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Opinión

  • | 2017/08/04 22:15

    Extraño enroque

    ¿Por qué Rodrigo Rivera, quien lleva más de cinco años fuera del país y no participó directamente en ninguna de las etapas del acuerdo con las FARC, será el nuevo responsable de su implementación?

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El pasado 31 de julio se hizo pública la renuncia de Sergio Jaramillo como alto comisionado de paz. Siguiendo los pasos de Humberto de la Calle, el comisionado Jaramillo se aleja del proceso de paz y de su implementación en una increíble demostración de irresponsabilidad política, que ahora comparte con el  “precandidato presidencial” del liberalismo.

Después del gran impulso que el gobierno ha dado al tema de los acuerdos con la guerrilla,  centrando su agenda casi que exclusivamente en el mismo,  resulta sorprendente e inexplicable que los dos principales negociadores, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, abandonen ahora el barco, uno para aprovechar políticamente el haber sido el jefe negociador, y el otro irónicamente  para “descansar”. Triste y decepcionante escenario nos dejan quienes  junto al presidente le vendieron al país la idea de que se habría firmado “el mejor posible de los acuerdos”, y ahora simplemente nos dejan el “paquetico” con el cual el país entrará en una de las transformaciones más profundas de su institucionalidad, creando una crisis sin precedente en la rama judicial al instalar un super tribunal con más poder que las altas cortes, reformando el régimen de propiedad de la tierra, empaquetando el narcotráfico como delito político, y perdonando delitos de lesa humanidad a quienes, no obstante haberlos cometido,  podrán ser concejales, diputados, alcaldes, congresistas y, por supuesto, presidentes.

Una vez  el presidente Santos aceptó la renuncia de Sergio Jaramillo como comisionado de paz, inmediatamente anunció que su reemplazo será Rodrigo Rivera Salazar, quien hace más de cinco años es el embajador  de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y como Jefe de Misión ante la Unión Europea.

Este político liberal,  pasó de ser fiel uribista a convertirse en uno de los funcionarios de confianza de Santos. En efecto, durante los últimos años del gobierno de Álvaro Uribe apoyó el fallido referendo para su segunda reelección, después se convirtió en el gerente político de la primera campaña a la presidencia Santos 2010-2014, e inaugurado el gobierno fue nombrado como ministro de defensa, cargo en el cual estuvo durante un año hasta cuando hizo maletas para ir a Bruselas.

Sin desconocer los éxitos que ha tenido como embajador, entre los cuales está la gestión para la eliminación de la visa  Schengen en 30 países europeos, no es claro por qué razón el gobierno lo designa como el nuevo  alto comisionado para la paz, pues tanto sus antecedentes en el propio ejecutivo,  como la lejanía que ha tenido con el proceso de negociación y firma del acuerdo con las FARC, no concuerdan con el perfil de quien tendrá la responsabilidad de implementarlos.

Una ardua labor tiene por delante el nuevo comisionado de paz en momentos en que las FARC  presionan por una rápida implementación de lo acordado, pues no contará con más de seis meses de espacio político para implementar la compleja agenda legislativa que aún está por delante, así como para desmontar las zonas veredales  donde están concentradas las FARC. Es aquí donde surgen muchas  incógnitas y suspicacias: ¿porqué razón el gobierno, en lugar de nombrar alguien que tenga interlocución con las FARC, que bien podría ser uno de los miembros del equipo de Jaramillo, decide traer a un embajador desconectado con el proceso y con quien la contraparte no tiene relación, ni trato alguno?, ¿es una forma de meter en el congelador la implementación misma del proceso?,  ¿es una forma de ganar tiempo haciendo un largo empalme, mientras reagrupa sus desgatadas fuerzas en el congreso?, ¿es está la confirmación de lo que muchos miembros de las FARC, incluso recurriendo a huelgas de hambre, denuncian como un “conejazo” al cumplimiento de lo acordado?

En otro escenario de análisis, cabe una interpretación distinta según la cual el gobierno nacional,  a costa de la institucionalidad, y por cuenta de satisfacer la obsesión del presidente por “pasar a la historia” al ejecutar el 100% de su proceso de paz,  termina garantizándole a las FARC la implementación de lo convenido hasta la última letra,   pues al no estar ni De la Calle ni Jaramillo, los únicos  “interpretes auténticos” de lo pactado serán ahora los  negociadores de las FARC junto con sus Abogados Leyva y Santiago, sin que el nuevo comisionado tenga ni la interlocución, ni la autoridad suficiente para contradecirlos.

En uno u otro de los escenarios descritos, se trata de un muy  cuestionable “enroque”, en el cual el gobierno juega una riesgosa partida de ajedrez donde la institucionalidad democrática del país es cada vez más vulnerable.  

*Ex Viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.                      

@ceballosarevalo

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