Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2003/12/15 00:00

    Erróneo e innecesario

    Permitir el arresto sin orden judicial es aceptar el castigo de inocentes. Las tareas de policía judicial son opuestas a la cultura militar y rompen la unidad de mando

COMPARTIR

El mismo día de esta semana en que el Senado aprobó el estatuto antiterrorista, la sección "Hace 25 años" de El Tiempo destacó por coincidencia esta noticia: "En respuesta a los jerarcas de la Iglesia, que vienen criticando el Estatuto de Seguridad, el ministro Escobar Sierra afirmó que los subversivos practican actos de terrorismo y sin embargo hay gente que no quiere que la democracia se defienda".

Pues la democracia se defendió, el Estatuto de Seguridad se aplicó y los subversivos siguieron en las mismas, lo cual ya para entonces no debe haber sorprendido a nadie, porque leyes iguales se habían usado sin éxito desde los tiempos del Bogotazo y bajo la figura del Estado de Sitio.

Cierto que el Estado de Sitio se acabó en 1991. Pero no le hace: las leyes y decretos expedidos desde 1992 y declarados exequibles por la Corte, hoy por hoy autorizan al Ejecutivo para restringir los derechos de circulación y residencia; exigir que ciertas personas comuniquen su intención de cambiar de residencia; utilizar propiedades privadas o imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales; imponer restricciones a la radio y la televisión; restringir las reuniones y manifestaciones; disponer, con orden judicial verbal o escrita, la interceptación de comunicaciones; ordenar, incluso sin permiso judicial, la aprehensión de personas de quien se tenga indicio de que cometieron o cometerán un delito; suspender alcaldes o gobernadores que contribuyan a perturbar el orden público; efectuar inspecciones o registros para buscar pruebas o prevenir delitos; ordenar al comandante militar que restablezca el orden en cualquier lugar del territorio aún por encima de las autoridades civiles respectivas, y crear "teatros de operaciones".

La lista anterior ya muestra la falacia de quienes dicen que Colombia, al revés de Italia, España y otras democracias, carece de instrumentos legales para enfrentar la subversión. Más aún, esta clase de leyes es más apta contra bandas urbanas tipo ETA que contra guerrillas campesinas tipo Farc, y -sobre todo- el control judicial es mucho más real allá que acá. Por si faltara, allá también los estatutos antiterroristas se prestan a abusos como el de los presos sin abogado del Patriot Act o el de los irlandeses de "En el Nombre del Padre".

En todo caso, el estatuto que acaba de aprobarse va más allá de las leyes europeas, y tanto así que en la "Declaración de Londres", los gobiernos de la UE de modo explícito "instan al gobierno y al Congreso a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a las Fuerzas Militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia".

Que fue, ni más ni menos, lo que gobierno y Congreso hicieron al volver de Londres: quitarle independencia a la justicia al entregarles funciones de policía judicial a los militares, y al no exigir permiso del juez para chuzar teléfonos, allanar residencias o encarcelar sospechosos. El "estatuto" que acaba de aprobarse se reduce en efecto a constitucionalizar las cuatro atribuciones que la Corte no había dejado pasar precisamente porque se prestan a los peores abusos.

La gente de bien se irrita con estos argumentos, porque es absurdo defender a criminales que ponen bombas y secuestran niños. Si en mi mano estuviera, a esos sujetos yo también les impondría unas penas indecibles. El problema consiste en demostrar quién fue el sujeto que puso la bomba o se robó al niño. Y para eso no existe, salvo la brujería, ningún método distinto de la investigación imparcial y la justicia independiente.

Permitir el arresto sin orden judicial es aceptar el castigo de inocentes. Poner un capitán a evaluar pruebas en contra del presunto guerrillero es volverlo juez y parte. Las tareas de policía judicial son opuestas a la cultura militar y rompen la unidad de mando.

Cuando los ojos del mundo están pendientes del gobierno Uribe, no tiene sentido adoptar normas que contradicen viejos Tratados y recientes compromisos de Colombia, que violan el abecé del derecho penal, que estorban y deslegitiman a las Fuerzas Armadas y que de ñapa no sirven para nada.

Una explicación posible es el dogmatismo. Otra es mandar mensajes de mano dura. Pero lo uno es erróneo y lo otro, de veras, ya no es necesario.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1830

PORTADA

En la cuerda floja

La economía avanza a paso muy lento. Se necesita con urgencia un estartazo, pero el desánimo y el pesimismo limitan las posibilidades de una recuperación.