Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2001/06/04 00:00

Escaso y mal repartido

Dejar que, en la crisis, los alcaldes vuelvan a invertir en piscinas con olas es un costo excesivo por la sola posibilidad de reducir el déficit fiscal

Escaso y mal repartido

Cosa curiosa. La descentralización fue un invento del Fondo Monetario para bajar el déficit fiscal, descargando de obligaciones costosas al gobierno central. Pero en Colombia pasó al revés: contra el querer del presidente Gaviria (según él dice ahora) la Carta del 91 agrandó el hueco en lugar de achicarlo. Y así, en apenas 10 años, las transferencias regionales pasaron de 26 a 46 por ciento de los ingresos de la Nación. Aunque el daño se veía venir, cada ministro se limitó a hacer discursos y ordenar estudios. Es pues mérito de Juan Manuel el haberle puesto cascabel al gato, con la aprobación de una reforma ingeniosa en primer debate. El acuerdo de alcaldes y gobernadores, más el voto decisivo del serpismo, aseguran el trámite del Proyecto, que se supone crucial para el Fondo Monetario y para que el Diablo no acabe de llevarnos. Digo “se supone”, porque el acuerdo con el Fondo en realidad no obliga a ninguna reforma en particular, sino a reducir el déficit fiscal. Y el mero hecho de que alcaldes, gobernadores y caciques apoyen el Proyecto haría sospechar al más ingenuo que los recortes no son como los pintan. Menos aún cuando el propio doctor Santos explica a diestra y siniestra que la reforma no va a debilitar —¡sino a fortalecer!— los fiscos regionales. ¿Cómo es posible una cosa tan rara? Pues porque: 1. La parte grande del daño ya está hecha. Resulta que esta reforma comenzaría a regir desde 2002. Pero resulta que la Constitución del 91 había ordenado el aumento anual en el valor de las transferencias entre 1993 y —adivínelo usted— 2002. O sea que frenan el carro cuando no tiene gasolina. 2. Se trata de una lotería o, más exactamente, de una apuesta enredada. Si la economía crece menos de 2 ó 2,5 por ciento anual en los próximos años, las transferencias serán mayores que las hoy previstas —y el déficit fiscal será aún mayor—. Si crece al 2 ó 2,5 por ciento, no pasará nada. Si crece entre 2,5 y 4 por ciento, ganará la Nación (bajará el déficit). Y si el crecimiento pasa de 4 por ciento, volverán a ganar las regiones. Se puede ser optimista sobre el futuro, y es natural que el gobierno apueste por esta opción. Pero también se puede ser pesimista (recesión americana, destorcida petrolera, fracaso de la paz…). Y en todo caso, la idea de jugar al cara-y-sello suena mejor para sortear un impasse político que para afrontar una crisis económica tan grave. 3. Aun bajo la hipótesis optimista, el ahorro de la Nación estaría entre 2,5 y 4,8 billones de pesos en siete años lo cual, sin ser despreciable, está muy lejos de rellenar el hueco fiscal. Es más, a partir de 2008, las transferencias seguirán creciendo como si no hubiera habido reforma alguna. 4. Los alcaldes, gobernadores (y de paso, los caciques), quedan en libertad de gastar las transferencias como quieran. Este es el punto más atractivo para ellos y el más dañino para los colombianos. Hoy, las transferencias están amarradas a educación y salud (Artículo 356 de la Constitución) con destino prioritario a las regiones y estratos más pobres (Artículo 357). Por eso, el gasto en educación aumentó de 2,5 a 4,1 por ciento del PIB durante los 90, el gasto en salud por habitante aumentó cinco veces, la matrícula en primaria creció tres veces más rápido en los pueblos pequeños que en las grandes ciudades, y 16,5 millones de pobres entraron al seguro de salud. Visto de otra manera: en esa “copa para todos llena” que fueron los 90, a los de abajo les tocaron los servicios del Estado. Tanto así, que para el 10 por ciento más pobre de los colombianos, esos servicios equivalen a un 94 por ciento del salario. Dejar que, en medio de la crisis social, los alcaldes vuelvan a invertir en piscinas de olas, en autódromos, en voladores o en pavimentar las calles de los ricos es un costo excesivo —y en todo caso injusto— para pagar por la probabilidad de reducir un poco el déficit fiscal. Cierto que ha habido burocracia y desperdicio en los servicios sociales. Cierto que conceder prebendas es el único modo de tramitar las leyes en Colombia. Pero no menos cierto que éste es el hueco por donde el Diablo nos seguirá llevando a su contento.

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