¿Más penas con estas cárceles?

La llegada a buen término del proceso de paz con las FARC nos obligará a entender el impacto social que tendrá en el largo plazo el penoso estado de las cárceles del país.

En medio del pulso político en que se ha convertido el plebiscito, llama la atención la falta de análisis sobre uno de los argumentos estrella del ex presidente Uribe para promover su cruzada en contra de la paz.

Los líderes del Centro Democrático se han dedicado a recorrer al país de cabo a rabo, diciéndole a la gente que lo firmado en La Habana es un acuerdo que garantiza el surgimiento de nuevas violencias pues, según ellos, sería esta la consecuencia inevitable de un proceso que sacrifique parte de la justicia para lograr la firma de la paz. El uribismo ha dejado en claro que una de sus más grandes batallas será la de venderle a la gente la idea de que es posible lograr una paz en la que una de las partes negociadoras pase muchos años tras la rejas, y que si eso se logra, habrá entonces plenas garantías de no repetición.

Ese argumento parte de la base de que el Sistema Penitenciario en Colombia funciona como debería. Sin embargo, Uribe parece ignorar que aquí las cárceles se han convertido en verdaderas fábricas del delito. Para fortalecer su discurso, la derecha se ha valido del sentimiento de un sector importante de la sociedad, que cegado por el odio y el dolor, parece querer una justicia fundada puramente en la venganza, sin pensar en el impacto que nos causa tener a miles de personas abandonadas a su suerte en nuestras prisiones vergonzosas.

La sola afirmación de que cárcel significa no repetición, se cae de su propio peso si entramos a analizar el infierno en el que se han convertido los 138 penales del país por cuenta del abandono de la población carcelaria durante tantos gobiernos. En Colombia, el sistema penitenciario debe contemplar mecanismos de resocialización que la ley denomina reinserción social positiva. Sin embargo, la realidad está muy distante de la teoría. Hoy por hoy, la capacidad instalada de las cárceles es de alrededor de 77.000 presos. No obstante, tenemos recluidos a casi 120.000 ciudadanos. La situación es crítica: hay más de 40.000 presos hacinados y, en penales como el de Riohacha, ese porcentaje ha llegado hasta el 454 %. El Inpec cuenta con menos de 8.000 pesos al día para pagar las tres comidas de cada interno y, según datos de esa entidad, hay 2117 enfermos mentales que no están recibiendo el tratamiento adecuado y que están mezclados con los otros reclusos. Uno de los datos que más preocupa es que 13 de cada 100 reclusos regresan a prisión por reincidencia en el delito.

Es claro que hoy las condiciones del sistema de prisiones son inhumanas, por decir lo menos y que, siendo así, es utópico pretender que el ingreso de un guerrillero a la cárcel, va a garantizar que, a su salida, se haya convertido en un ciudadano listo para reintegrarse a la sociedad civil. Al no existir condiciones adecuadas para la resocialización de los presos, estos tienen que adaptarse a un entorno en donde muchas veces la violencia se vuelve la única salida para sobrevivir.

Sin lugar a dudas la llegada de la paz implicará la aplicación de una justicia transicional que se verá representada en penas de todo tipo. Algunas de ellas, serán por supuesto privativas de la libertad y, quienes sean condenados, irán a dar a la cárcel. Es entendible que el uribismo use el argumento de que los guerrilleros deben estar presos para lograr una paz estable y duradera. Sin embargo, ante la precaria situación en la que está hoy nuestro sistema de prisiones, vale la pena preguntarse si lo mejor para la sociedad es que se olvide de esos miles de seres humanos que duermen unos encima de los otros y que, viviendo en esas circunstancias, no tendrán condiciones sicológicas para reintegrarse a una vida normal o, si más bien, le es más útil entender que la cárcel no es la única manera de acabar un conflicto.

Es necesario que con la firma de la paz comprendamos que la verdad y la reparación también son formas de justicia, y que para todos es mejor ver a los ex combatientes trabajando de la mano con sus antiguos rivales en labores como el desminado del territorio o en servicios sociales que realmente aporten a la gente. De nada sirve buscar promover la justicia como herramienta de venganza, pretendiendo que luego de pagar sus penas, los actores del conflicto que resulten condenados se conviertan de la noche a la mañana en ciudadanos de bien, si ellos no purgan sus condenas en cárceles donde se les respeten su dignidad y sus derechos humanos y donde tengan posibilidad real de recapacitar y de desear reintegrarse honestamente a la sociedad. Si los cárceles siguen como están, en vez de garantizar el regreso de los delincuentes a la sociedad transformados en seres no violentos, se asegurará que muchos de ellos retornen a ella convertidos en monstruos.

Si bien es cierto que los colombianos debemos saber que los barrotes no son siempre la salida, es un deber del Estado prever que el post conflicto vendrá con miles de procesos judiciales que en varios casos terminarán en condenas.

Sea quien sea el próximo presidente de Colombia, si no asume los errores del pasado, y se dedica a corregir el estado del sistema carcelario, a asignarle el presupuesto necesario y a poner en marcha programas serios de resocialización, la cárceles seguirán convertidas en lo que son: unas universidades del crimen en donde se ha olvidado que los presos son también seres humanos y merecen condiciones dignas. En esa medida, por más cárcel que pida Uribe para los miembros de las FARC como condición para aceptar, él, la nueva paz, con las cárceles como él las dejó, y como siguieron después, las garantías que tendría la Patria serían justamente las de más repetición.

* @federicogomezla