Extradición: una espada de doble filo

El miércoles pasado, Simón Trinidad apareció por primera vez ante una corte aquí en Washington. Su extradición y el intento del presidente Uribe de condicionarla a la liberación de los 63 rehenes 'canjeables' en poder de las Farc han desatado una polémica en Colombia sobre la 'politización' de la extradición. Las extradiciones no nacen politizadas. El Departamento de Justicia tiene que sacar sus solicitudes por medio de una corte que juzga si hay bastante evidencia de que se cometió un crimen en contra de ciudadanos estadounidenses. Este proceso no toma en cuenta el impacto político que puede tener la solicitud; tampoco considera si el solicitado ha cometido crímenes de lesa humanidad o si está participando en diálogos de paz. De hecho, aunque la ayuda militar estadounidense se orienta más a operaciones antiguerrillas (defensa de oleoductos, Plan Patriota), el Departamento de Justicia ha pedido la extradición de más paramilitares -al menos 10, 11 si se cuenta a Castaño- que guerrilleros (a mi saber, hay seis). Sin duda, las solicitudes de extradición de líderes paramilitares no les convienen a los diplomáticos del Departamento de Estado, porque obstaculizan uno de sus mayores objetivos políticos: el de apoyar al presidente Uribe en sus negociaciones con esos mismos líderes. Aunque no nacen politizadas, no nos debe sorprender que las extradiciones se politizaran de inmediato cuando se trata de miembros de grupos armados u otras figuras poderosas. La politización arranca con la pregunta: ¿qué pasa si el gobierno colombiano decide, por razones de negociaciones por ejemplo, no cumplir con una solicitud? En tales casos le tocaría al Departamento de Estado tomar una decisión altamente política, la de determinar si este incumplimiento afecta las relaciones entre Washington y Bogotá. Si es imposible evitar la politización de estas solicitudes de alto perfil, lo que más importa es cómo se emplean. De hecho, la existencia de una solicitud de extradición puede ser una herramienta útil. Pero si no se maneja de forma sabia, puede rendir resultados desastrosos. Por ejemplo, ya es un cliché referirse a la extradición como una 'espada de Damocles' pendiente sobre los diálogos con las AUC. Pero una espada de Damocles tiene cierta utilidad. La extradición fortalece la posición del gobierno, sirviendo como una carta que puede jugarse para sacar más concesiones de los líderes paramilitares, incluso un mayor compromiso en temas como las reparaciones, la devolución de bienes robados y el verdadero desmantelamiento del paramilitarismo. La amenaza de la extradición también puede garantizar que los líderes 'paras' no se paren de la mesa de diálogos -si lo hacen, correrían el riesgo de encontrarse en un avión rumbo a Miami. Por supuesto, esta espada tiene doble filo. Si el gobierno juega demasiado la carta de la extradición, los líderes paras siempre pueden cumplir con la amenaza de Salvatore Mancuso de "tirarme al monte o morirme en el monte de viejo o cuando me mate la ley". Desafortunadamente, en el caso de Mancuso el gobierno de Uribe no escogió sacar el máximo provecho de la amenaza de extradición. Sólo le pidieron al líder 'para' que siga haciendo lo que ya se ha comprometido hacer: seguir dialogando y "abandonar las actividades ilegales". (Sería interesante ver qué pasaría si se revela que Mancuso sigue en actividades ilegales). Salvatore Mancuso ya sabe que no tiene que conceder más para poder evitar su extradición. Esto nos lleva al caso de Simón Trinidad. Debe ser obvio que la extradición es una mala herramienta de regateo con un grupo que no está participando en negociaciones y no se siente derrotado ni debilitado. La falta de respuesta de las Farc a la oferta del presidente Uribe no fue una sorpresa; o se indignaron al sentirse chantajeados, o vieron una oportunidad de tener por primera vez un vocero de confianza en Estados Unidos. Con este mal manejo de la politización de la extradición, la única cosa que logró Uribe fue alejar la posibilidad de algún acercamiento sobre el tema del intercambio humanitario. Más aún, ha aumentado el riesgo de una retaliación en contra de algunos de los secuestrados, para entonces hacer más costosa una futura extradición. (Dudo, sin embargo, que las Farc tomarían el paso de matar a sus retenidos, al menos porque hacerlo incentivaría al gobierno colombiano a intentar más rescates.) Casi todos reconocen que cuando este conflicto termine, terminaría en una mesa de negociaciones. Pero la manera de acercarse a esa mesa no es por medio de ultimátums y jugadas de opinión pública basadas en la extradición. Este uso politizado de la extradición puede prolongar innecesariamente la violencia. En fin, quiero aclarar que yo no me opongo en principio a la extradición; es una práctica bastante común en el mundo llevar a la justicia a criminales extranjeros cuyos crímenes han tocado a sus propios ciudadanos. Sin embargo, en el contexto colombiano la extradición se ha convertido en un sustituto para una verdadera reforma judicial. Los extraditables no sólo lastiman a gringos: también violan la ley colombiana, y en muchos casos son acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Extraditarlos, entonces, es reconocer un fracaso. Es confesar que el sistema judicial y penal colombiano es demasiado lento, ineficiente, corrupto e intimidado para tratar con los criminales más poderosos, ricos o temidos. El resultado perverso es que individuos que cometen abusos masivos de derechos humanos pueden resultar castigados solamente por su participación en el narcotráfico. (A Simón Trinidad, por ejemplo, no lo juzgarán en Washington por haber secuestrado y extorsionado a tantos vallenatos.) Es aún más raro que, después de admitir el fracaso y permitir la extradición desde hace varios años, Colombia haya hecho tan poco para arreglar los graves problemas de su sistema judicial. Aunque la oralidad agilizará los procesos, la impunidad continuará mientras existan tantas oportunidades para la corrupción y la intimidación, la plata y el plomo. Hay pocas razones para creer que los más poderosos ladrones, narcotraficantes y violadores de derechos humanos tendrán algo que temer de los fiscales, jueces, cortes y cárceles colombianos. Mientras esta situación se mantenga igual, la extradición seguirá. Y seguirá muy politizada. *Maneja el Programa Colombia del Centro para la Política International (Center for International Policy-CPI-) con sede en Washington.