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Opinión

  • | 2009/03/27 00:00

    Falacias de la penalización de la dosis mínima

    Quiero desnudar las imprecisiones e incoherencias de quienes defienden la vía represiva y mostrar el trasfondo político de sus argumentos.

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Con ocasión de la reciente manifestación en la Plaza de Bolívar organizada por la campaña “Porta tu dosis personal”, vale la pena referirse, una vez más, al candente tema de la penalización de la dosis mínima de estupefacientes. No pretendo presentar de nuevo todos los argumentos políticos, jurídicos y éticos a favor y en contra de la dosis personal, dado que estos son bien conocidos por la opinión pública, en buena medida porque diversos columnistas, de uno y otro bando, los han expuesto en las últimas semanas. Lo que sí quiero hacer es desnudar las principales imprecisiones e incoherencias de quienes defienden la vía represiva y mostrar el trasfondo político de sus argumentos.

Una de las ideas más recurrentes para defender la penalización del consumo de drogas es que su legalización ha sido aprovechada por los traficantes, quienes las venden impunemente al menudeo con la excusa de que tan solo están cargando su dosis personal.
 
Este tipo de razonamiento es débil por dos motivos: de una parte, puede que la legalidad de la dosis personal dificulte en alguna medida la labor de las autoridades, pero es falso que las deje sin instrumentos para combatir a los jíbaros.
 
En Colombia sigue siendo un delito la venta de estupefacientes, sin importar su cantidad (artículo 376 del Código Penal). Por ello, si las autoridades realmente quieren desarticular bandas de traficantes que venden drogas en las calles, lo que deben hacer es ejercer de manera seria y competente las amplias atribuciones legales que tienen para perseguir este tipo de delitos.
 
Los policías se han acostumbrado a la ley del mínimo esfuerzo para capturar con las manos en la masa a los pequeños traficantes. Un seguimiento juicioso de las actividades de estas personas puede demostrar que, no obstante porten siempre la dosis mínima, realmente trafican con drogas.

De otra parte, este razonamiento incurre en una grave falacia argumentativa: la conclusión (se debe sancionar a los consumidores), no se deduce de la premisa (la legalización de la dosis mínima favorece a los traficantes de drogas). Para decirlo en términos más coloquiales, se está buscando la calentura en las sábanas.
 
Si lo que preocupa a los defensores de esta postura es la impunidad en la venta callejera de drogas, no se entiende por qué quienes deben sufrir las consecuencias de una medida restrictiva son los consumidores. Esto es igual de absurdo a proponer que, dado que se producen muchas muertes por accidentes de tránsito, se debe prohibir la circulación de automóviles.

Otro argumento recurrente de los abanderados de la postura represiva es que la legalización de la dosis mínima ha dado lugar a una cultura permisiva que a su vez ha propiciado el aumento del consumo y ha expuesto particularmente a los jóvenes a este flagelo. Nicolás Uribe, joven uribista, dice al respecto: “la liberalización del consumo ha servido para el deterioro del espacio público y de ambientes familiares, sociales y escolares. En la actualidad son múltiples los escenarios de consumo frente a los cuales no es posible actuar: parques, estadios, colegios, bares y restaurantes.”
 
Estas afirmaciones son exageradas y falsas. Exageradas porque no existe una estadística contundente que demuestre que el consumo de drogas ilícitas se ha disparado en Colombia y mucho menos que esto se deba exclusiva o principalmente a la legalización de la dosis personal. La obtención de información sobre la realización de conductas ilícitas es siempre parcial, pues no todas las personas están dispuestas a reconocer que las realizan. Así los datos sobre el consumo de drogas, cuando éste era ilegal, son incompletos y pobres criterios de comparación con la estadística actual.

Además, el reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas ubica a Colombia como un país de consumo intermedio. Dado que en Colombia la dosis mínima es legal y que al ser un país productor de marihuana, cocaína y heroína la oferta es muy alta (pues son drogas de fácil acceso y a un costo relativamente bajo), la demanda no parece serlo tanto, especialmente si se compara con países con políticas prohibicionistas, como los Estados Unidos y varios países europeos, donde el consumo es mucho mayor.
 
Buena parte de la responsabilidad en el aumento del consumo es del gobierno, que no ha adelantado políticas educativas y preventivas serias y sostenidas, bajo la falsa premisa de que hablar de manera abierta y tolerante sobre el problema promueve el consumo.

Afirmaciones como las del joven Uribe son además falsas, pues normas bastante restrictivas, como la Ley 745 de 2002, prohíben y sancionan el porte, consumo o almacenamiento de estupefacientes en establecimientos educativos, en lugares aledaños a los mismos, así como en el domicilio o en presencia de menores en lugares públicos, abiertos al público o en establecimientos comerciales de esparcimiento.

El último argumento recurrente de la postura represiva, defendido por personas como el precandidato conservador Andrés Felipe Arias, es, supuestamente, de tipo filosófico o ético. Dado que Colombia ha hecho un gran sacrificio económico y de vidas humanas para combatir las drogas, es inmoral e incoherente que policías y soldados de la patria mueran por perseguirlas mientras que adictos las compran libremente en las calles.
 
Lo que resulta inmoral e incoherente es que, probada la ineficacia y el costo absurdo de la guerra contra las drogas, no sólo se persista en ella sino que se profundice llevándola a los consumidores. Esto equivale a decir que aunque tomamos el camino equivocado, como ya hemos andado buena parte de éste, debemos recorrerlo todo, hasta sus últimas consecuencias y llevándonos por delante a quien se atraviese. La decisión razonable es replantearse la política con respecto a las drogas y buscar medidas que sean más efectivas que las puramente represivas.

La debilidad de la postura prohibicionista lleva entonces a preguntarse por el trasfondo político de ésta. Quienes la defienden poco tienen de idealistas que creen en un mundo sin drogas o de personas poco versadas en asuntos de lógica argumentativa. Sus razones más íntimas son de tipo político.
 
Por un lado, obedecen al interés de tender una cortina de humo para que olvidemos el necesario debate sobre la inutilidad de la guerra contra las drogas y nos ensañemos con quienes tienen menos responsabilidad en la violencia letal que produce esta política. Esto es lo que ha hecho el gobierno, que relanzó el debate justo después de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, congresistas estadounidenses y ex-presidentes de Colombia, México y Brasil cuestionaran la eficacia de la lucha contra las drogas.

Por otro lado, tales razones responden a una visión que choca por completo con el Estado liberal y democrático que establece la Constitución Política. Así, la pretensión de “ejercer una protección coactiva para proteger a la sociedad y al consumidor mismo de los efectos de la droga”, como afirma Arias, no es simplemente cuestión de cambiar un articulito de la carta política; implica transformar por la puerta de atrás el modelo de Estado que nos gobierna.
 
Esto, que exige un debate mucho más transparente y serio, constituye además un retroceso político de más de sesenta años. Basta analizar las medidas adoptadas por regímenes autoritarios para entender por qué no es deseable tener gobiernos que traten a sus ciudadanos, que ejercen su libertad sin lastimar a nadie, como locos o enfermos que deben ser curados y encerrados, aún en contra de su voluntad.

 
*Manuel Iturralde es profesor de derecho e investigador del Grupo de Interés Público de la Universidad de los Andes.






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