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Entierro de tercera para la meritocracia

Yo, pobre ingenuo, les recomendaba a mis alumnos presentarse a los concursos, pues no necesitaban palancas. Muchos lo hicieron y están a la espera de los resultados…se van a llevar una terrible decepción.

Semana
27 de noviembre de 2008

En forma silenciosa, pero acelerada, el Congreso aprobó el proyecto de reforma constitucional que ordena suspender los concursos de méritos actuales e incorporar automáticamente en la carrera administrativa a los funcionarios públicos que se encuentran en provisionalidad desde el año 2004. Al proyecto le falta solamente la conciliación entre el Senado y la Cámara sobre su contenido definitivo.

El éxito del proyecto de reforma estaba cantado de antemano, dados los intereses que representa. Él responde al propósito de todos los partidos de asegurarle los cargos públicos a su clientela y a la exigencia de las centrales obreras de garantizarle estabilidad en sus puestos a los funcionarios, aunque no hayan cumplido con los requisitos para ello.

La reforma constituye un entierro de tercera para la carrera administrativa en el país y no contribuye al fortalecimiento de las instituciones. Con ella el Congreso se “salta” la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido consistente en afirmar que los cargos en la administración pública son para los que obtengan los mejores resultados en los concursos de mérito.

La aprobación de la reforma constitucional tiene muchos problemas. El más claro, la violación del principio de igualdad. Algunos dicen que los funcionarios provisionales merecen conservar sus puestos, pues han trabajado muchos años y ya están capacitados, además de que las pruebas de los concursos son frecuentemente mal diseñadas. Pero los puestos públicos son pocos y dado que hay tantas personas interesadas en ocuparlos, su asignación debe hacerse a través de un procedimiento neutro, que respete el derecho de todos a aspirar a esos cargos. Y ese procedimiento es el concurso, a pesar de todos los problemas que pueda tener.

Los voceros del proyecto dicen que con él se están defendiendo los derechos de los trabajadores. Ellos están pensando en los funcionarios provisionales actualmente en los cargos, pero se olvidan de los cientos de miles de colombianos que quieren acceder a esos puestos, pero no han tenido las conexiones o las recomendaciones necesarias para lograrlo. Y ahí está el segundo problema: la reforma defrauda a todos aquellos que pagaron su inscripción a los concursos, se prepararon y sometieron a las pruebas, y han esperado durante años los resultados finales. ¿Quién no se sentiría burlado en esa situación?

Finalmente, la aprobación de la reforma va a generar dificultades inmensas, porque varios de los concursos que están en trámite muy probablemente van a finalizar antes de que el proyecto sea sancionado por el Presidente de la República. Por eso, nos vamos a encontrar con personas que ganaron el concurso para cargos que actualmente ocupan funcionarios provisionales. En ese caso, ¿quiénes tendrán el derecho para ocuparlos?

Lo que ocurre es lamentable, pues esta era la primera vez que se observaba un esfuerzo serio por implementar masivamente el sistema de carrera en el país. Y a pesar de que en la exposición de motivos del proyecto de reforma se manifestó que lo que se pretendía era permitir por una sola vez la inscripción extraordinaria en la carrera administrativa, pero que “hacia el futuro todos los cargos necesariamente tienen que llenarse mediante el correspondiente proceso que implica el concurso público”, eso no se lo cree nadie.
 
¿Acaso no es ese el cuento de siempre?

Pero claro que, como buenos colombianos, tenemos que decir que la situación podría ser peor. Me explico: durante la mayor parte del trámite de la reforma la inscripción automática en la carrera se daba para todas las áreas, con excepción de los notarios. Sin embargo, al final se logró que también se excluyera a los jueces, los docentes y los diplomáticos. Con ello se salvó la carrera judicial – que, por cierto, no comprende a los fiscales -, una de las pocas que ha tenido avances importantes a partir de la Constitución de 1991.

En los últimos años, alumnos que estaban a punto de terminar su carrera me preguntaron por posibilidades de puesto. Yo, pobre ingenuo, les recomendaba presentarse a los concursos, pues para eso no necesitaban “palancas.” Sé de muchos que lo hicieron y están a la espera de los resultados. Veo ahora que mi consejo no fue el mejor y que se van a llevar una terrible decepción. ¿Cómo podemos esperar que confíen en nuestras instituciones?


 
*Juan Fernando Jaramillo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro fundador de DeJuSticia. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia-(www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos."


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