Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2007/10/08 00:00

Entre Caribdis y Escila

Aun cuando, en teoría, pueda considerarse conveniente que se limiten las competencias del ejecutivo a favor del poder legislativo, quizás esta no sea la mejor opción

Entre Caribdis y Escila

La relación entre las ramas del poder en Colombia ha sido objeto recientemente de una serie de controversias que involucran a diferentes actores institucionales. En el Congreso se ha propuesto que varias de las facultades del Ejecutivo las asuma el propio Congreso y el senador Camilo Sánchez propende por limitar la representación del presidente en la junta del Banco de la República, al punto de negar el voto en dicha junta al Ministro de Hacienda. Aun cuando, en teoría, pueda considerarse conveniente que se limiten las competencias del ejecutivo a favor del poder legislativo, quizás esta no sea la mejor opción, por las razones que expondré a continuación.

Desde luego, en ninguna parte del mundo donde se ha adoptado el modelo de gobierno que contempla la división tripartita del poder se da el equilibrio que podría desearse entre estas tres instancias, pero es un ideal que no debe menospreciarse. En ese sentido, muchos comentaristas políticos han visto con preocupación la propensión que existe en varios países de América Latina a fortalecer de manera excesiva el poder ejecutivo, y la facilidad con la que muchos de los presidentes en este continente, tanto ahora como en el pasado, se convierten en virtuales o reales dictadores.

Este es uno de los principales motivos que llevan, en muchas ocasiones, a preferir que sea en el Legislativo donde se decidan gran parte de los asuntos públicos, y supongo que fue el que llevó a quienes redactaron la Constitución de 1991 a restringir muchas de las anteriores facultades del Ejecutivo. La lógica de esta posición es impecable, en el sentido de que, por su naturaleza misma, son los la instancia de mayor representatividad. Este argumento se ha esgrimido incluso para poner en duda, tanto aquí como en otros lugares, el inmenso poder que tienen las Cortes Supremas o Cortes Constitucionales, por el hecho de que sus magistrados no sean elegidos por votación popular. No obstante, si bien el Legislativo es la instancia que, en teoría, garantiza una mayor participación en las decisiones, es también aquella que cuyos trámites son más dispendiosos y la que se presta a que prevalezcan en mayor medida los intereses particulares por sobre el interés público en los asuntos decididos.

En efecto, a esta ventaja en términos de representatividad y participación se contrapone, en nuestro país al menos, una serie de inconvenientes sobre los cuales es preciso reflexionar antes de dar más competencias a los legisladores. En primer lugar, está el hecho, inexcusable y vergonzoso de que más de 40 parlamentarios estén siendo investigados por sus relaciones con los paramilitares. En segundo lugar, están las conocidas y repudiables prácticas de la compra y el trasteo de votos, así como los altísimos niveles de abstención, que nos hacen dudar, en muchos casos, de la verdadera representatividad de las personas elegidas. En tercer lugar, el recurrente ausentismo de los congresistas y la preocupante falta de preparación de muchos de ellos. Y, finalmente, la ineficiencia que por lo general caracteriza los trámites ante estas instancias.

Incluso, si se consiguieran remediar los tres primeros inconvenientes que gran parte de los colombianos consideran ya como algo normal y respecto a los cuales parece haber al menos la preocupación por corregirlos, el último – la ineficiencia – merece especial atención, pues no es objeto siquiera de debate o de escándalo. Uno de los titulares de El Tiempo del 3 de octubre dice así: “Congresistas se van de `vacaciones´ por campaña y meten al congelador ley de ‘paras’”. En la nota que sigue, se indica que el representante Carlos A. Piedrahíta justificó la repetida ausencia de los congresistas con motivo de las campañas electorales diciendo, “Nos debemos a la política y tenemos que apoyar a nuestros candidatos.” La misma nota señala que comisiones como la Quinta y Séptima del Senado no han sesionado en los últimos 15 días, y alude a los muchos proyectos importantes que están represados. La ley que reglamenta la eutanasia, por otra parte, no pudo ser votada, de nuevo debido al ausentismo.

En la edición de Semana del 10 al 17 de septiembre, por el contrario, bajo el título “Proyectos de reír y llorar” se presentan algunos de los más absurdos proyectos propuestos por los congresistas – entre ellos el de crear una ley para que el 13 de septiembre sea el Día de la Música Llanera, otra para adaptar toda la infraestructura del país para ayudar a cerca de 7.000 personas que sufren de baja estatura – y no es la primera vez que alguien se toma el trabajo de recopilar las “perlas” a las que sí se da curso, para no mencionar los consabidos “micos” que ya parecen “orangutanes.” Resulta increíble que, dada la importancia de algunas de las propuestas que actualmente se debaten en el congreso y el ausentismo que caracteriza a sus miembros, se dedique valioso tiempo a la discusión de proyectos sin ninguna trascendencia.

La ineficiencia del Congreso, sin embargo, no es algo que deba causarnos risa, pues los colombianos pagamos muy caro por ella. No me refiero únicamente a casos como el de Fernando Rueda Franco, a quien el Consejo de Estado le concedió una retroactividad de más de mil millones de pesos por los 49 días que trabajó en el congreso, y a las innumerables prebendas de que gozan los congresistas, sino a los costos políticos y económicos que tiene para el país el dilatar indefinidamente decisiones urgentes. La ineficiencia del trabajo de los congresistas aumenta de manera considerable lo que los economistas llaman “costos de transacción”, y hace del funcionamiento del Estado una tarea prácticamente irrealizable.

Es comprensible que el temor – ciertamente válido – que inspira el excesivo fortalecimiento del poder ejecutivo, lleve a considerar que las propuestas de los congresistas de asumir cada vez en mayor medida las funciones del ejecutivo y a restringir éstas, sean las mejores para todos. Puede que en teoría lo sean, pero es necesario mirar qué sucedería en la práctica. En el estrecho de Mesina, que separa a Italia de Sicilia, hay un torbellino y un escollo llamados Caribdis y Escila, muy temidos por los navegantes antiguos. Esperemos que al huir de Caribdis, no choquemos contra Escila; quizás puedan encontrarse otras formas de evitar que el Ejecutivo abuse de su poder, modificando las condiciones bajo las cuales adopta ciertas decisiones de especial importancia, o propiciando la intervención de otras instancias institucionales. En este sentido, la revisión, por parte de la Corte Constitucional, de algunos de los decretos expedidos por el gobierno es un buen ejemplo de cómo controlar los abusos que se puedan presentar.

*Profesora de filosofía y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.

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