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Opinión

  • | 2017/09/08 16:06

    Derechos excepcionales, obligaciones excepcionales

    Las Farc tienen que contarle al país ya mismo los nombres de sus miembros infiltrados en las instituciones colombianas, los nombres de individuos y organizaciones internacionales que los han apoyado.

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Algunos sectores se han sorprendido y hasta indignado por el listado de bienes de las Farc y el concierto con el cual se lanzaron como partido político. Les sorprende tanto el cinismo y el descaro de las mentiras y la nueva imagen que quieren vender, como también les indigna la aceptación y hasta apoyo que han recibido en algunos espacios políticos y sociales.

Preocupa, tanto para la realidad institucional política y legal del país, como para el futuro de una sociedad que sufre por la falta de justicia, que un grupo armado de delincuentes -políticos y no-, sea amnistiado, perdonado, y sea recibido en la competencia democrática como si nunca hubiera pasado nada.

El sonsonete de la verdad, justicia y reparación, y que todo sea por los derechos de las víctimas y la reconciliación, han sido excusas para torcidos jurídicos, trampas y mentiras de efecto práctico y diario en la vida de los colombianos. Las Farc no han contado la verdad, no se han presentado a ninguna justicia y no han reparado a nadie y ya están haciendo política. ¡Como si nunca hubiera pasado nada en Colombia!

Hay una realidad práctica y es que las Farc llegaron a hacer un concierto en la plaza de Bolívar por medio de un proceso que ya no tiene reversa. Podrá tener ajustes y arreglos en lo legal y en lo práctico, pero a nadie se le ocurre que haya cómo deshacer lo que hizo este Gobierno, con o sin apoyo popular y sustento democrático.

Dentro de esas realidades prácticas está el que las Farc no han renunciado a su proyecto de tomarse el poder y cambiar el sistema político y económico por algo como Venezuela. El verdadero problema, y cuando ya no habrá espacio para sorpresa ni  indignación, se da cuando en unos años, enquistados en la democracia como el cáncer que son, comiencen a hacer uso de las ventajas de no haber contado la verdad ni haber pasado por la Justicia.

Y es que teniendo el perdón de la sociedad o sin él, no son nada distinto a un cáncer. ¿Hay acaso analogía más apropiada para una entidad que busca tomarse un órgano y luego hacer metástasis a uno vecino para llevarlo a la muerte? Tal vez eso convierte a las Farc es en la metástasis del tumor que tiene a Venezuela moribunda. La realidad es que su proyecto revolucionario ha ido en paralelo y con apoyo de la locura chavista, y relaciones como esas son las que tienen que declarar para que sepamos la verdad de este conflicto.

La sociedad preocupada por los bienes y el concierto tiene que dejar de sufrir por los síntomas y más bien pensar en cómo contener ese cáncer, ver si se puede reducir a un tumor benigno y recuperar la salud. El diagnóstico está claro, la enfermedad va a ser larga y para sobrellevarla son indispensables la verdad y la justicia.

Las Farc tienen que contarle al país ya mismo los nombres de sus miembros infiltrados en las instituciones colombianas, los nombres de individuos y organizaciones internacionales que los han apoyado, los nombres de los funcionarios extranjeros que financiaron la guerra y apoyaron con documentos y organizaciones las operaciones clandestinas, las compras de armas, el entrenamiento. Tienen que declarar todas esas relaciones para que en unos años no estemos con escándalos de gobiernos extranjeros influyendo en nuestras elecciones.

A una buena parte de los colombianos nos interesa mucho saber el verdadero nombre de Teodora Bolívar, quien mediaba entre Chávez y las Farc, daba instrucciones para el manejo de secuestrados y gestionaba constituyentes en Colombia. ¿Cómo vamos a aceptar a las Farc en nuestra democracia sin que digan la verdad de ese personaje tan poderoso y el rol que va a tener ahora en el espacio democrático?

La misma excepcionalidad de que disfrutan las Farc en cuanto a derechos debe extenderse a obligaciones. El fiscal general debe promover monitoreo constante y control estricto de las cuentas y bienes de todos los miembros de las Farc durante al menos los mismos dos ciclos electorales en los cuales disfrutan de excepcionalidad. Se debe prohibir todo ingreso proveniente del exterior -privado, de ONG o de gobierno-, tanto para los individuos como para la organización. ¿O van a indignarse cuando una ONG holandesa le pague USD 300.000 a Timochenko por cada conferencia de paz en Europa o cuando Venezuela les aporte USD 85 millones para una granja de paz?

Es hoy que hay que empezar a prevenir el concierto -para delinquir-, en el Legislativo cuando los congresistas, además de venderse a intereses privados, se entreguen a las Farc con su dinero mal habido o de proveniencia extranjera. Ya entonces será tarde para sorpresas e indignación.

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