El artículo 28

!Los militares piden justicia, no impunidad! Ha sido la versión oficial, especialmente después de que la jurisdicción ordinaria comenzó a procesar a miembros del Ejército por lo que periodísticamente se conocen como "falsos positivos" y que en la Fiscalía se registra cómo "homicidios agravados" u "homicidios en persona protegida".

Tal posición es consecuente con la defensa del honor militar y de la institucionalidad que representan las Fuerzas Armadas en un Estado de derecho. Reconoce que se está del lado de la justicia y rechaza cualquier crimen que se haya cometido con el uniforme y las armas de la República. ¡Cómo debe ser!

¡Pero las cosas no son así! La reducción de combates a iniciativa de la fuerza pública contra las guerrillas, al principio de la década, tenía una argumentación: la "inseguridad jurídica”; que no era otra cosa que la diplomática forma de reclamar garantías de impunidad frente a la acción de la justicia ordinaria.

El Gobierno Santos en vez de aplicar las 15 medidas contra la impunidad adoptadas en 2011 por el Ministerio de Defensa ( Ver documento1 ), prefirió entrar al juego: presentó como una “medida de bienestar” para las FFMM el "marco jurídico para la Paz” (acto legislativo 01 de 2012), el cual fue recibido “positivamente”, porque permitía la renuncia a la persecución penal a favor de miembros de las guerrillas cómo de militares y policías que estaban siendo investigados o podían serlo por violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La "medida de bienestar" se llamaba impunidad.

Los militares entendieron lo que les vendió el Gobierno. Si quieren resolver sus “problemas jurídicos” la oportunidad es el Acuerdo con FARC, de ahí la insistencia del Presidente Santos en la promesa de que los beneficios que se le dieran a los guerrilleros serían iguales para los integrantes de la fuerza pública y que los militares celebren como triunfo la “asimetría” en el trato, eso sí, diferenciado. ¡Porque somos diferentes!

¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Por ese camino, el Gobierno y el Fiscal Montealegre, lograron convertir a los militares en los principales adalides de la impunidad para las FARC!

Con uniforme pero con ánimo de políticos, actuando en terrenos extraños, la cúpula de las Fuerzas Armadas se metió en la negociación, no de la paz, sino de la impunidad. Lamentable para la institucionalidad colombiana; triste para los ciudadanos que admiramos y queremos a las Fuerzas Armadas y honramos a quienes se sacrifican por la seguridad de todos.

Esa negociación tenía un punto neurálgico. ¿Cómo hacer para que los mandos no sean objeto de investigación, juzgamiento y condena? En otras palabras, ¿cómo aseguramos que los altos oficiales no terminen presos por los asesinatos de civiles o de guerrilleros fuera de combate, cometidos por sus subordinados?

La fórmula adoptada, muy santista, por cierto, consistió en afirmar públicamente que se acataba el Estatuto de Roma, al tiempo que se cambiaban los elementos que configuran la responsabilidad del mando consignada en ese mismo instrumento. Surge así, en el primer Acuerdo, que “la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta”, todo lo contrario a lo que la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, acaba de recordar en un articulo en la Revista Semana ( Ver artículo 1 ).

Avivatos les echaron el cuento que con eso el tema quedaba resuelto y blindados los oficiales involucrados en crímenes. Pensaron con el deseo. La rendición de cuentas es un aspecto esencial del carácter genuino de la justicia, que no se puede evadir. ¡Lean a Bensouda y léanla bien!

En la mesa de conversación de la comisión de voceros del NO con los negociadores del Gobierno en La Habana se trató el tema. Ante la observación (mía) por la tergiversación del artículo 28 del Estatuto de Roma que conduciría a impunidad tanto de FARC cómo de agentes estatales, el exministro encargado del tema advirtió que en consideración del Gobierno el Acuerdo incorporaba todos los elementos de dicha norma. Es decir, para el Gobierno supuestamente estaba claro que el citado artículo aplicaba, así el texto no lo dijera, mientras que los militares estaban convencidos de lo contrario. Se replicó, que si era así, se incorporara íntegramente el artículo 28.

!Fue Troya! La cúpula militar que pedía justicia no impunidad, género una crisis que hizo eliminar la referencia a ese artículo, a contadas horas de la firma del segundo Acuerdo. No saltó la cúpula criminal de las FARC, responsable de las mayores atrocidades cometidas en el hemisferio en los últimos 50 años, pero sí la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia. ¡Increíble!

No me cabe duda que hay muchos militares judicializados injustamente, tampoco que la llamada "guerra jurídica" existe, también que hay oficiales en la cárcel por razones de persecución, no de justicia. Esas personas son las que reclaman justicia y a las que debemos defender. Pero hay otros, asesinos, que se igualaron con sus crímenes a los asesinos de las FARC, que pretenden camuflarse entre los inocentes para gozar de impunidad. Esos individuos actuaron como criminales, no como militares. Sobre ellos deben caer las penas más severas posibles. ¡Qué no mientan! Los falsos positivos no son actos de guerra, son crímenes.

La cúpula militar se comprometió en un juego para el que no estaba preparada. Les metieron los dedos en la boca. El artículo 28 aplica y aplicará, por más que traten de torcerle el cuello en el Congreso. La realidad es que un Tribunal independiente no podrá obviarlo y si así pasa, ahí estará la Corte Penal Internacional. ¡Vuelvan y lean a Bensouda!

Qué pena, Generales, pero no es lo mismo 1, 2 o 3 casos de "falsos positivos" en la jurisdicción de una Brigada, que 50, 100 o muchos más. ¿Cómo pretender que no hay en ese segundo caso responsabilidad en el mando?

Frente a esos crímenes, que no fueron nunca política de Estado ni directriz de gobierno, se deben individualizar las responsabilidades. Ese era el camino, no el que negociaron ustedes: una jurisdicción especial que obliga al soldado, al suboficial o al oficial a reconocer la responsabilidad de un crimen que no cometió para no terminar en la cárcel. El afán de impunidad de una manotada de responsables, terminará por condenar a cientos de miembros de la fuerza pública inocentes. Confundieron sus intereses particulares con los institucionales. !Feriaron a las Fuerzas Armadas, acabaron el honor militar y a la larga será la destrucción de nuestro glorioso Ejército!

@rafaguarin Ex viceministro de Defensa Nacional