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Opinión

  • | 2006/05/27 00:00

    Fuego mafioso

    “La respuesta del gobierno al episodio de Jamundí fue la adecuada. Bien hace en respaldar la gestión de la Fiscalía y rechazar que la justicia penal militar se encargue del proceso”, afirma Rafael Guarín.

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Las palabras del presidente Álvaro Uribe y las dudas de Francisco Santos respecto de las versiones iniciales sobre la forma como ocurrió la muerte de 10 policías y un civil por hipotético “fuego amigo” reflejan que algo huele mal, muy mal. Las preguntas hasta ahora sin respuesta generan sospecha sobre la posibilidad de que detrás de la acción se encuentren intereses de los capos de la droga. De establecerse esa relación, sería de suma gravedad para el Ejército y un duro golpe a su credibilidad.

El “fuego amigo” es una expresión acuñada para describir los casos en que tropas del mismo ejército o unidades de distintas fuerzas, pero pertenecientes al mismo bando, se enfrentan accidentalmente. No es una situación nueva. En las dos guerras mundiales muchos soldados cayeron por fuego de sus tropas o aliados. Desgraciadamente, esos errores militares se siguen presentando aún en el ejército más poderoso y con mayor tecnología del mundo. Se ha dicho que en la Guerra del Golfo de 1991, un porcentaje importante de bajas inglesas fueron ocasionadas por “fuego amigo” norteamericano. En Irak, el “fuego amigo” ha dejado muchas víctimas. Por ejemplo, en abril de 2003, un avión de Estados Unidos bombardeó un convoy de civiles kurdos y de fuerzas especiales de su propio país.

El error resulta de información equivocada, incompleta o inexistente. Se produce por déficit de inteligencia y en la individualización del enemigo. Estas fallas dejan entrever falencias de comunicación, planeación y coordinación en las operaciones. En el caso de Jamundí, el hermetismo que debía rodear la acción policial sacrificó la coordinación con el Ejército. Empero, más que “fuego amigo”, las versiones publicadas y las dudas del gobierno parecen indicar que se trató de “fuego mafioso”.

No se comprende cómo las tropas no atendieron los gritos de las víctimas que se identificaron como policías. Tampoco cómo los militares pasaron por alto los distintivos que los acreditaban como tales a plena luz del día, ni qué actividad cumplían en esa zona y mucho menos los supuestos disparos a quemarropa. Pareciera que a los agentes no se les dio oportunidad de rendirse y que no brindaron resistencia efectiva. Todo eso hace evocar más el vil asesinato de la familia Turbay Cote por las FARC, que un típico evento de “fuego amigo”.

La respuesta del gobierno fue la adecuada. Bien hace en respaldar la gestión de la Fiscalía y rechazar que la justicia penal militar se encargue del proceso. Esa decisión contribuye a garantizar la imparcialidad de la administración de justicia, a dar transparencia a la investigación y eventualmente a castigar a quienes puedan ser responsables del presunto crimen. Pero no es suficiente. De comprobarse que la matanza tiene relación con las mafias, quedan al desnudo las flaquezas de las Fuerzas Militares ante el poder de la corrupción. No sería extraño, hacen parte de una sociedad en la que la política, la iglesia, el deporte, los empresarios y hasta la farándula han sido infiltrados por el narcotráfico.

Se debe preservar la institución y no extender un manto de dudas sobre gran parte de la oficialidad que con convicción y rectitud defiende la democracia y el estado de derecho. La coyuntura actual es una excelente oportunidad para que se determinen responsabilidades y por esta vía se depuren las Fuerzas Militares. Es el momento de revisar los mecanismos de seguimiento y control en el seno del Ejército e iniciar una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles.
Es conveniente que con una óptica de prevención se haga un estudio detenido de las vulnerabilidades que presentan las Fuerzas Armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y el paramilitarismo. Aunque no existe una política de Estado o de gobierno que fomente las autodefensas o proteja a los mafiosos, es forzoso reconocer que algunos militares y políticos han cedido ante esos poderes de facto.

La corrupción es un gran peligro para cualquier política de seguridad. Desestimula el trabajo honesto y comprometido de nuestros soldados, quiebra la moral y facilita el olvido de los deberes que tienen en la defensa de la soberanía nacional y seguridad de los ciudadanos. Su presencia cambia la escala de valores y termina reventando cualquier esfuerzo por lograr mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

No se trata de sentar olímpicamente en la silla de los acusados a nuestros oficiales, ni de repetir discursos sectarios y condenatorios que suelen interesar a enemigos de la Constitución. Lo que se propone es tomar el toro por los cuernos. Los colombianos no justificaríamos de ninguna manera los esfuerzos que se hacen si casos como los de Guaitirilla se convierten en pan de cada día.

Nota: ¿Y el Ministro de Defensa dónde está?
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