Tres ideas para el ministro de Justicia

Dr. Enrique Gil Botero,

Su nombramiento como ministro de Justicia es esperanzador para quienes defendemos y protegemos a los animales en Colombia. Las dos sentencias que profirió como consejero de Estado son elocuentes de una posición vanguardista a favor del reconocimiento de derechos a los animales, que contrasta con la mirada antropocéntrica imperante en el derecho tradicional. El alto tribunal de lo contencioso administrativo nunca antes había considerado moralmente la capacidad de sentir de los animales, como lo hizo usted en 2012, ni había protegido el derecho autónomo de un grupo de animales a no ser sometidos a tratos crueles y degradantes, como lo argumentó un año más tarde en el célebre caso de ‘los micos de Patarroyo’.

Por lo tanto, seguro es consciente de que la justicia suscita los más afanosos reclamos de quienes le atribuimos a su indiferencia la mayor orfandad de los animales en el país. También, que es destinataria de una importante apuesta del derecho latinoamericano contemporáneo, como lo demuestra el hecho de que todos los países de la región cuenten actualmente con disposiciones normativas para castigar malos tratos contra animales, y hayan creado, en su mayoría, tipos penales que hacen de la vida, el bienestar y la integridad de los mismos nuevos bienes jurídicos tutelados.

En Colombia, como sabe, la Ley 1774/16 creó los “delitos contra la vida y la integridad física y emocional de los animales”. Sin embargo, su implementación no nos ha dejado, hasta ahora, más que sinsabores. Los inspectores de Policía y alcaldes no cumplen sus deberes de atender denuncias, hacer aprehensiones preventivas de animales cuando existen indicios de maltrato, rescatar animales sin que medie orden judicial o administrativa previa e imponer multas, alegando para ello falta de competencias.

Los jueces, por su parte, no han logrado incorporar en sus esquemas de pensamiento la tutela del nuevo bien jurídico. En cambio, arguyen sistemáticamente falta de pruebas o ausencia de ‘menoscabos graves’ a los animales para no imponer sanciones, al punto que a un año y medio de entrada la ley en vigencia solo se han impuesto dos, una de las cuales es francamente irrisoria.

Conscientes de la oportunidad que ofrece el Plan Decenal de Justicia 2017-2027, quisiéramos plantearle, entonces, las siguientes ideas que podrían ayudar a activar la ley:

Crear la figura de jueces especializados en protección animal y asignarlos por categorías municipales. Capacitarlos en medicina veterinaria forense para identificar el maltrato animal físico y emocional con una perspectiva garantista de la sintiencia animal.

Brindarles asesoría y acompañamiento a los ciudadanos en la presentación de denuncias por maltrato animal, a cargo de las entidades competentes en cada municipio. Qué sepan cómo y cuándo debe hacerse ante las inspecciones y ante la Fiscalía.

Impulsar tres reformas a la ley: definir los actos sexuales con animales como delito autónomo, incluir sanciones alternativas a la prisión (hoy el delito de maltrato animal es excarcelable y dada la crisis penitenciaria el efecto es la impunidad) y eliminar las excepciones que ahondan el déficit de protección normativa a los animales usados en producción alimentaria. En un país cuyo 94 por ciento del territorio es rural esta exclusión es inaceptable.

Por supuesto, también habría que trabajar en una agenda conjunta con el Ministerio de Defensa para crear cuerpos de Policía especializados y sensibilizar a los inspectores en virtud de las amplias facultades y competencias que les otorga la norma.

La Ley 1774 fue un paso importante para proteger a los seres más vulnerables y violentados en el país. Sin embargo, corre el riesgo de quedar inactiva por inoperancia de la justicia, que a su vez siembra en la gente el peligroso sentimiento de impunidad.

Ministro, el maltrato a los animales y la protección de sus intereses desafían al derecho y nos confrontan como especie y sociedad. Confiamos en su entendimiento, progresismo jurídico y sensibilidad.