Fórmulas para blindar el proceso

El proyecto de ley sobre el marco jurídico que va a regular la desmovilización de los grupos armados ilegales debe quedar 'blindado', tal como lo han expresado varios sectores en Colombia. Esto significa que la ley final debe ser a prueba de errores legales, políticos, sociales y jurídicos, y debe de forma paralela satisfacer mayoritariamente los diferentes intereses de los ciudadanos, de los partidos políticos, de las víctimas, de los perpetradores y de la comunidad internacional. Es lo mínimo que se puede esperar para un proyecto de tan alta importancia.

Para poder contar con el apoyo de la comunidad internacional, uno de los grupos con una alta capacidad de influencia en Colombia, los proponentes del proyecto de ley deben conocer los temas que satisfacen a la comunidad internacional en materia de justicia, verdad, reconciliación y reparación, explorando igualmente los efectos de cumplir o no con dichos requerimientos.

A escala internacional, el texto más reciente que crea un marco jurídico para calificar los crímenes cometidos durante un conflicto armado interno es el firmado entre Camboya y las Naciones Unidas el año pasado. Este texto da como producto un tribunal para juzgar a los líderes, guerrilleros Khmer Rouge por el 'autogenocidio' que les costó la vida a más de dos millones de personas en Camboya. En este tribunal los cuadros medios y bajos no serán juzgados.

El primer punto que tendrá en cuenta este tribunal es su propio esqueleto. Al igual que varios de los proyectos de ley presentados en Colombia, la estructura aprobada por las Naciones Unidas y el gobierno de Camboya fue un tribunal nacional y no uno internacional. Dicho tribunal está compuesto por dos cámaras extraordinarias (Cámara de Juicios y Corte de la Cámara Suprema), lo cual genera que todo el proceso quede bajo la jurisdicción camboyana y no bajo la tutela internacional. De esta forma, el tribunal en Camboya será regido por sus leyes y solo en ausencia de normas aplicables regirá el derecho internacional vigente a la hora de la comisión de los crímenes.

Sin embargo, a diferencia de lo que hasta ahora se ha planteado en Colombia, en el país asiático el tribunal contará con una participación minoritaria de jueces y fiscales internacionales, lo que satisface las demandas de la comunidad internacional que ve a dichos funcionarios internacionales como una de las garantías más importantes de transparencia, objetividad y respeto a los principios universales del derecho penal.

En materia de posconflicto a escala internacional se ha entendido la relación inversa que hay entre la duración de un tribunal 'especial' (ya sea como el que se quiere hacer en Colombia y Camboya o los ad hoc existentes para Rwanda, Sierra Leone y Yugoslavia) y la urgente necesidad de reconciliación y reparación: a más largo un tribunal menores son las percepciones de justicia, verdad, reconciliación y reparación. Por esta razón, la vida del tribunal en Camboya ha sido preestablecida en tres años, un lapso considerado suficiente.

Un tribunal 'especial' que tenga una duración de más de cinco o seis años comienza a ser percibido como ineficiente, tal como sucede con el tribunal para Yugoslavia, ejemplo que Camboya ha sabido incorporar. Opuestamente en Colombia, la idea de nombrar jueces a ocho o doce años para el futuro tribunal parece ser un índice de la duración del tribunal, lo que muestra indicios del camino que se ha planteado, contrario a las tendencias internacionales pero que todavía se puede corregir.

Los recursos para llevar a cabo las tareas de un tribunal es uno de los temas que con mayor fuerza puede causar que cualquier tribunal y/o proyecto de justicia, verdad, reconciliacion y reparación tambalee. Los costos para el funcionamiento del Tribunal en Camboya durante sus tres años ascienden a 56,6 millones de dólares, una cifra alta, especialmente para un país que sale de un conflicto. En este sentido, puesto que el futuro tribunal en Camboya cumple con los estándares internacionales, la ONU ha decidido financiar la mitad de los costos del tribunal, lo que deja la otra mitad de los costos en manos del gobierno camboyano.

Gracias a que la idea de realizar justicia con estándares internacionales es un principio ampliamente aceptado, una lluvia de donaciones ha llegado al gobierno camboyano para que pueda cubrir su cuota: Japón anunció hace pocos días una donación de 21,5 millones de dólares. Australia, de 2,1 millones. Por su parte, Francia y el Reino Unido han contribuido cada uno con un millón. En pocas palabras, de los 28,3 millones correspondientes a Camboya, el gobierno solo deberá destinar alrededor de tres millones, lo que implica liberación de recursos y presupuestos. En Colombia no se ha hablado de este talón de Aquiles, ni tampoco se ha establecido la entidad responsable de financiarlo.

La globalización no solo es un proceso enmarcado en los campos económicos o de telecomunicaciones. También, un proceso reflejado en el campo jurídico del posconflicto, pues la comunidad internacional ha decidido encaminarse hacia un más amplio 'nunca más'. La creatividad jurídica usada en Camboya, con sus errores y aciertos, es una guía de lo mucho que se puede llegar a hacer en Colombia. Por esto, continuar con una comparación entre el tribunal recientemente aceptado por Camboya y la ONU por un lado y por el otro lo propuesto hasta ahora en Colombia es un ejercicio importante y necesario que va a permitir analizar si las diferencias existentes pueden ser puntos que se corrijan, se adapten o se eviten, para poder crear consecuentemente un proyecto de ley más coherente con la realidad nacional e internacional de Colombia.

Camboya y Colombia son dos países distintos, al igual que lo son sus conflictos. No obstante, la necesidad de justicia, verdad, reconciliación y reparación es la misma. Afortunadamente, Colombia puede contar con la experiencia y las lecciones aprendidas en otras iniciativas de justicia posconflicto, lo que si es tenido en cuenta le evitaría al país descubrir lo que ya es evidente en otros lugares, y se traduciría en ahorro de dinero, energías y de frustraciones, y a la vez permitiría la construcción de un posconflicto más estable.

* Hernando Cáceres Dueñas, jurista internacional. Actualmente se encuentra investigando la evolución del Tribunal Khmer Rouge en Phnom Penh, Camboya, con la Fundación Dignidad y Desarrollo (www.digdes.org) hernando.caceres@digdes.org.