¿Es posible una JEP equilibrada?

Ni la aprobación de la reforma política ni el impulso que tenga la ley de tierras ni la rapidez con que se produzcan las amnistías serán tan definitivas para alcanzar una paz verdaderamente estable y duradera como la discusión de la letra menuda de la ley reglamentaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Con un Congreso facultado por la Corte Constitucional para plantear libremente modificaciones y la intención de varios parlamentarios de tomarse en serio ese trabajo, todavía hay esperanza de que las cosas no salgan tan mal como parecen.

Por supuesto, no llegaremos al milagro de que esta jurisdicción se integre a la Rama Judicial en vez de ser una peligrosa rueda suelta ni al improbable aunque deseable escenario en que los guerrilleros sólo puedan participar en política una vez cumplan sus sanciones, ni a que les pase algo en materia judicial si no las cumplen, pues esa impunidad ha quedado asegurada a su favor pero, por lo menos, los parlamentarios a los que les quede aún algo de sensatez cuentan con un mínimo de herramientas para contener las locuras con las que algunos otros llegarán a los debates. La aplanadora del gobierno no está del todo garantizada y esa es la mejor noticia en una democracia verdaderamente deliberante.

Paralelamente, avanza el proceso de selección de los magistrados que integrarán las distintas salas del Tribunal Especial de Paz y que se darán sus propias reglas una vez elegidos con lo cual las personas que lleguen allí tendrán un enorme poder para decidir si se dedican a administrar justicia o si se emplean a fondo en impartir venganzas, redefiniendo a su manera quiénes fueron los buenos y los malos en tantos años de conflicto armado.

La elección de estos ‘súper jueces’ será caprichosa y arbitraria por más de que nos intenten convencer de lo sofisticado del procedimiento y en un escenario de excesiva subjetividad como éste, será mejor, en aras del necesario equilibrio, que con todo y las dudas que suscita la JEP, expertos abogados de derecha, incluso promotores del No, se le midan a postularse para integrar la jurisdicción. De otra manera, la izquierda más activa se tomará la JEP, convirtiéndola en un recicladero de exmagistrados resentidos o de abogados con ansias de condenar terceros civiles no combatientes que para ellos hayan sido los verdaderos propiciadores de la violencia más allá de quienes apretaban el gatillo.

A ese peligro nos enfrentamos si el Tribunal no tiene unos mínimos de equilibrio en su composición y si quienes pudiendo aspirar para garantizarlo se quedan por fuera con el pretexto de no legitimar los acuerdos de paz.

Propiciar que personas como Hernando Yepes, Juan Manuel Charry, José Gregorio Hernández, Nilson Pinilla, Francisco Bernate, Álvaro Motta Miguel Ceballos o Iván Cancino, entre otros, sometan sus nombres para ser magistrados de esta jurisdicción cumpliría un doble propósito: o los eligen y con ello se equilibran las cargas o los descartan de manera campante y es posible probar sin especulaciones cuán sesgado estará ese tribunal si llegaran a rechazarlos.

En cualquier caso, no se pueden ceder espacios en un momento tan decisivo para el país como este y el de la JEP es un escenario en el que unos y otros tendrían que estar.

Twitter @JoseMAcevedo