banco".
Si monseñor Rubiano no sabe que ventas como la de ese lote constituyen una clara medida de insolvencia (alzamiento de bienes) contemplada como delito por el código penal colombiano, por cuanto está dirigida a "tumbar" a los acreedores, ¿cómo exigirle que supiera cosas más complicadas como que las actividades de la Caja Vocacional se habían apartado escandalosamente de sus fines, y que los negocios de monseñor Gaitán, además de irregulares estaban conduciendo a la hecatombe financiera?
La Iglesia, con razón, pide que se deje a Dios por fuera de este escándalo financiero. Y en ello le acompañamos todos los creyentes.
Pero, entonces, que la Iglesia no se refugie tampoco en el nombre de Dios para eludir la responsabilidad moral que le cabe en el episodio.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1850

PORTADA

El hombre de las tulas

SEMANA revela la historia del misterioso personaje que movía la plata en efectivo para pagar sobornos, en el peor escándalo de la Justicia en Colombia.