¡Extradición!

La voluble política que en materia de extradición de colombianos a los Estados Unidos hemos practicado a lo largo de los años, denota tres tipos de motivaciones: nacionalismo, presiones de los Estados Unidos en el contexto de la denominada “guerra contra las drogas”, y de los grupos delincuenciales que, por obvias razones, aborrecen esa posibilidad.

Con el fervor patriótico que le es propio, y que hoy, en un mundo globalizado es anacrónico, el Presidente Betancur anunció al comienzo de su gobierno que no usaría el instrumento, postura que modificó con motivo del asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Poco después, ya en época de Barco, la Corte Suprema decidió que la ley aprobatoria del Tratado con ese país había quedado mal sancionada y que era necesario repetir tal formalidad. Presente en el acto correspondiente, recuerdo el temblor de manos del Ministro de Justicia al firmar el documento bajo la mirada apremiante del Presidente. Comprensible su actitud. Estábamos en la época de la sangrienta guerra de los narcos contra el Estado; su lema de combate era elocuente: “preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”.

No habiendo podido doblegar a uno de los mejores gobernantes que Colombia haya tenido, los enemigos de la extradición, tanto mafiosos como guerrilleros, se movieron, con éxito, hacia la Constituyente y la prohibición de extraditar colombianos fue incorporada en la Carta del 91. El mecanismo fue restablecido en 1997, aun cuando de nuevo la justicia constitucional le introdujo algunas restricciones, las cuales no fueron obstáculo para que el gobierno de Uribe extraditará a la cúpula paramilitar con el argumento de que sus integrantes incumplieron la obligación de no seguir delinquiendo.

Este antecedente explica que para las Farc la no extradición fuera uno de los elementos centrales de las negociaciones en La Habana, propósito que lograron a cabalidad. El mecanismo que se estipuló comprende los delitos cometidos con motivo u ocasión del conflicto y antes de su terminación, sean ellos o no susceptibles de amnistía. Las normas que ha venido expidiendo el Congreso acogen, en este punto, los compromisos suscritos por el Gobierno.

Tenemos, pues, las manos amarradas en virtud de las determinaciones que se están tomando vía Fast Track, pero, además, por la prohibición constitucional de extraditar por delitos políticos. Haber autorizado en el 2004 la extradición de Simón Trinidad, integrante de la cúpula fariana, fue posible en tanto hacía parte, en la terminología de la época (que el país respaldaba de modo abrumador), de un grupo de “bandidos y terroristas”. Por supuesto, para los fines que aquí interesan, la sola apertura de las conversaciones en La Habana le dio a las Farc estatus político, paso indispensable para poder adelantar las negociaciones. Con meros defraudadores del erario, ladrones callejeros o funcionarios corruptos no se negocia: se les somete a la legalidad imperante.

Como conclusión de lo hasta aquí dicho considero que las concesiones realizadas por el Gobierno en la mesa de negociaciones, que el Congreso está convalidando, son inevitables. Lo digo a pesar de estar convencido de que ni el Congreso ni la Corte Constitucional están obligados, como lo ha dicho el Presidente Santos, por el Acuerdo del Teatro Colón. Esta es una de esas materias que el gobierno que elijamos en mayo tendrá, en mi sentir, que respetar si se quiere preservar lo esencial del proceso de paz.

No obstante, parece (el lenguaje legal es un tanto oscuro) que las Farc lograron que sus familiares tampoco puedan ser extraditados. Esta gabela carecería de sentido. No hay razón para conceder tal privilegio a quienes no son actores del conflicto, y que, por lo tanto, ni siquiera tendrían acceso a la Jurisdicción Especial de Paz: evidentemente, tener parentesco con guerrilleros no es, per se, un delito.

A estas alturas es ya evidente que vamos a tener problemas con los Estados Unidos. Como lo ha indicado recientemente su Embajador: (I) las listas de integrantes de las Farc no son fiables (y, en efecto, no lo son); (II) en ciertos casos, los delitos de narcotráfico fueron cometidos con propósito de lucro personal, circunstancia que los excluye de la prerrogativa de no viajar a disgusto en los aviones de la DEA; (III) o han persistido en actividades criminales que ellos consideran delitos extraditables.

Nos vendrán, sospecho, las peticiones de extradición acompañadas de fuerte presión “diplomática”; es decir, a la manera belicosa y agresiva que hoy impera.