Evolución, revolución, y corrupción

El atraso va más allá de la infraestructura física y toca también todo el marco conceptual, regulatorio y legal del Estado colombiano. Pasa desapercibida la responsabilidad que tiene el Gobierno en ajustar el funcionamiento del país a las tendencias evolutivas y revolucionarias de la ciencia y la tecnología aplicadas al día a día de los colombianos.

Es importante que la sociedad demande de su gobierno un marco claro, simple y fértil para el desarrollo y la adopción de todo aquello que jalone la modernización. El Estado colombiano, y este Gobierno, no solo no proveen ese marco sino que se convierten en obstáculo para avanzar y recortar la brecha que nos separa de sociedades modernas y funcionales en aspectos de calidad de vida y facilidades para los ciudadanos.

Colombia no está lista para las revoluciones que se aproximan rápidamente, porque tiene un sistema regulatorio y legal que ni siquiera puede lidiar con la evolución. Ejemplo de una evolución que no hemos podido manejar son las reglas de tránsito y los límites de velocidad. Ejemplo de la revolución que nos estamos perdiendo es la ilegalidad de Uber. El Gobierno no ha regulado Uber por incapaz y corrupto.

Sucesivos ministros de transporte le han sacado el cuerpo a las decisiones por compromisos políticos y electoreros con minorías propietarias de un monopolio en general ineficiente, con un servicio insuficiente y deficiente y que en los últimos tiempos no se maneja ni se regula bajo los preceptos de un servicio público, como un bien público para beneficio público.

Se viene una revolución aún mayor que la de las plataformas digitales como Uber: La llegada de vehículos autónomos, con una evolución natural de las mismas plataformas digitales, los taxis autónomos. No importa qué tanto se hable de ello, Colombia, país de leyes, no estará nunca preparado a tiempo y se hará lo de siempre, lo más fácil: prohibir, castigar con impuestos y evitar enfrentar el desarrollo. Ya hay que ir pensando en los grupos de poder que se verán afectados por estas tecnologías e ir pensando en el marco regulatorio para que los colombianos las adopten y las adapten fácil y rápidamente.

De la mano de esos retos regulatorios y legales, vendrán dilemas éticos  que obligarán a repensar la forma en la cual interactúan los Estados, las compañías privadas internacionales y las sociedades. Todo lo que un vehículo autónomo hace, corresponde, en su forma más simple, a decisiones básicas de "si pasa esto, haga aquello". Es así que si el lector óptico indica que va por una zona de límite de 50 km/h se ajusta la velocidad acordemente, pero si el radar le indica que tiene un auto adelante a 43 km/h pues la reduce para mantener la distancia establecida en su programación y calculada con el sonar. Todas estas son decisiones básicas. Pero ¿qué pasa cuando el vehículo se enfrente a decisiones de vida o muerte?

¿Será un programador en Suecia quien decida qué hace el auto de un colombiano en una carretera colombiana cuando se le atraviesa un perro? ¿Evitarlo a toda costa a pesar de poner en riesgo la vida de los pasajeros, o la máquina no dudará ni un segundo en mantener curso y velocidad para proteger a los pasajeros? ¿Será el distribuidor de autos en Colombia quien programe las decisiones de los autos cuando esté de por medio la vida de transeúntes?

La inteligencia artificial entrará a ponderar muchas más variables y así llegaremos a máquinas tomando decisiones de índole ética y moral en las carreteras de Colombia. El auto se tirará al barranco para evitar atropellar a dos peatones, pero los atropellará si en él van tres adultos o más. O tal vez no porque dependerá del modelo de las aseguradoras o de alguna mano corrupta que vea amenazados sus intereses privados. Lo que sí es cierto es que si la sociedad colombiana no exige más del Estado y del Gobierno, en 10 años estaremos todavía discutiendo si Uber o no, mientras en Ecuador y Perú tendrán taxis eléctricos autónomos.