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Opinión

  • | 2011/11/01 00:00

    ¿Es derrotable la ilegalidad?

    Desde hace décadas, la cultura de la ilegalidad se tomó la vida cotidiana de un amplio sector de los antioqueños. El reto de la pareja más exitosa de las pasadas elecciones es conducir a Medellín y Antioquia por una senda de la legalidad. ¿La pregunta es cómo?

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Sergio Fajardo Valderrama y Aníbal Gaviria Correa acaban de tener un triunfo indiscutible en las elecciones del pasado fin de semana. Los ciudadanos que los eligieron para gobernar el departamento y la ciudad creyeron en sus propuestas, respaldadas, además, por una experiencia administrativa y un liderazgo de varios años a nivel regional y nacional, y soportadas en un discurso anticorrupción que ha sido reiterado durante toda la campaña y refrendado en sus alocuciones la noche de la victoria.

Ambos mandatarios electos han invocado el concepto de “cultura de la legalidad” para señalar que se debe avanzar en ese camino y, por esa vía, derrotar todas aquellas expresiones al margen de la ley que tanta violencia genera en las calles, segando la vida de cientos de personas. Al observar durante la campaña electoral afiches, volantes y vallas que hacían referencia a combatir la corrupción, me preguntaba si esa lucha podría tener resultados concretos, perceptibles y medibles en el tiempo teniendo en cuenta la situación social, económica, política y jurídica en qué vivimos.

La corrupción hace parte de un ambiente de ilegalidad fomentada en el sector público por redes burocráticas de diversas extensiones que se aprovechan de diversas debilidades de la arquitectura administrativa, del ordenamiento jurídico, de intereses económicos y de necesidades ciudadanas para favorecer a particulares y obtener un beneficio de ello. Por ello me pregunto si es derrotable la ilegalidad y hasta qué profundidad se puede llegar en esa ardua tarea para intentar acabar con ella.

Algunos análisis advierten que “la ejecución de actividades ilegales está asociada con la capacidad de las entidades del Estado, las empresas legales y los grupos dominantes de organizar y posibilitar la realización de los delitos en esferas donde la sanción penal puede ser eludida. De tal forma, las transgresiones a la ley son efectuadas por un superávit o hipertrofia de oportunidades para delinquir” (Laurent, Urbano y Ochoa, 2004). La motivación que subyace a todo ello es la codicia: “el objetivo que persigue es el puro y crudo lucro económico”. (De la Corte y Giménez Framis, 2010).

En el departamento y la ciudad, tanto en el sector público, como en el sector privado, hay codiciosos que buscan la mayor ganancia posible haciéndole esguinces a las leyes. Y lo hacen no sólo a través de los negocios con el Estado, que es una de las formas más visibles de ilegalidad y de la cual se habla con mayor reiteración y a la cual le apuntan muchas de las iniciativas gubernamentales locales y regionales; también lo hacen a través de negocios entre particulares para buscar mayor rentabilidad en sus transacciones.

Medellín es el destino de cientos de mercancías que son transportadas desde otras regiones del departamento, del país y del extranjero de manera fraudulenta y burlando todos los controles policiales y aduaneros. ¿Cómo lo logran? Tales acciones no son posibles si no hay una red diseñada para facilitar los procedimientos, en la que confluyen agentes legales e ilegales, cada vez articulados con mayor sofisticación y con ganancias más altas.

Diversos teóricos del llamado crimen organizado, en el que se inscriben este tipo de redes, advierten que hay una relación directa entre la perdurabilidad de la ilegalidad y la obtención de beneficios. En diversas subregiones de Antioquia, incluido el Valle de Aburrá, se encuentran ejemplos claros de la permanencia de estructuras ilegales dedicadas a diversas actividades por fuera de la ley. Y han sobrevivido no solo por los grandes beneficios que obtienen de sus prácticas criminales sino porque aprendieron a ser flexibles, mutables y versátiles para enfrentar los cambios que les imponen tanto la persecución de las autoridades como las condiciones del mercado en el que se mueven.

Frente a la movilidad y constante evolución de esas redes criminales, los gobiernos locales y regionales son paquidérmicos en sus reacciones, desarticulados en sus acciones de control, ineficaces en la aplicación de las normas y carentes de herramientas legales para intervenir muchos de esos fenómenos enmarcados como ilegales. ¿Puede un alcalde o un gobernador diseñar, proponer y aprobar políticas públicas que afecten, por ejemplo, el sistema financiero, donde los beneficios económicos de la ilegalidad se reciclan y legalizan? ¿Tienen la manera de intervenir en grandes centros comerciales donde se violan en cada venta normas tributarias como el cobro de IVA y los derechos de propiedad intelectual, en el caso por ejemplo del negocio de la informática o de la ropa de marca? Ahí es donde están los grandes capitales trabajando, reciclándose, mutándose, y es una ilegalidad que no se toca.

Estudiosos del crimen organizado hacen referencia a la existencia de escenarios especialmente propicios, “hospitalarios” dicen algunos, que favorecen una o varias formas de criminalidad. Siguiendo esa propuesta analítica y aplicándola al departamento de Antioquia es posible encontrar algunos que facilitan el desarrollo y la permanencia de la ilegalidad, entre ellos se podrían destacar el pago de favores políticos a través de contratos estatales y cargos públicos sin los requisitos plenos, que hacen parte ya de la “cultura democrática” en decenas de administraciones locales y regionales; la corrupción policial en subregiones donde se mueven grandes capitales, como en el Urabá y el Bajo Cauca; la falta de oportunidades laborales estables y bien remuneradas en casi todo el departamento; y las trabas burocráticas para desarrollar actividades legales, como por ejemplo la pequeña minería en zonas como el Nordeste y el Bajo Cauca.

Otro de los factores que inciden en la emergencia de las redes de criminalidad organizada es la llamada globalización. Diversas experiencias referidas por algunos autores indican que la apertura de mercados y fronteras y mercados multiplican las oportunidades de inversión de los dineros generados por actividades ilícitas para legalizarlos. El asunto es importante en el país tras la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde es importante valorar el asunto desde esta perspectiva. Se prevé que Antioquia sea dinámica en esa relación comercial, pero no puede perderse de vista que en este departamento circulan grandes capitales ilegales que requieren “blanquearse”.

La ilegalidad, en la que la corrupción es solo una de sus expresiones, no es pues un hueso fácil de roer. No se trata de perseguir a quien pide un porcentaje determinado para facilitar el otorgamiento de un contrato con el Estado. Las políticas que pretenden allanar el camino para fortalecer una cultura de la legalidad tienen que ir más allá del funcionario codicioso y afectar realmente a esos “poderes invisibles” que son los que realmente se mueven bajo las sombras y se benefician con decenas de actividades lucrativas que se desarrollan al margen de la ley. Si se llega hasta allá la ilegalidad es derrotable, de lo contrario no.

(*) Periodista y docente universitario
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