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Opinión

  • | 2006/02/19 00:00

    Estrategia equivocada

    “Más allá del discurso ideológico, los cuestionamientos a la seguridad democrática son una estrategia equivocada para los candidatos opositores de Uribe”, opina Rafael Guarín.

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Los escándalos de las dos últimas semanas marginaron el debate programático en las campañas. Las acusaciones provenientes de diestra y siniestra pesan más que el análisis de los principales problemas del país. Uno de ellos, que sin duda será escenario preferente de pugna, es la política de seguridad.

En este tema, como en la mayoría de los que se deben ventilar en las elecciones, los políticos están divididos. Por un lado, los defensores acérrimos de la seguridad democrática y, por otro, los que consideran que dicha política es un absoluto fracaso. Ambos puntos de vista pecan por exceso.

El conflicto colombiano supera las cuatro décadas y se ha complejizado enormemente con el narcotráfico y el paramilitarismo. Nuestra geografía, la precariedad en que se encontraban las Fuerzas Armadas hasta hace cerca de seis años, la vinculación a redes terroristas internacionales de los actores al margen de la ley, la inestabilidad regional y la simpatía de sectores políticos de naciones vecinas con esos grupos, dificultan la salida militar. En este contexto, no se puede pretender seriamente que la guerra popular prolongada declarada por la subversión y el fenómeno de las autodefensas, se eliminen en poco tiempo.

Indudablemente, los resultados de la seguridad democrática son parciales, pero evidentes. Mayor seguridad se ha traducido en mayor confianza y en una visión más optimista del futuro. Este hecho, que la oposición atribuye al “embrujo mediático”, ha abierto las puertas a la inversión extranjera, mejorado la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la misma y reactivado el turismo, lo que explica el deseo de la mayoría, expresado en las encuestas, de mantener ese esfuerzo. Tales logros obedecen a una estrategia que tiene claro que el ejercicio de la autoridad y de la fuerza, acorde con el Estado social de derecho, debe presidir cualquier iniciativa en ese sentido.

Si bien la Seguridad Democrática presenta fallas, se debe concebir como el punto de partida de cualquier esfuerzo que los colombianos realicemos para conseguir la convivencia pacífica y defender la democracia. No se puede pretender hacer tierra arrasada de esta política por el hecho de ser liderada por el oponente. Por el contrario, la difícil lucha que se adelanta contra los grupos armados ilegales requiere la solidaridad y la unidad nacional.

El país necesita mantener y profundizar la política de seguridad corrigiendo sus errores, descartando sus excesos y llenando sus vacíos. Por supuesto, no es una obra perfecta, como más de uno quiere mostrarlo, pero tampoco es el chasco que quieren vendernos.

Tres son las principales debilidades que se deben resolver con urgencia. La primera consiste en unir al esfuerzo militar, con la misma intensidad, la acción social del Estado. La segunda, articular un programa de seguridad ciudadana en los grandes centros urbanos. Y la tercera, convertirla en una política de Estado, esto es, que trascienda de una administración, de un liderazgo particular y cuente con el respaldo de las diversas fuerzas políticas comprometidas con la defensa de la institucionalidad democrática y la dignidad humana. Un buen ejemplo es el Pacto Antiterrorista propuesto por el PSOE, en la oposición, y acogido por el Partido Popular, en el gobierno de Aznar en España.

Más allá del discurso ideológico, los cuestionamientos a la seguridad democrática son una estrategia equivocada para la oposición. Desde el punto de vista electoral, concentra el debate en el campo en que Álvaro Uribe es más fuerte y donde sus competidores no tienen oportunidad, desconociendo enseñanzas básicas que para estos casos imparten conocidos consultores como Dick Morris (El Nuevo Príncipe – 2002). Esa actitud busca polarizar a la sociedad en respuesta a la personalización de la política de seguridad y al afán electoral, sin reparar en que pone en peligro los éxitos alcanzados.

En una democracia los ciudadanos tienen la última palabra. Es a ellos a quienes corresponde decidir en las urnas sobre los modelos de sociedad y los caminos de futuro que les presentan los candidatos y los partidos políticos. Esa controversia, que es esencia de cualquier régimen político basado en la libertad, pretende ser empleada por los grupos guerrilleros para interferir la voluntad ciudadana. No es difícil predecir que los ataques violentos de diciembre pasado se repetirán antes de las elecciones parlamentarias (marzo) y las presidenciales (mayo), en el marco de una estrategia de ablandamiento de la opinión pública.

No se trata de replicar el discurso sectario que incrimina de terroristas a la oposición democrática. Simplemente, es reconocer un principio básico de la guerra que enseña Clausewitz (De la Guerra - 1831). El centro de gravedad, esto es, “el centro de todo poder y movimiento, del cual depende todo”, para quienes estamos del lado de la Constitución, es el respaldo popular a la política de seguridad. Por eso, siguiendo a ese autor, las Farc concentrarán toda su energía, sus golpes y su determinación contra ese punto. Esa estrategia aprovecha las fracturas que sobre la seguridad democrática existen entre las diferentes fuerzas políticas, con el fin de utilizar las urnas para quebrar la política de seguridad. A eso nadie debe prestarse.

El camino que se debería seguir es el de un Gran Acuerdo entre todas las vertientes democráticas, con el fin de blindar esa política contra las acciones terroristas y convencer a la subversión de que su accionar violento no tendrá efecto alguno en las elecciones.

*Abogado. Master en Acción Política de las Universidades Francisco de Victoria y Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. rafaelgguarin@hotmail.com 
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