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Opinión

  • | 2015/08/25 09:49

    “Tumaco, Carepa y otras lejanías: preguntas a las regiones sobre el posacuerdo”

    Siempre he tenido claro que la paz no se puede decretar desde Bogotá, sino que tiene que tener en cuenta las distintas realidades regionales y locales.

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Deben tener en cuenta las especificidades del conflicto en los distintos territorios y las situaciones particulares que viven las poblaciones en las diferentes economías de las regiones y localidades, con sus limitaciones y posibilidades de desarrollo de su agricultura, industria, comercio, ganadería, turismo, servicios. O con sus economías ilegales, del subempleo y el rebusque.

Dos artículos de prensa aparecidos en la última semana me han puesto a pensar seriamente en los alcances efectivos del proceso de paz con las FARC en muchas zonas periféricas o alejadas de las capitales, si llegasen a materializarse los acuerdos de paz con esa guerrilla. De un lado, el reportaje de Salud Hernández, titulado “La difícil cacería a 'Inglaterra' en el Urabá antioqueño”, aparecido en El Tiempo, el pasado 18 de agosto. Más allá de que nos confirma que la zona en que cayó el helicóptero de la Policía accidentado el 6 de agosto en el proceso de persecución a la banda  criminal de “Los Urabeños”,  ahora denominada “Clan Úsuga”,  es efectivamente una región controlada por esa poderosa banda criminal, de otro lado nos provee de suficiente evidencia acerca de cómo Luis Orlando Padierna Peña, alias “Inglaterra”, es la autoridad de facto, y por la descripción que hacen los propios moradores de la región entrevistados por la periodista, de que aquel es percibido como un benefactor de la población, razón por la cual es especialmente  protegido por los habitantes de la zona.

El segundo artículo, “Tumaco, voces de un conflicto ajeno” de Daniel Salgar Antolínez, publicado en El Espectador el pasado domingo 23 de agosto, llama la atención sobre la situación de los Consejos Comunitarios de las poblaciones afrocolombianas en los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro, acosados por la presencia expansiva de las FARC, que han venido creando organizaciones  para suplantar a esos Consejos creados bajo la Ley 70, que a partir de 1993 les reconoció a las comunidades afrocolombianas la propiedad colectiva de sus territorios. Además de esa presencia avasalladora de las FARC, dominante en la región, Salgar destaca también la amenaza para la autonomía de los Consejos Comunitarios afro de otros dos actores: la palmicultura y los grupos paramilitares. Sobre las organizaciones que han venido creando las FARC para suplantar a los consejos comunitarios, nos dice Salgar Antolínez que “en su mayoría, estas organizaciones están compuestas por colonos provenientes de Caquetá, Putumayo y Huila que se dedican al cultivo de la coca y venden la pasta de coca a las FARC”.

El asesinato de Genaro García, líder del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, el pasado 3 de agosto, al parecer por las FARC, es un ingrediente que desde nuestra perspectiva confiere total legitimidad a la exigencia del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (planteada en el artículo citado) de que se cree en la mesa de La Habana una subcomisión de trabajo sobre asuntos étnicos.

Los negociadores del gobierno y de las FARC tienen que abordar con seriedad en sus discusiones y acuerdos este tipo de situaciones regionales concretas, pues el riesgo es que se firme un acuerdo en La Habana que no va a tener mayores implicaciones en la modificación de estos verdaderos órdenes dictatoriales en las regiones, ejercidos además sobre poblaciones especialmente marginadas y vulnerables en función del sempiterno abandono estatal y de su condición étnica.

Ante estas situaciones, nos surgen necesariamente algunas preguntas:

¿Cómo reconstruir o tal vez construir por primera vez, la legitimidad de la presencia estatal en muchas de estas regiones?  ¿Se puede hacer esto sin transformar el modelo de desarrollo (pregunta que dirijo especialmente al doctor Humberto de la Calle y a los negociadores gubernamentales)?

¿Cómo respaldar desde el Estado a las organizaciones civiles, en este caso los Consejos Comunitarios de las poblaciones afrocolombianas y sus procesos de construcción institucional en las regiones?

Reconociendo que en los conflictos que se presentan en estas zonas tienen una gran relevancia los intereses económicos y materiales, la apropiación de las tierras, las economías de monocultivo de la palma aceitera, la rentabilidad del negocio de la coca, ¿hay alguna idea en los dirigentes actuales de las FARC de repensarse como un proyecto político capaz de reconocer y de respetar genuinamente la diferencia presente en las identidades étnicas y culturales? En este punto no puedo no recordar mis conversaciones en una visita al Caguán durante el proceso de paz de Pastrana, con el comandante afro de las FARC “Domingo Biojó” y con el joven y entusiasta “Iván Ríos”. “Domingo”, un negro alto y físicamente imponente,  me contaba que él veía que llegaban allá al Caguán algunas delegaciones de poblaciones afrocolombianas,  y que él notaba que lo miraban con respeto por su condición de comandante y de afrocolombiano. En él, sin duda por su condición étnica, sentí una cierta sensibilidad por la cuestión multicultural. De “Iván Ríos” recuerdo también sus discursos sobre la diversidad cultural regional del país, aunque escuchándolo siempre me pareció que la visión de las FARC sobre las identidades culturales tenía que ver con una concepción más bien instrumental de la cultura: cómo utilizar el vallenato, las músicas y los acentos regionales  y otros referentes culturales locales para atraer y reclutar militantes y potenciales combatientes para la organización.  Mi pregunta en este sentido a las FARC tiene que ver con cómo ellas van a repensarse en democracia frente a la dimensión cultural: ¿van a seguir pensando que la reivindicación identitaria y multicultural es una especie de peso muerto que solo dificulta y retrasa el logro de una “identidad de clase”?

Al Estado colombiano y a sus negociadores hay que recordarles la deuda histórica que tienen con el campo, con el campesino, con el colono, el indígena y el afrocolombiano de las zonas de colonización y de frontera. El Estado, en sus instancias capitalinas, pero también en sus centros de poder de las capitales departamentales, con sus castas (porque ni siquiera clases) políticas regionales clientelistas y corruptas, tiene que reconocer sus culpas y responsabilidades, por su incapacidad para proponer proyectos de desarrollo e integración socio-territorial de sus regiones, capaces de reducir desequilibrios territoriales históricos, así como exclusiones y marginamientos donde a la pobreza y a la exclusión social se suman el racismo y la discriminación cultural.

Quisiera decir por último que los medios regionales, las universidades de las regiones, la intelectualidad regional y local, la masa crítica regional, si es que la hay, tiene que pronunciarse y movilizarse ante este tipo de situaciones y de retos en la construcción de la región en el posconflicto armado.

¿Por qué unas sociedades regionales pueden empezar a pensar y a diseñar iniciativas y proyectos de memoria, verdad y reparación (por ejemplo, el inicio del “Basta ya!” en Medellín) y otras regiones y capitales departamentales no tienen ni la iniciativa, ni los recursos económicos, institucionales, humanos y de ideas para pensarse como actores de la justicia transicional, de procesos de verdad, reparación a las víctimas y de reconciliación nacional y regional?

Concluyo con la frase de Daniel Salgar en su revelador artículo de El Espectador del pasado domingo:
“La confianza, entonces, no sólo es necesario construirla en Cuba, sino más importante establecerla con hechos en el territorio nacional”.

*Historiador. Ph.D en Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Director Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia.
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