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Opinión

  • | 2017/03/24 08:00

    La Guajira en Washington

    En oficinas de congresistas de Estados Unidos encontramos que existía más conocimiento sobre el genocidio e interés por recibirnos para hablar de él que en cualquier instancia colombiana.

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Después de tres años de trabajo, entre el jueves y el viernes pasados (17 y 18 de marzo) alcancé la meta preliminar de llevar a altas instancias de Washington la visión y las voces del genocidio por hambre más grande del mundo actual, cuya víctima es el pueblo indígena colombiano wayúu, con al menos 7.000 niños muertos de inanición. Entidades como el Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos –asombrados– se percataron de esta tragedia con mayores consideraciones que las escurridizas autoridades colombianas, empeñadas en negarla, minimizarla y deshonrar a quienes la denunciamos.

En compañía de la joven abogada Carolina Sáchica, de los senadores colombianos Sofía Gaviria y Alexánder López –presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso– y del líder indígena Javier Rojas Uriana, expusimos la realidad de una catástrofe que en dos pronunciamientos históricos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al gobierno de Colombia detener. Estas dos órdenes del Sistema Interamericano de Justicia, adicionalmente, han recibido respaldo en decenas de decisiones judiciales subsiguientes proferidas por la justicia interna y todas han sido desobedecidas de manera persistente.

Mike Fitzpatrick (subsecretario Adjunto para el Hemisferio Occidental) mostró más interés, conocimiento y pesadumbre por el genocidio que cualquiera de los burócratas colombianos relacionados con el tema. En el despacho de este funcionario también se congregaron para oírnos Annie Pforzheimer, directora de la Oficina de Asuntos Andinos, y Christian Russel, de la Oficina de Colombia. Fitzpatrick fue funcionario diplomático de su país en Bogotá, encargado de atender asuntos de Derechos Humanos, y mostró particular interés por los hechos de corrupción que le expusimos como una de las causas del proceso de exterminio del pueblo indígena más grande de Colombia.

La senadora Gaviria (liberal) mostró lo que ha decidido hacer de manera solitaria y por su cuenta para llevar asistencia médica itinerante al desierto de La Guajira con el ánimo de tratar de mitigar la agonía de niños esqueléticos y mujeres gestantes y lactantes a quienes el gobierno de Colombia abandonó a su suerte mientras los recursos públicos que existen para ellos se los roban bandas de políticos, burócratas y contratistas que hicieron de la mortandad un negocio redondo e invencible.

El líder wayúu Rojas Uriana, víctima de campañas de descrédito, persecuciones y amenazas de muerte, tuvo oportunidad de exponer y probar completas las desgracias de su estirpe y de recibir voces de apoyo, solidaridad y compromiso.

En la oficina del congresista James McGovern encontramos que existía más conocimiento sobre el genocidio e interés por recibirnos para hablar de él que en cualquier instancia colombiana. Cindy Buhl, directora legislativa de ese despacho, nos explicó las posibilidades y la voluntad estadounidense de reclamar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas e imponerlo como requisito de cooperación entre los dos países.

El congresista del estado de Georgia Henry C. Hank Johnson Jr. no ocultó su estupor ante el desfallecimiento por hambre –reconocido y condenado por la CIDH– de un pueblo cuya desaparición se puede consolidar en los próximos 30 años, de acuerdo con cálculos de especialistas. Este parlamentario se comprometió con su colega colombiano Alexánder López (Polo Democrático) a intentar lo antes posible una visita del Congreso de Estados Unidos a La Guajira para certificar en el terreno el proceso de exterminio de los wayúu.

Este primer periplo por las altas instancias de Washington en defensa de los wayúu fue posible gracias a la cooperación de la organización Washington Office On Latin America (WOLA), principalmente a su ejecutiva Gimena Sánchez-Granzoli y a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), cuya oficina ya nos había acompañado a Carolina Sáchica y a mí en un recorrido por puntos cardinales de la mortandad por hambre que ocurre en el desierto.

Con el auspicio de WOLA y la asistencia de mi productora ejecutiva audiovisual Linithd Aparicio Blackburn, presentamos en Washington mi documental El río que se robaron, que fue prueba judicial en el litigio ganado en la CIDH en busca de amparo para los niños y las mujeres wayúu, dentro de la causa que, contra todo pronóstico, ha llevado Carolina Sáchica con éxito encomiable, sabiduría y entrega.

De mi lado, tuve oportunidad de exponer el éxito obtenido con un taller capacitación de cuatro fines de semana a jóvenes wayúu en el que los instruimos en el manejo de tres cámaras y cuatro computadores que donamos para producir piezas audiovisuales sobre el proceso de exterminio de su pueblo. Con ellas han comenzado a ilustrar denuncias internacionales y acciones legales básicas de amparo, sobre las que los preparó Carolina Sáchica. Gracias a esto, ya han ganado más de 200 tutelas. Este modesto proyecto de capacitación, concebido por mí, se llevó a cabo mediante una acción de cooperación de la ONG privada británica Oxfam (consagrada a combatir el hambre y la injusticia alrededor del mundo), la Fundación Paz y Reconciliación (dirigida por León Valencia), la documentalista caleña independiente Ángela Gómez, Carolina Sáchica y yo. Cada uno entregó su trabajo y aportamos lo que estuvo al alcance de nuestras manos y de nuestros bolsillos.

Tan pronto regresamos de Washington, nos encontramos con una venenosa campaña de calumnias y de ataques rastreros según los cuales nos enriquecimos dictando el taller y debido a ello somos usufructuarios de la tragedia wayúu que venimos ventilando de tiempo atrás y por nuestra propia cuenta y riesgo.

Carolina y Rojas asistieron en Washington a una audiencia privada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convocada para examinar el incumplimiento sistemático de las medidas cautelares, en la que estuvo también una delegación del Estado colombiano. A partir de ese evento –en el que, obviamente, no estuve–, la campaña sucia desatada en Colombia decidió inventar que el Gobierno, con el que no tengo ningún tipo de relación ni cercanía, y yo, nos sentamos a organizar de manera amañada las inversiones públicas en La Guajira. Sobra decir que ya entablé las querellas penales en contra de quienes dirigen y operan la cruzada de ignominias con el ánimo de tratar de desmerecer mi trabajo y mi nombre, labrado a lo largo de 42 años de ejercicio del periodismo. Por lo demás, estoy reuniendo a amigos y colegas para llevar pronto un nuevo taller, esta vez a jóvenes wayúu del sur de La Guajira, y estoy alistando mis propios equipos con el propósito de realizar un nuevo documental sobre la manera como el narcotráfico y la corrupción se han apoderado del extremo norte de Colombia en lo que parece ser un nuevo país, fundado por el crimen.

En el transcurso de los distintos eventos, el senador Alexánder López anunció la preparación de un encausamiento en la Corte Penal Internacional contra el presidente Juan Manuel Santos, a quien acusará como responsable preponderante del exterminio del que ha sido advertido desde diversas instancias y conminado –infructuosamente– por la CIDH para que lo detenga.

Santos llegará a ser así el primer premio nobel de Paz encausado por genocidio.

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