Exigir justicia jamás será una incoherencia

Al regresar de siete años de secuestro llegué hablando de solución política para terminar con el conflicto armado y de un ensayo escrito en cautiverio sobre cómo hacer la paz en Colombia que los secuestradores me impidieron traer. En ese momento (años 2009 y 2010) los medios de comunicación, casi sin excepción, repetían el discurso oficial que invitaba a la solución militar, al odio y a la eliminación del adversario; la sociedad colombiana que siempre ha soñado con la Paz cedió ante las consignas mil veces repetidas que negaban la existencia del conflicto armado, que calificaban a las FARC y al ELN de terroristas (y con terroristas no era posible acordar las bases de una nueva sociedad), a los desplazados de migrantes, a las víctimas de oportunistas, y que descalificaba como proclives al terrorismo a todos aquellos que por entonces defendíamos la fórmula de los diálogos para terminar con el conflicto.

Tanto insistí en esas tesis que buscaban salvar las vidas de los que todavía seguían secuestrados, terminar con el secuestro como arma de lucha y sentar a gobierno y guerrillas a hablar de paz duradera, que en mayo del 2012 fui seleccionado y puesto preso como el perfecto conejillo de indias para iniciar lo que la Fiscalía en su momento denominó "Operación Farcpolítica", con la que pretendía judicializar a todos aquellos que se opusieran al discurso oficial.

Hoy que por fortuna para el país ese discurso oficial ha girado 180 grados, vuelvo a preguntarme: ¿Qué habría pasado si yo, bendecido por Dios, no hubiera ganado esa batalla jurídica a la Fiscalía? Estoy seguro, y lo digo sin vacilaciones: con el sofisticado montaje de la Farcpolítica, después de mi la Fiscalía habría seguido con, y puesto presos a, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Alan Jara y a más de un integrante de reconocidas ONG defensoras de DD. HH., peor aún, ante tanto atropello judicial probablemente no habría sido posible que hoy estuvieran sentados el gobierno y las FARC reconociéndose mutuamente como responsables de las mayores violaciones a los DD. HH. en la historia de Colombia, avanzando en fórmulas para lograr la terminación del conflicto y en las bases para una paz duradera.

Probablemente tampoco habría sido posible que esa misma Fiscalía que entonces puso y quería poner presos a ciudadanos indefensos también girara 180 grados, y hoy este contribuyendo al proceso con la búsqueda de fórmulas jurídicas alternativas para encontrar el punto de equilibrio que garantice justicia sin caer en la impunidad.

Dios los ilumine para que en esa búsqueda no terminen rodando por el abismo moral de dejar en la impunidad crímenes de guerra y de lesa humanidad (como las masacres de Bojayá y la de los diputados del Valle), y de paso hacerles un esguince inadmisible a las responsabilidades adquiridas por el Estado colombiano cuando acogió el tratado de Roma (uno de los logros jurídicos más importantes de la humanidad) como parte de nuestro bloque constitucional.

A los defensores a ultranza de la solución militar como fórmula para terminar con el conflicto armado colombiano, quienes seguramente esperaban que saliera del secuestro lleno de odio y resentimiento invitando a compartir las tesis de la eliminación del adversario, en su momento les contesté que estar en contra del terrorismo y en favor de una solución política negociada jamás se podía considerar una incoherencia.

Hoy cuando el tiempo me da la razón, quiero decirles a los del otro lado de la polarización, a los defensores a ultranza de las soluciones políticas y del actual proceso, a todos aquellos que antes compartían y hoy no quieren entender que la sociedad civil y las víctimas no pueden continuar atrapadas en medio de esas dos posiciones extremas, que estar en favor de la terminación del conflicto y en contra de la total impunidad que se observa bajo el disfraz de las fórmulas alternativas de justicia transicional que se preparan, tampoco y jamás se puede considerar una incoherencia.

Con todas sus fallas, que no son pocas (y cada que las expreso no faltan defensores a ultranza de esa polarización que me ven como enemigo por pensar diferente), vuelvo a advertir que el acuerdo que salga de La Habana es mejor que nada, pero que subsisten riesgos y falencias que de no corregirse a tiempo (y aún lo estamos), no sólo se convertirán en factores deslegitimadores del acuerdo, sino que pueden echar por la borda y malograr los ingentes esfuerzos realizados hasta ahora, y sin duda alguna van a traer funestas consecuencias para el futuro del país. Para empezar mencionare solo dos:

1.- La impunidad en la que se prevé están en riesgo de quedar miles de secuestros y decenas de masacres (y de la que están hablando con dolor de patria millones de colombianos desde don Luis Carlos Sarmiento Angulo hasta los ciudadanos más humildes en calles y cafeterías de todos los municipios del país) será no sólo una vergüenza ante Dios, ante la historia y ante la propia sociedad colombiana que diariamente tiene que soportar improvisaciones en la política criminal del Estado y las injusticias de una justicia politizada, selectiva e inoperante que nunca ha estado al servicio de los ciudadanos, sino de grupos de presión que la instrumentalizan, la hacen cambiar de criterios y girar 180 grados en cada coyuntura hasta convertir en rey de burlas lo que debería  ser la columna vertebral e institución más firme y respetable de una sociedad.

2.- La desmovilización de los grupos paramilitares devino en la formación de bacrimes y en el consecuencial incremento de la violencia urbana sencillamente porque falló por falta de planeación y de recursos económicos suficientes el componente de reintegración a la vida social de los desmovilizados.
Hay que evitar la inminente bacrimización de las FARC con un Gran Pacto Nacional por el Empleo que comprometa a todo el sector productivo con la integración de víctimas y victimarios en el posconflicto; sólo así podremos evitar que el resto del país alcance los niveles de violencia que hoy tienen desangradas a ciudades como Cali y Medellín.