Domingo, 22 de enero de 2017

| 2007/10/20 00:00

¿Estamos vivos o muertos?

Oor unos cuantos ciudadanos deshonestos el Estado desconfía de todos y nos obliga a trámites infames

¿Estamos vivos o muertos?

Este país nuestro es tan absurdo que es el único del mundo donde el ciudadano tiene que certificar que es inocente mediante un papel expedido por los detectives del gobierno. Acerca del vía crucis que es conseguir el Certificado Judicial escribí hace poco y la directora del DAS me llamó a decir que en abril del año entrante resolverán el problema de las citas que no dan y los teléfonos que no contestan. Ojalá, pues hay miles de personas que reniegan, esperan y sufren por la imposibilidad de demostrar que no son delincuentes.

Pero los delirios de nuestra burocracia no terminan en el certificado de inocencia. Este es también el único país del mundo donde los vivos tienen que demostrar que no están muertos mediante un Certificado de Supervivencia. La cosa es grave porque ni siquiera basta que uno se presente caminando, hablando, llorando y protestando, pues esa no es muestra suficiente de que estamos vivos. Tenemos que ir donde un notario para que este diga que, en efecto, todavía no nos hemos muerto. ¿Por qué un notario? No sé. Determinar el umbral entre la vida y la muerte, en algunos casos límite, no es tan fácil, y mejor sería que el certificado lo expidiera un médico. Pero el Estado confía más en sus notarios que en sus médicos.

Un pensionado de este país, si quiere recibir su mesada de jubilación, debe llevar consigo un papel donde se certifica que no ha muerto. Hasta no hace muchos años exigían también la partida de bautismo (certificado de inocencia, de vida y de bautismo eran los requisitos para no ser un colombiano imaginario), pero por suerte lo del bautizo lo tumbó algún gobierno. En cambio siguen vigentes el Certificado Judicial y el Certificado de Supervivencia.

Si un día van por la calle de una ciudad cualquiera de este triste país tropical, y de repente ven una fila interminable de viejos que tratan de protegerse del sol, cuando hace sol, o de la lluvia, cuando llueve, algunos con bastón, otros en silla de ruedas, otros en camilla arrastrada por los parientes, la mayoría solos, y todos con una mezcla de resignación y de dolor en el rostro, no lo duden: son ancianos que tienen la obligación de probar que están vivos para reclamar sus pensiones ante una entidad estatal o ante un banco.

En el ISS, a falta del Certificado de Supervivencia, aceptan como prueba de vida la presentación personal y la huella dactilar. En Medellín esta vuelta se tiene que hacer personalmente por allá en una loma lejana, al lado de la Cárcel del Buen Pastor. Los viejos se presentan (algunos sanos, otros moribundos, otros entre las nieblas de la demencia senil), estampan la huella digital y les entregan en efectivo su jubilación. Un trámite que parece simple, sin embargo, lleva a una cadena kafkiana de desesperación.

Uno: si no se presentan durante dos meses, los declaran muertos y la mesada se va para Bogotá. Después tienen que demostrar que no se han muerto e iniciar los trámites para la devolución, que tarda varios meses. Dos: con los años, a algunas personas se les borran las huellas de los dedos (yo, por ejemplo, ya no tengo). Si no tienen huella, no pueden declararlos vivos y deben hacer otro trámite para demostrar que no están muertos. Tres: los alrededores de la Cárcel del Buen Pastor son un atracadero. Los ladrones saben que allá van los jubilados a reclamar su pensión en efectivo; a la salida los esperan y se las roban, previo hijueputazo y previa amenaza con cuchillo o pistola. Cuatro: a veces, cuando les roban la plata, les roban también la cédula. Cinco: la cédula es el documento indispensable para demostrar que el vivo es uno. No vale la contraseña de cédula en trámite. Si uno no tiene la cédula original, los notarios no expiden el Certificado de Supervivencia. Seis: para sacar una nueva cédula (el trámite dura año y medio) hay que llevar fotocopia de la cédula vieja. El viejo que no tenga fotocopia, queda en un limbo entre la vida y la muerte.

Para que no digan que solo critico y no propongo soluciones, aquí va esta. Uno: si el Estado es ineficiente, no es el ciudadano, sino el mismo Estado el que debe pagar por su ineficiencia. Dos: en un mundo dominado por los computadores, no sería imposible que las entidades que pensionan a alguien le informaran al gobierno que la persona tal con cédula tal empezó a disfrutar de su jubilación. Como para que lo entierren o lo cremen a uno es necesario presentar un certificado de defunción, el Estado tendría que informar de inmediato a la empresa de pensiones que su pensionado ya está muerto. Esto se podría lograr si contáramos con un sistema de información integrado de pensiones que mantenga enlaces con otros sistemas de información del Estado. Así de simple. Si lo hacen mal, la culpa es de ellos, y la ineficiencia del Estado la debe pagar el Estado, no los ciudadanos. No puede revertir sobre nosotros la carga de la prueba de la inocencia, ni la carga de la prueba de la vida y de la muerte.

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