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Opinión

  • | 2006/05/06 00:00

    ¿Es suficiente con incluir una mujer en la terna?

    Helena Alviar e Isabel Cristina Jaramillo consideran que se debería ampliar el rango de los temas sobre los cuales se evalúan los candidatos de la Corte Suprema de Justicia

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En las últimas semanas, personajes académicos y políticos se han manifestado en relación con la terna presentada por la Corte Suprema de Justicia para que el Senado escoja el reemplazo del magistrado Alfredo Beltrán Sierra. La terna ha sido criticada desde dos ángulos: el de la ausencia de mujeres y el del sesgo anti-tutela de sus miembros. En nuestra opinión, en la discusión alrededor de las calidades de los candidatos se deberían tener en cuenta, además de estos, otros temas que hasta ahora no han sido suficientemente explicitados.

La ausencia de mujeres en la terna es ciertamente preocupante al menos por dos razones. La primera es que no existe un fundamento fáctico para argumentar la ausencia de mujeres con suficientes cualidades para ocupar el cargo del que se trata. La segunda es que la ley de cuotas exige la presencia de mujeres en todas las ternas cuando ellas son conformadas por una sola institución.

Las altas cortes colombianas no se caracterizan exactamente por haber hecho esfuerzos significativos para incluir un número equitativo de mujeres como magistrados. En la actualidad, sólo hay una mujer en la Corte Constitucional (compuesta por nueve magistrados), dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia (compuesta por 25 magistrados) y siete mujeres en el Consejo de Estado (compuesto por 29 magistrados). Esto, a pesar de que las mujeres desde hace más de 30 años constituyen más de la mitad de los egresados de las facultades de derecho del país.

Ante este panorama, es sorprendente que las decisiones que se han tomado en las ramas judicial y ejecutiva a la luz de la ley de cuotas hayan sido restrictivas de la garantía de participación política que dicha ley otorga a las mujeres. Así, la Corte Constitucional fue la primera en afirmar que cuando varias entidades o personas estuvieran involucradas en la conformación de una terna, éstas debían hacer todo lo posible por incluir una mujer, pero que dicha obligación no era inexorable. El Consejo de Estado restringió aun más la garantía de las mujeres al negarse incluso a verificar si se habían hecho esfuerzos para incluir mujeres en los casos que se han presentado ante esta instancia.

Es este argumento el que actualmente está usando la Corte Suprema de Justicia para justificar la conformación de la terna. Estas interpretaciones del Consejo de Estado y la Corte Suprema en el sentido de que no es necesario demostrar que algún esfuerzo se ha hecho en el sentido de encontrar candidatos mujeres, es la única manera de restringir la interpretación, pues es difícil imaginarse un escenario en el que alguien pudiera argumentar que no hay mujeres con las calidades profesionales y la experiencia para desempeñarse como magistrados.

En este sentido, el debate no debería girar exclusivamente en torno a la ausencia de las mujeres en la terna, sino a cómo se ha defendido jurídicamente dicha ausencia. Esto implicaría demostrar los esfuerzos concretos que se han hecho para incluir mujeres, y adelantar actos significativos que permitan desvanecer la sospecha de un ánimo discriminatorio.

Por otra parte, partiendo de la convicción de que la garantía de contar con al menos una mujer en cada terna presentada para la elección de magistrados a la Corte Constitucional no es negociable, pensamos que el segundo paso indispensable es debatir cuáles son las mujeres que han sido incluidas en la misma. No todas las mujeres han estado comprometidas con alguna versión de la equidad de género. Hay casos que históricamente demuestran que no es suficiente con nombrar una mujer para avanzar en la lucha contra la discriminación de género. Margaret Thatcher, por ejemplo, a pesar de haber sido la primera mujer primer ministro de Gran Bretaña, no contribuyó en nada a la igualdad de las mujeres en su país.

El otro tema que ha dominado el debate en torno a la terna es el del sesgo anti-tutela de quienes la conforman. Esta característica, en particular el rechazo a la tutela contra sentencias, se ha resaltado por la importancia que el asunto ha cobrado en el enfrentamiento institucional entre Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. Pero el que los miembros de la terna tengan una posición coherente respecto de la procedencia de las tutelas contra sentencias es difícilmente discernible a partir de los datos que están disponibles y que han circulado en el debate.

Adicionalmente, aunque la posición que alguien tenga sobre la procedencia de la tutela contra sentencias es importante porque refleja sus compromisos con el diseño institucional existente sobre el control de constitucionalidad, no es obvio que el tener una posición a favor o en contra de la tutela contra sentencias sea indicativo de las posiciones que alguien va a asumir respecto de otros temas como el de la distribución de recursos en el interior de la sociedad en términos de clase, raza, género y sexualidad.

Dada la relevancia de las sentencias de la Corte Constitucional, en tanto máximo intérprete de la Constitución, el número reducido de sus miembros y el número de años que cada magistrado ocupa su posición, los colombianos y las colombianas deberíamos estar preocupados por qué ideas defienden y con qué argumentos lo hacen los candidatos para ser elegidos. Es por esto que todos, pero muy especialmente los senadores, deberíamos contribuir a la profundización del debate haciendo estudios sistemáticos de la labor de los candidatos para evidenciar sus sesgos políticos e ideológicos, de modo que las opiniones sobre la conveniencia de elegir a uno u otro sea informada por convicciones más profundas en relación con una gama de temas mucho más amplia que la que hasta ahora se ha propuesto.

* Helena Alviar García es Profesora de la Universidad de Los Andes, Directora de la Maestría de la misma institución y miembro fundador de Dejusticia; Isabel Cristina Jaramillo es Directora de la Cátedra de Género y Justicia de la Universidad de Los Andes y Profesora de la misma institución.


Dejusticia (antes DJS) es un centro de pensamiento creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.
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