Viernes, 20 de enero de 2017

| 2003/12/15 00:00

Erróneo e innecesario

Permitir el arresto sin orden judicial es aceptar el castigo de inocentes. Las tareas de policía judicial son opuestas a la cultura militar y rompen la unidad de mando

Erróneo e innecesario

El mismo día de esta semana en que el Senado aprobó el estatuto antiterrorista, la sección "Hace 25 años" de El Tiempo destacó por coincidencia esta noticia: "En respuesta a los jerarcas de la Iglesia, que vienen criticando el Estatuto de Seguridad, el ministro Escobar Sierra afirmó que los subversivos practican actos de terrorismo y sin embargo hay gente que no quiere que la democracia se defienda".

Pues la democracia se defendió, el Estatuto de Seguridad se aplicó y los subversivos siguieron en las mismas, lo cual ya para entonces no debe haber sorprendido a nadie, porque leyes iguales se habían usado sin éxito desde los tiempos del Bogotazo y bajo la figura del Estado de Sitio.

Cierto que el Estado de Sitio se acabó en 1991. Pero no le hace: las leyes y decretos expedidos desde 1992 y declarados exequibles por la Corte, hoy por hoy autorizan al Ejecutivo para restringir los derechos de circulación y residencia; exigir que ciertas personas comuniquen su intención de cambiar de residencia; utilizar propiedades privadas o imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales; imponer restricciones a la radio y la televisión; restringir las reuniones y manifestaciones; disponer, con orden judicial verbal o escrita, la interceptación de comunicaciones; ordenar, incluso sin permiso judicial, la aprehensión de personas de quien se tenga indicio de que cometieron o cometerán un delito; suspender alcaldes o gobernadores que contribuyan a perturbar el orden público; efectuar inspecciones o registros para buscar pruebas o prevenir delitos; ordenar al comandante militar que restablezca el orden en cualquier lugar del territorio aún por encima de las autoridades civiles respectivas, y crear "teatros de operaciones".

La lista anterior ya muestra la falacia de quienes dicen que Colombia, al revés de Italia, España y otras democracias, carece de instrumentos legales para enfrentar la subversión. Más aún, esta clase de leyes es más apta contra bandas urbanas tipo ETA que contra guerrillas campesinas tipo Farc, y -sobre todo- el control judicial es mucho más real allá que acá. Por si faltara, allá también los estatutos antiterroristas se prestan a abusos como el de los presos sin abogado del Patriot Act o el de los irlandeses de "En el Nombre del Padre".

En todo caso, el estatuto que acaba de aprobarse va más allá de las leyes europeas, y tanto así que en la "Declaración de Londres", los gobiernos de la UE de modo explícito "instan al gobierno y al Congreso a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a las Fuerzas Militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia".

Que fue, ni más ni menos, lo que gobierno y Congreso hicieron al volver de Londres: quitarle independencia a la justicia al entregarles funciones de policía judicial a los militares, y al no exigir permiso del juez para chuzar teléfonos, allanar residencias o encarcelar sospechosos. El "estatuto" que acaba de aprobarse se reduce en efecto a constitucionalizar las cuatro atribuciones que la Corte no había dejado pasar precisamente porque se prestan a los peores abusos.

La gente de bien se irrita con estos argumentos, porque es absurdo defender a criminales que ponen bombas y secuestran niños. Si en mi mano estuviera, a esos sujetos yo también les impondría unas penas indecibles. El problema consiste en demostrar quién fue el sujeto que puso la bomba o se robó al niño. Y para eso no existe, salvo la brujería, ningún método distinto de la investigación imparcial y la justicia independiente.

Permitir el arresto sin orden judicial es aceptar el castigo de inocentes. Poner un capitán a evaluar pruebas en contra del presunto guerrillero es volverlo juez y parte. Las tareas de policía judicial son opuestas a la cultura militar y rompen la unidad de mando.

Cuando los ojos del mundo están pendientes del gobierno Uribe, no tiene sentido adoptar normas que contradicen viejos Tratados y recientes compromisos de Colombia, que violan el abecé del derecho penal, que estorban y deslegitiman a las Fuerzas Armadas y que de ñapa no sirven para nada.

Una explicación posible es el dogmatismo. Otra es mandar mensajes de mano dura. Pero lo uno es erróneo y lo otro, de veras, ya no es necesario.

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