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Opinión

  • | 2018/01/04 09:29

    El escándalo de corrupción que sacude al canal regional Telecaribe (2)

    Negar los 300 millones de pesos por adelantado que la junta directiva de Telecaribe les está exigiendo a los programadores de opinión para poder seguir en la parrilla, como lo hizo en uno de los programas de mayor audiencia de la radio colombiana, habla claramente de la desconexión de Buelvas con la ética y niega, a su vez, los pliegos de condiciones firmados por él.

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Más allá de la espantosa redacción de su réplica, publicada en este mismo espacio, donde deja claro su escaso conocimiento de las normas gramaticales y su poca claridad para poner por escrito las ideas, subyace la mentira con la que el gerente del canal regional Telecaribe intenta, sin conseguirlo, desvirtuar los hechos de corrupción que tienen a este medio de comunicación con un rating reducido a su mínima expresión y la amenaza de cerrar, con artimañas y leguleyadas, otros espacios de opinión.

Empecemos por el principio. En la entrevista que concedimos la mañana del viernes 29 de diciembre de 2017 a la W Radio, Buelvas aseguró que el estudio sobre televisión, adjudicado a la corporación Mi Ciudad de Dosquebradas, Risaralda, la cual, dejémoslo claro, no cumplía con los requisitos para realizar este tipo de trabajo -pues sus fines son otros-, fue legal y transparente porque se llevó a cabo, precisamente, dentro de los límites de una convocatoria.

Pues bien, hay un acontecimiento, entre muchos otros, que demuestra que el señor Juan Manuel Buelvas mintió y, por consecuencia, faltó a la verdad de los hechos como funcionario público. El 25 de mayo de 2016, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes llevó a cabo un debate, convocado por la congresista del Atlántico Martha Villalba, por los pobres resultados de audiencia y los actos de corrupción que se han venido dando en el canal desde que este señor está al frente del mismo. El primer gran interrogante que se planteó fue por qué se le adjudicó un estudio de esta naturaleza a una corporación que nada tenía que ver con televisión, por qué esos servicios no le fueron otorgados a una de las universidades que se alzan en el corredor universitario de Barranquilla, si la sede principal de Telecaribe se encuentra a pocos metros de instituciones como la Universidad del Norte, que tiene una de los mejores programas de comunicación de la región y el país. Por qué no a la Universidad Libre, que tiene grandes expertos en gerencia, administración y derecho. Por qué no a la Universidad del Atlántico, una de las mejores instituciones universitarias del Caribe colombiano. Por qué no a la Uniautónoma, cuyo programa de comunicación es uno de los mejores de Colombia.

Para la representante Villalba, y cito, “lo que está pasando con Telecaribe es similar a lo que está ocurriendo con la alimentación escolar del país: empresas que no cumplen con los perfiles y los requisitos para llevar a cabo una labor, están siendo contratadas para que cumplan funciones de las que no tienen la mínima idea”.

Pero el asunto va más allá. La otra pregunta es que si la convocatoria para el estudio fue abierta -como lo afirmó el gerente-, por qué solo se presentó un oferente, por qué no se otorgó un plazo mayor para que entraran a ser parte del abanico de proponentes otras empresas o instituciones con el bagaje o recorrido en este tipo de trabajo. “El asunto es de suma gravedad porque los que llevaron a cabo la evaluación de la corporación Mi Ciudad como único oferente la descartaron de plano, precisamente porque no cumplía con el perfil requerido, pero aún así la junta directiva del canal (en cabeza de su actual gerente) le dio el visto bueno”, expresó la representante Villalba en aquella oportunidad. Luego, dirigiéndose a Buelvas, agregó: “Hay que tener cuidado con lo que se firma. Yo sí quisiera dejar este asunto en manos de las autoridades competentes porque me parece sumamente delicado. Es un tema de mucha preocupación porque se viene contratando con entidades que no tienen el perfil ni cumplen con los requisitos necesarios”.

Para finalizar, Villalba cuestionó a la gerencia dejando la siguiente reflexión: “Será que los noticieros en el Caribe colombiano, y especialmente los que conciernen al canal regional, van a someterse a un estudio de una entidad cuestionada que no cumple los requisitos, no tiene la experiencia ni el conocimiento. Y peor aún, quienes hicieron las encuestas tampoco tienen experiencia en el asunto”.

Pero más allá todavía de la adjudicación del estudio a una firma que no era apta para realizarlo, está la pésima calidad de los programas y la escasa audiencia. Según lo expuesto por el Comité de Impulso de la nueva Ley de Televisión en el debate realizado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, los niveles de audiencia de Telecaribe no suman en este momento 1.0. En otras palabras, de los casi 10 millones de habitantes que tiene la costa norte colombiana, un promedio de 64.000 personas sintonizan la programación de este canal. Lo anterior afecta profundamente la rentabilidad y las finanzas del canal, ya que en los últimos cuatro años, tiempo en el que Buelvas lo ha estado gerenciando, se le ha invertido un promedio de 55.000 millones de pesos. “Decir que la ganancia del canal es de 180 millones en un año, significa que en un mes ingresan 15 millones, algo así como 500.000 pesos diarios, una ganancia similar a la de una tienda de barrio”, expresó el periodista y profesor Harold Salazar, miembro del comité.

Negar los 300 millones de pesos por adelantado que la junta directiva de Telecaribe les está exigiendo a los programadores de opinión para poder seguir en la parrilla, habla claramente de su desconexión con la ética y niega, a su vez, los pliegos técnicos de licitación firmados por él. En el artículo 10, numeral 2.1, de los pliegos señalados, se establece que quien paga anticipadamente los costos de la licitación, los cuales suman 300 millones de pesos, tendrá el 50 por ciento de los puntos de los 1000 que se ofertan. Es decir, quien oferte esta cantidad exigida y pague por adelantado podrá obtener 500 puntos de los programas de opinión correspondientes a esta nueva licitación. De manera que negar lo que se encuentra establecido en los documentos, crea más dudas de las ya existentes y abre un abanico de especulaciones sobre el objetivo real de dicha licitación.

Tanto es así que, ante las denuncias hechas por los periodistas de la región ante la Procuraduría, quienes ven en esta decisión una intención clara de censura, pues la disposición de unificar la franja ya estaba tomada, la junta regional de gobernadores se vio en la obligación de suspender un proceso a todas luces amañado. Lo anterior deja claro que detrás de las denuncias hechas por el gremio de periodistas de la región no hay persecución política ni personal alguna, sino una manifestación de rechazo a unos pliegos de condición que atentan contra la libertad de opinión en un momento coyuntural político que definirá el futuro de los colombianos en los próximo cuatro años.

Para el gremio de periodistas y comunicadores del Atlántico, lo que pretende el gerente de Telecaribe con todas estas decisiones es “colonizar” la franja de opinión. Lo anterior quedó reflejado -y esto también lo negó al aire— en que, en este momento, tres de los cuatro programas de opinión que transmite el canal son institucionales. Es decir, que solo uno paga con dinero contante y sonante su permanencia al aire. Los otros tres, por el contrario, utilizan los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión a su favor, obviando de esta manera las normas elementales de contratación que dicen que los espacios de opinión deben concederse por licitación pública.

Sacar de la parrilla un programa como Versión libre, uno de los mejores espacios de opinión que se emitían por ese canal, no podía ser interpretado por el gremio de periodistas como una decisión que buscaba, como lo expresó el gerente, mejorar la franja. Las dudas sobre este hecho están ahí, como continúan también, cuatro años después de su posesión, aquellas que lo catapultaron a la dirección del canal. Si se observan las hojas de vida de la terna que participó en la convocatoria abierta, conformada por Ismael Fernández, un reconocido abogado con especialización y administración de medios; Harold Salazar, periodista con dos maestrías (una en desarrollo social de la Universidad del Norte y otra en humanidades de la Universidad de París 12), y Juan Manuel Buelvas, encontramos que el único que no tiene este tipo de estudios ni experiencia en administración es el actual gerente del canal.

El asunto empieza a tener muchas más sombras que luces cuando encontramos que la selección y estudio de esas hojas de vida fue realizada por la Universidad del Magdalena, donde Buelvas se desempeñaba desde hacías varios años como profesor de audiovisuales, y que, curiosamente, unos meses después, ya tenía participación en el canal y era parte de la junta directiva, como lo expresó un miembro del Comité de Impulso de la nueva Ley de Televisión.

No quedan, pues, dudas de que hay hechos poco claros que han venido dándose detrás de los telones de canal. Y es una obligación de los entes de control como la Procuraduría General de la Nación, y acusación como la Fiscalía, darles claridad a unos acontecimientos que, desde lejos, huelen muy mal.

En Twitter: @joaquinroblesza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Magíster en comunicación.

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