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Opinión

  • | 2014/01/02 00:00

    E.U. y la lucha contrainsurgente en Colombia

    ¿Puede pensarse que desde 1996 comenzó a gestarse la participación de ese país en los ataques a la guerrilla de las Farc? Pronunciamientos en medios colombianos así lo indicarían.

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En las relaciones diplomáticas internacionales siempre hay dos tipos de acuerdos: aquellos que se hacen por encima de la mesa y son públicos, y los que se hacen por debajo de ella, que adquieren carácter reservado y que todos los participantes niegan cuando se comete un error, como por ejemplo una filtración a los medios de información.

Al revisar algunas opiniones dadas por funcionarios estadounidenses de alto nivel que fueron difundidas por la prensa colombiana desde mediados de la década del noventa, llego a la conclusión de que la participación de agencias de seguridad norteamericana en la persecución y eliminación de los jefes de la guerrilla de las Farc se fue construyendo paso a paso, y muy seguramente mediante acuerdos bajo la mesa.

Los primeros pasos de esa intervención muy probablemente comenzaron a darse el 20 de septiembre de 1996 en Cartagena, cuando el embajador de Estados Unidos en Colombia de esa época, Myles Frechette, planteó, ante representantes de varias multinacionales del sector energético, que su país estaba estudiando la posibilidad de expedir órdenes de captura contra los líderes de la guerrilla colombiana que estuviesen vinculados con las actividades del narcotráfico.

En esa ocasión, Frechette informó que su país tenía evidencias de que algunos frentes de la guerrilla, particularmente de las Farc, ya tenían plantaciones y laboratorios para procesar cocaína, la cual era transportada a su país, según él, por tierra y agua a través de Venezuela.

Siete días después, durante una rueda de prensa desde Ciudad de Panamá, el Zar Antidrogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, fue más allá del embajador Frechette y aseguró que “Colombia enfrenta la amenaza de más de 10.000 narcoguerilleros que operan en ese país, en tres organizaciones separadas sin ninguna ideología, ya que son bandidos involucrados en la extorsión y el narcotráfico”.

Este alto funcionario ratificó que los grupos insurgentes “custodian la hoja de coca, en algún caso la cultivan y es posible que estén tomando parte en la distribución”, y no dudó en afirmar que “los narcoguerrilleros colombianos son una gran amenaza, ya que no respetan la soberanía de Venezuela, Perú, Ecuador o Colombia, por lo que se requiere una gran cooperación de los países democráticos para enfrentarlos”.

Poco a poco los funcionarios estadounidenses fueron construyendo la relación de las guerrillas con el negocio del tráfico de drogas, lo que brindaría la posibilidad de intervenir de manera directa, pues se trataba de un tema de seguridad nacional y regional.

La preocupación por la “narcotización” de las guerrillas colombianas sería tema dos años después, cuando el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kanman, presentó sus credenciales ante el gobierno del presidente Ernesto Samper el 20 de marzo de 1998.

En esa ocasión, el diplomático norteamericano declaró: “Nos damos cuenta de que la guerrilla tiene relación con el narcotráfico pero no tenemos autorización de entrar en una campaña contra ella”; sin embargo, aseguró que en su país tenían “recursos y la autorización de nuestro Congreso para trabajar conjuntamente con muchos países en esta lucha antinarcótico”. Y sugirió una estrategia para enfrentar ese problema: “la mejor forma de combatirla (a la guerrilla) sería eliminar a los narcotraficantes, que son su fuente de financiamiento”.

Y el viraje definitivo se daría en 1999, cuando se radicalizaron las posiciones en Estados Unidos en relación con la guerrilla, casualmente cuando tomaba forma el proceso de paz con las Farc en San Vicente del Caguán, Caquetá. Varias decisiones se tomaron ese año: en marzo los servicios de inteligencia norteamericanos incrementaron su cooperación con las Fuerzas Armadas colombianas; en julio el Congreso de Estados Unidos autorizó, sutilmente, que los recursos que se le entregarían al país podrían ser utilizados para combatir la guerrilla; y en agosto la ayuda militar y económica fue incrementada.

Un bloque de congresistas de ese país fue particularmente crítico con la situación. Uno de ellos, el cubanoamericano Lincoln Diaz-Balar, Republicano, aseguro: “Nosotros estamos aquí para darles lo que necesiten. No es sino que el Ejército lo pida, que le vamos a dar lo necesario, antes de que sea demasiado tarde y Colombia se convierta en un Estado narcoguerrillero”.

Por su parte el también republicano Cass Ballenger afirmó que Colombia no sólo estaba en peligro, sino toda la región: “Lo que estamos viviendo son las consecuencias de los años de la administración Samper, cuando no queríamos hacer nada por Colombia. Eso fue algo estúpido y aquí están las consecuencias”. Según este congresista, las guerrillas recibían anualmente, para finales de la década del noventa, 900 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Cuando se anunció el incremento de la ayuda militar y económica para Colombia, en agosto de ese año, volvió a hablar el Zar Antidrogas Barry McCaffrey en un tono alto: “Colombia es un desastre y no le veo salida. Estamos en un periodo de intensos debates en el gobierno y en el Congreso… pero no podemos permitir que otra democracia se hunda”.

Con esas posiciones endurecidas del gobierno estadounidense, la torpeza política de las Farc, no sólo en el manejo de las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana sino en su radicalización de las acciones bélicas, y el triunfo electoral de Álvaro Uribe Vélez en 2002, lo que vino después fue la concreción de lo que, inicialmente, se dijo en tono relativo: tres jefes de las Farc fueron extraditados a Estados Unidos por delitos asociados al tráfico de drogas - Nayibe Rojas Cabrera, alias ‘Sonia’; Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’; y Erminso Cuevas Cabrera, alias ‘Mincho’-; los norteamericanos ampliaron el pie de fuerza en el país; las Farc fueron no sólo clasificadas como grupo terrorista sino que se les colgó el título de “cartel de las drogas”; y la inteligencia de ese país contribuyó en la persecución y muerte de poderosos jefes de ese grupo insurgente.

Esos antecedentes son necesarios tenerlos en cuenta, pensando en lo que se está negociando en La Habana, Cuba. Las Farc se narcotizaron y eso no se los van a perdonar las autoridades estadounidenses. Frente a ello, ¿será viable un acuerdo de no extradición de aquellos guerrilleros solicitados por tribunales de ese país y que sea aceptado por sus autoridades como un aporte a la paz de Colombia? El tema es clave en la superación del conflicto armado con eso grupo insurgente.

(*) Periodista y docente universitario

En Twitter: @jdrestrepoe

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