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Opinión

  • | 2007/05/26 00:00

    Excarcelaciones y excarcelaciones

    Parecería tener sentido una ley que regule con mayor justicia la situación de quienes, sin pertenecer a grupos armados, delinquieron con ellos

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A pesar del esfuerzo presidencial en los medios, sólo ahora empieza a haber alguna claridad en el mar de mensajes confusos que sobre el tratamiento jurídico a paramilitares, políticos vinculados a grupos armados ilegales y guerrilleros encarcelados, han enviado funcionarios gubernamentales. De todo lo dicho, dos parecen ser los elementos nuevos: primero, que el gobierno está jugado por la liberación de guerrilleros que hoy se encuentran detenidos; y, segundo, que busca la excarcelación de quienes, sin hacer parte de los grupos armados ilegales, sí han tenido vínculos delictivos con ellos.

En relación con los subversivos en la cárcel, el presidente Uribe ha dejado entrever que su liberación sería un gesto con su homólogo francés, Nicolas Sarkozy. Aunque la liberación sería unilateral y no resultado de acuerdos con la guerrilla ('Raúl Reyes' ya ha dicho que sería "una farsa"), hay esperanza de que el "gesto" obligue a las Farc a responder también con la entrega de algunos de los secuestrados. Soy menos optimista, excepto en la hipótesis de que la insinuación presidencial sea resultado de un pacto de Francia con las Farc para que tras la decisión de la Casa de Nariño venga una respuesta similar de la guerrilla.

Como sea, es evidente que para el grupo terrorista la liberación de sus miembros por el gobierno sería, por varias razones, un desastre político. La decisión mostraría que Uribe es generoso y que sí está preocupado por buscar la libertad de los secuestrados, incluso hasta el punto de hacer liberaciones unilaterales. Como consecuencia, se aliviaría la presión internacional sobre el Estado colombiano y se demostraría que para el intercambio no se requiere despeje. Quedaría en evidencia que la guerrilla no tiene ninguna motivación humanitaria, que sólo le interesa el aprovechamiento militar de la zona de diálogo y que está haciendo un uso táctico de los secuestrados. Los guerrilleros le deberían su liberación temprana al gobierno y no a la presión de las Farc. Y, para rematar, de acuerdo con la normativa actual, esos subversivos no tendrían opción distinta a renunciar previamente a su pertenencia a la banda para poder acceder a su libertad. Las Farc no les perdonarían semejante apostasía.

Con todo, hay pendientes por resolver. Uno, que no es posible liberar a los responsables de delitos atroces y narcotráfico. El otro, que es indispensable buscar mecanismos para asegurar que los liberados no vuelvan a delinquir. De ahí, supongo, la idea por desarrollar de la 'tutoría' de la Iglesia de la que habló el Presidente.

El asunto de la excarcelación de los vinculados a los paramilitares es mucho más complejo. Para empezar, el gobierno se ha equivocado al dar la impresión de que busca la impunidad de los políticos de su coalición que son investigados. Actuar en esa dirección sería inaceptable y causaría un grave daño en la imagen gubernamental tanto acá como en el exterior. La gente, con razón, está indignada con aquellos que se aprovecharon de su condición de servidores públicos para delinquir con apoyo de los paras.

Ahora bien, no es menos verdad que no es lógico y no responde a la justicia que, por cuenta del evidente vacío que hay en las Leyes de Justicia y Paz y orden público, aquellos que no son paramilitares pero han colaborado con ellos estén sujetos a la legislación ordinaria y paguen penas más duras que las de cinco a ocho años a los que serán condenados aquellos jefes paras responsables de innumerables homicidios y masacres. Es el caso de, por ejemplo, los testaferros o quienes pagaron voluntariamente dinero buscando protección.

Así las cosas, parecería tener sentido impulsar una ley que regule con criterios de mayor justicia la situación penal de quienes, sin hacer parte de los grupos armados ilegales, delinquieron con ellos. Con todo, en ese caso sería indispensable que se estableciera un régimen mucho más severo para aquellos que deshonraron su calidad de servidores públicos, traicionaron la confianza ciudadana y vulneraron de manera gravísima la democracia obteniendo ventajas de su colaboración con los violentos. Para todos, la impunidad es inaceptable. Por eso no puede haber ni perdón y olvido ni ley de punto final. Para los políticos, además, no cabe la excarcelación: es indispensable que paguen penas privativas de la libertad.
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