Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2010/03/13 00:00

Farc-ETA-Chávez

Para el partido de gobierno, el Psoe, esto se podría convertir en lo que fue la acción terrorista del 11-M para los populares, que perdieron las elecciones

Farc-ETA-Chávez

Dice Dick Morris, quien fue asesor de Bill Clinton durante 20 años, que es en el campo de la política internacional donde los ciudadanos mejor valoran el carácter y el liderazgo de sus dirigentes. Por eso, según él, "si la política exterior se juega mal, puede dañar la imagen de un funcionario más rápidamente que los errores internos". Ante este riesgo está Zapatero frente al caso de la alianza ETA-Farc-Chávez, denunciada por el juez español Eloy Velasco.

En efecto, el gobierno español padece una enorme crisis de confianza interna por su incapacidad para recuperar al país de una muy honda recesión económica que empieza a preocupar a Europa. Su liderazgo en la presidencia de la Unión Europea se muestra débil. Y en medio de esta calamitosa situación le estalla en sus manos el caso ETA-Farc en el que, según el auto de procesamiento del juez Velasco, hay indicios y pruebas "que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana con la ilícita colaboración entre las Farc y ETA".

Sobraría subrayar lo altamente sensible que es el público español al tema de ETA, un grupo terrorista odiado por la inmensa mayoría de los ciudadanos, quienes exigen que a punta de mano dura esa organización sea aniquilada por el Estado, sin contemplaciones. Allí cualquier blandenguería o ambigüedad frente a ETA genera urticaria, y mucho menos se acepta la complicidad o el encubrimiento a los miembros de esa banda. Y es precisamente de esto que el juez español acusa al gobierno de Chávez. Así que el público ibérico está empeñado en exigirle a Zapatero una postura firme y resuelta frente a Chávez para dar cumplimiento a las exigencias de colaboración con la justicia que reclama el juez Velasco.

Los primeros rounds del enfrentamiento entre el gobierno español y el venezolano eran previsibles, el último es más incierto. Al comienzo una tímida exigencia de Zapatero, quien parece que teme poner en riesgo los buenos negocios con Venezuela; luego la altanería y las descalificaciones previsibles de Chávez; en seguida el apaciguamiento del canciller español Moratinos, para concluir en el desplazamiento de algún funcionario español a Venezuela. Ahora tanto Zapatero como Chávez parecen querer ganar tiempo y dejar enfriar el escándalo. No así la oposición, el público español y el juez Velasco, quienes no dejarán de exigir resultados concretos, más allá de las declaraciones formales y vagas de los dos gobiernos en contra del terrorismo.

Pero con alarde de parsimonia y como haciéndose el que no entiende, el gobierno de Zapatero ha empezado por preguntarle al juez qué es lo que está requiriendo en su auto, cuando es claro que la resolución judicial ordena taxativamente la búsqueda y la captura de 12 de los 13 procesados -excepto Remedios García, acusada de ser representante de las Farc y que vive en España-, con el fin de "iniciar su proceso extradicional". Es más, dicho juez envió una copia de su resolución a los Ministerios de Exteriores y del Interior para que estos realicen "las gestiones pertinentes ante las autoridades cubanas y especialmente venezolanas para que cooperen en la entrega extradicional con los procesados".

En consecuencia, al final del día el tema será si Chávez autoriza o no la extradición de Arturo Cubillas, el español-venezolano que ha sido el contacto clave de ETA en Venezuela para realizar los múltiples contactos, encuentros y entrenamientos conjuntos con las Farc, en desarrollo de los cuales se planeó el asesinato en España por parte de ETA de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Noemí Sanín y Carlos Ardila Lule, entre otras personas.

Es más o menos seguro que Chávez no extraditará a Cubillas, quien, como se sabe, es funcionario del gobierno venezolano. La incógnita es el costo político que tendrá que pagar Zapatero por este anunciado portazo que Chávez le dará en la nariz. Para el partido de gobierno, el Psoe, esto se podría convertir en el equivalente a lo que para el Partido Popular fue en su momento la acción terrorista del 11-M, que por su manejo torpe les ocasionó a los populares, entonces en el gobierno, la pérdida de las elecciones. Pero Chávez tal vez no saldrá indemne, puesto que tanto las Farc como ETA son consideradas organizaciones terroristas por la Unión Europea y su falta de colaboración con la justicia española le podría ocasionar alguna sanción de parte de Europa que lo podría aislar internacionalmente. Un peso más para el Titanic que se hunde.

En fin, una pelea internacional que los colombianos estamos presenciando muy cómodamente desde el balcón, puesto que para nosotros, en tanto que coadyuve al aislamiento de las Farc o de Chávez, no parece tener final malo.

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