“¿Santos traidor? A propósito de odios”

Junto a la indudable astucia política del candidato Santos de haberse montado en la popularidad y en el “arrastre” político de Uribe para llegar a la Presidencia, hay que entender la molestia y el dolor del expresidente, acostumbrado a ministros dóciles, “regañables” en público y con espíritu de segundones, frente a los sustanciales replanteamientos ideológicos de Juan Manuel Santos ya ungido presidente. Sin embargo, el sentimiento de dolor del senador Uribe y su animadversión hacia Santos, compartidos por muchos de sus seguidores, resultan un poco ingenuos y parecen desconocer cuánto hay en la política de todos los tiempos de artificio y maquiavelismo, a veces para mal, a veces para bien. 

Santos presidente no sólo recompuso las relaciones con las altas cortes sobre la base del respeto mutuo (deterioradas por las investigaciones de la Corte Suprema sobre el paramilitarismo y luego por las “chuzadas” oficiales); replanteó las tensas relaciones con Venezuela y con los países cercanos al socialismo del siglo XXI desde un modelo pragmático de convivencia en la diferencia y de no intervención en los asuntos internos; sino que además reconoció el conflicto armado y a las víctimas del mismo, en un acto reparador y recuperador de un sentido básico de realidad política que la ficción uribista desconocía en su delirante ideología. Con estas decisiones y desde una posición menos hacendaria, religiosa y confrontacional, y más correspondiente a un talante liberal, moderno y pluralista, Santos replanteó de manera sustancial el régimen comunicativo heredado del uribismo. Ese espíritu liberal, respetuoso de la diversidad, se ha recuperado no sólo en lo político: pensemos no más si bajo el talante del anterior gobierno habría sido posible el cambio en su cédula de la identidad sexual de la población transexual, a través de un sencillo trámite notarial.

Juan Manuel Santos ha venido conduciendo con seriedad y con un equipo de trabajo competente un proceso de paz con las FARC que de llegar a un acuerdo, va a significar probablemente la visibilidad de un amplio espectro de victimarios, culpables de la crisis humanitaria y de las violencias de las últimas décadas. Esa visibilidad de un conjunto diverso de responsables no va a significar necesariamente descargar a las FARC de su gran cuota de responsabilidad por la violencia, pero sin lugar a dudas va a mostrar que esa guerrilla no es la única y absoluta responsable de la degradación humanitaria y la violencia del último medio siglo.

Creo que es todo ese conjunto de replanteamientos políticos y culturales, pero sobre todo las implicaciones de esa eventual eclosión de múltiples verdades y de la exposición de los diferentes victimarios, lo que en el fondo preocupa a Uribe. La descalificación permanente del proceso de paz por el expresidente, por el procurador Ordóñez y los sectores más conservadores tal vez está relacionada con que ellos prefieren la continuidad de la guerra con la esperanza de conducir el país a un triunfo militar sobre las FARC, quién sabe en cuántos años (¿10, 15 o 20?), gracias al cual podrían imponer lo que Iván Orozco ha denominado una “justicia de vencedores”, donde toda la responsabilidad por los estragos de la guerra y la crisis humanitaria del país se atribuiría a las FARC, mientras que el bando vencedor probablemente sería celebrado como los salvadores de la Patria de la barbarie y tal vez como los refundadores de la nación. Pero quienes promueven esa visión guerrerista son profundamente irresponsables frente al país y su futuro: frente a los costos humanos y financieros de continuar la guerra por una o más décadas; frente a la necesidad de recuperar el campo y dignificar la vida campesina; frente a las posibilidades del desarrollo nacional que se podrían incubar tras la superación del lastre de la guerra; pero también, y hay que decirlo con franqueza, frente a las posibilidades de “cerrar” definitivamente el conflicto desde el punto de vista jurídico y desde la necesidad de dar respuestas efectivas a las demandas de reparación de las distintas víctimas. Una paz de vencedores con castigo ninguno o con amnistías precarias para los perpetradores distintos a las FARC dejaría profundos dolores y heridas, actitudes de venganza y, sin la menor duda, dispararía innumerables procesos judiciales a nivel tanto de la justicia colombiana como de la internacional, que operan con cierta independencia y con conocimiento de causa del complejo conflicto colombiano que dista mucho de tener un responsable único. Las noticias recientes que nos llegan de Chile sobre la apertura de juicios a los militares vinculados al asesinato del cantautor Víctor Jara, 42 años después de su muerte, así como otras amnistías latinoamericanas que se han tenido que revisar posteriormente a través de sonadas reaperturas de procesos judiciales, dejan ver la persistencia de esas demandas de verdad y reparación y deben alertarnos sobre los riesgos de soluciones coyunturales improvisadas o políticamente parcializadas a la cuestión de la verdad y la reparación.

La continuidad de la guerra le daría un nuevo aire político al expresidente Uribe, cuya razón central de vida pareciera ser la derrota militar de las FARC: no lo mueve ningún sueño democrático de equidad social, de aumento de las libertades y las oportunidades, de equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo minero-energético, de fortalecimiento de ciudadanías pluralistas y diferenciadas, de convivencia pacífica en la diferencia, o de fortalecimiento de los movimientos sociales para hacer de esta sociedad una menos indiferente y más consciente de sus derechos y deberes.
 
Volviendo al título de esta columna y al asunto de la supuesta traición de Santos, creo que hay que bajarle al odio irreflexivo al presidente Santos, que a veces se traduce en acusaciones poco serias de estar entregando el país a las FARC (que no tienen para nada en cuenta la enorme complejidad y todas las mediaciones de los procesos de reincorporación de excombatientes a la vida civil) o en descalificaciones simplistas pero ruidosas, en términos de que el proceso de paz respondería exclusivamente a la "vanidad” y al ego del presidente Santos.

Algunos de mis lectores podrían pensar, por mi defensa del proceso de paz con las FARC, que soy un santista consumado. De verdad, no me gustan muchas cosas de sus políticas: su posesión en el 2010 con ritual étnico soft, con mamos o autoridades espirituales indígenas de la Sierra Nevada, sin relación con alguna política medioambiental coherente; no me gusta su mermelada ni tampoco su desinterés por la educación superior pública. Sobre su política agraria, no obstante que reconozco que un gran logro del proceso de diálogos de La Habana ha sido visibilizar las necesidades del campo y de la población campesina, tengo serias dudas de que su política termine arrasando las economías campesinas, asumiendo que el único sector modernizante y productivo son los grandes capitales agroindustriales (quisiera estar equivocado en esta apreciación). Tampoco me han gustado sus concesiones discursivas al uribismo, pues no intentan persuadir a los seguidores del expresidente de las posibilidades de la paz, sino calmarlos con discursos bravucones de derecha (aunque parece ser que esto está cambiando en las últimas semanas). 

Una idea final que no veo en la discusión pública: me impresiona mucho que una sociedad que aceptó y avaló la negociación con los paramilitares, no obstante todas sus masacres y barbaries, y que apoyó la Ley de Justicia y Paz en el 2005 (luego de las críticas de Gina Parodi, Rafael Pardo y de la Corte Constitucional que ayudaron a que fuera menos permisiva), exprese hoy tanta resistencia a la negociación política con las FARC.  ¿De dónde viene tanto odio? ¿Sólo de las acciones abusivas y delincuenciales de las FARC? ¿Puede una sociedad descompuesta y degradada en su uso de la violencia y en su relación con la vida humana, si aspira a reconstruirse social y moralmente, seguir estimulando el odio?

Los odios que nos ha legado la guerra no provienen de una sola fuente. En una mesa con 30 víctimas de diferentes victimarios, que coordiné en el Foro de Víctimas de Barrancabermeja organizado en el 2014 por Naciones Unidas conjuntamente con el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, un miembro de una asociación de militares y policías víctimas de la guerrilla exigió en su intervención de manera vehemente que policías y militares dejaran de ser considerados “objetivo militar”. Inmediatamente pensé algo que racionalmente sabes que existe pero que llegas a comprenderlo mucho más profundamente cuando la propia persona afectada te lo expresa: “Hay sectores de la izquierda armada que producto de la guerra odian y están dispuestos a matar a soldados y policías”. Me impresionó mucho como moderador ese llamado, ante el cual no pude sino responderle que me parecía tremendamente futurista esa solicitud: en un país reconciliado, nadie tiene que matar como una opción política programática, a policías y soldados.   

*Historiador. Ph.D en Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Director Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.