Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/03/13 00:00

Entre el derecho de defensa y la soberanía estatal

Si bien la realidad impone la necesidad de reconocer la porosidad y limitaciones de la soberanía nacional, ésta no ha desparecido y continua siendo uno de los pilares del orden internacional.

Entre el derecho de defensa y la soberanía estatal

El gobierno colombiano parece haber salido bien librado de la grave crisis que se desató por el ataque de sus fuerzas militares a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano, que culminó con la muerte de Raúl Reyes.
 
De una parte, la muerte de Reyes, número dos del Secretariado de las FARC, significa un duro golpe para esta guerrilla y se constituye en prueba contundente de que la política de Seguridad Democrática está rindiendo frutos. Asimismo, los computadores de Reyes encontrados por las fuerzas colombianas durante el operativo, parecen demostrar lo que para muchos era un secreto a voces: la colaboración de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con el grupo subversivo.
 
De otra parte, el cuerpo diplomático colombiano sorteó adecuadamente las airadas protestas de Ecuador y Venezuela ante la OEA. Si bien Colombia tuvo que reconocer que violó la integridad del territorio ecuatoriano y pidió disculpas por ello, evitó una condena del organismo hemisférico e hizo de éste un escenario ideal para justificar su lucha sin cuartel frente al terrorismo y para denunciar a los gobiernos que prestan ayuda a grupos catalogados como terroristas.

La eficaz acción militar y diplomática del gobierno colombiano, sumada a las afirmaciones descalificadoras de los gobiernos venezolano y ecuatoriano contra el presidente Uribe, han generado una reacción de solidaridad de los partidos políticos, los gremios económicos, la iglesia católica y la sociedad civil en torno al presidente.
 
A pesar de que tales gestos de apoyo al gobierno colombiano son una señal positiva de unión de la sociedad y el Estado colombiano en momentos de crisis como el actual, ello no es motivo suficiente para eludir un análisis más profundo y sosegado de los hechos y acciones del gobierno colombiano que contribuyeron a desatar dicha crisis.

Lo primero que se le puede cuestionar al gobierno colombiano es la forma en que procedió para atacar el campamento de las Farc. Las Fuerzas Armadas de Colombia incursionaron en territorio ecuatoriano sin previo aviso ni autorización de dicho país. El gobierno justifica su acción con dos argumentos.
 
Primero, que probablemente la operación habría fracasado de haber informado al gobierno ecuatoriano, dados los lazos de complicidad de éste con las Farc. Sin embargo, este argumento es débil pues, si nos atenemos a la versión del gobierno colombiano, éste no sabía de la alianza del gobierno del presidente Correa con las Farc, pues fue precisamente el computador de Reyes el que habría puesto al descubierto dicha alianza.
 
Así, el gobierno de Uribe no puede alegar en su defensa hechos descubiertos con posterioridad al operativo. Si en el momento de realizar éste consideraba que el gobierno ecuatoriano era un aliado en la lucha contra las FARC, debió haberle informado del operativo y solicitar su colaboración.

El segundo argumento del gobierno colombiano parece tener más peso: Colombia tiene el legítimo derecho de defenderse del accionar de grupos terroristas que amenazan su seguridad nacional. Si dichos grupos se refugian en otros países para lanzar desde éstos ataques contra la fuerza pública y la población civil, el gobierno colombiano no tiene sólo el derecho sino el deber de proteger a los colombianos.
 
Esta postura tiene asidero en la realidad del contexto internacional y la cambiante noción de soberanía de los Estados contemporáneos. De una parte, y después del 11 de septiembre, ha tomado fuerza el argumento de que los estados tienen el derecho de defenderse de amenazas serias, como la terrorista, así ello implique realizar ataques preventivos en territorios de otros estados que albergan grupos terroristas.
 
Esta ha sido la justificación de Estados Unidos y sus aliados para invadir Afganistán e Irak; de Israel para atacar al Líbano y los territorios autónomos palestinos; de Turquía para emprender acciones militares en territorio iraquí.
 
De otra parte, la teoría política, el derecho internacional público y el derecho penal internacional, coinciden en afirmar que el concepto de soberanía, que corresponde al modelo de Estado nación surgido durante el siglo XVIII y que se consolidó en el XIX, ya no responde a las realidades y necesidades del mundo contemporáneo. La globalización económica y política, los avances tecnológicos en materia de comunicación y transporte, entre otros, han incrementado vertiginosamente la interrelación e interdependencia entre los estados, haciendo sus fronteras (físicas, políticas y económicas) más porosas.
 
Por ello resulta anacrónico aferrarse a una noción absoluta de soberanía nacional que pretende cerrar las fronteras de un país con respecto a sus vecinos y el resto del mundo. Los estados contemporáneos ya no son entes territoriales aislados; su propia existencia y acciones se entienden a partir de sus relaciones con otros Estados, por lo que deben estar dispuestos a renunciar a parte de su soberanía.

A pesar de la fuerza de tal argumento, éste no puede convertirse en excusa para violar la integridad territorial de estados soberanos. Si bien la realidad impone la necesidad de reconocer la porosidad y limitaciones de la soberanía nacional, ésta no ha desparecido y continua siendo uno de los pilares del orden internacional. El concepto de soberanía busca proteger un valor fundamental: la autodeterminación de los pueblos.
 
De igual forma, el hecho de que países como Estados Unidos, Israel y Turquía hayan invadido otros países, alegando la defensa de la seguridad nacional, no hace que per sé tales acciones estén justificadas. Basta ver la inestabilidad internacional que ha generado la guerra de Irak y la crisis regional que desató la acción militar colombiana.
 
Estos casos demuestran que la invasión del territorio de un estado soberano debe ser un recurso extremo y de última necesidad, una vez se han agotado las vías políticas y diplomáticas. El gobierno colombiano no agotó tales vías pues, si en verdad desconocía los vínculos del gobierno de Ecuador con las Farc, debió haber solicitado su colaboración para erradicar campamentos del grupo guerrillero ubicados en su territorio. Y de haber sabido que dicho gobierno brindaba refugio a subversivos de las Farc, debió haberlo denunciado ante la comunidad internacional, como lo está haciendo ahora, antes de haber emprendido una acción militar.

Los anteriores planteamientos no pretenden desconocer la seriedad de la amenaza que enfrentan el gobierno y pueblo colombianos. Tampoco ignoran la gravedad que reviste el hecho de que países vecinos protejan y apoyen a grupos catalogados como terroristas por la comunidad internacional. Mucho menos, desconoce el carácter absolutamente injustificado de las acciones de las Farc o la debilidad del discurso belicista del presidente Chávez.
 
Pero lo que sí cabe destacar es que, en un Estado democrático de derecho, el fin no justifica los medios; las acciones del Estado deben someterse al ordenamiento jurídico interno y a las reglas del derecho internacional. De lo contrario se corre el riesgo de que el Estado incurra en los excesos que pretende combatir y termine pareciéndose a sus enemigos.
 
El apego del Estado a la legalidad también implica su deber de ser transparente frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional, permitiendo el libre escrutinio y crítica de sus acciones. Y por último, implica la responsabilidad de los ciudadanos de ser críticos frente a su gobierno cuando éste comete abusos o errores. El apoyo al presidente y las instituciones, loable y necesario, no debe confundirse con otorgarles carta blanca para que logren sus objetivos a cualquier precio. La fortaleza del Estado democrático no radica en el apoyo incondicional de la sociedad, sino en mantener viva su capacidad de control y crítica.




Daniel Bonilla escribió esta columna junto con Manuel Iturralde

*Profesores de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y miembros del Grupo de Derecho de Interés Público de la misma universidad.


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