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Opinión

  • | 2012/11/24 00:00

    Fuero militar o Indulto y amnistía

    Con adaptaciones al presente, con importantes restricciones, las fuerzas involucradas en una confrontación armada pueden recurrir al indulto y la amnistía a la hora de poner fin al conflicto.

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Se equivoca gravemente el Congreso de la República al insistir en reformar el fuero militar. No tiene ningún sentido someter a las Fuerzas Armadas y al Estado colombiano a un desgaste ante los organismos internacionales de derechos humanos. Todos se han pronunciado en contra. Nadie está dispuesto a aceptar que alguna violación al derecho internacional humanitario o alguna transgresión a los derechos humanos sea juzgada por tribunales militares. Es un mensaje contundente.

Pero hay algo más. La situación nacional ha cambiado radicalmente en los últimos tres meses. El país no está discutiendo la manera de continuar la guerra, está negociando la terminación del conflicto. Y al final de una guerra la discusión cambia. Se trata de vislumbrar un horizonte jurídico para quienes en medio de la confrontación se desviaron de sus funciones, para quienes vulneraron la normativa humanitaria. No es el momento para garantizar un fuero especial a quienes combaten contra la subversión armada. Ni es la hora de humanizar el conflicto como lo plantean algunos jefes guerrilleros.

El general Mauricio Vargas, quien fue negociador en el proceso de paz de El Salvador, en su reciente viaje a Colombia, relató su experiencia. Estaban en curso las negociaciones entre el gobierno Salvadoreño y el Fmln. Tanto las guerrillas como las Fuerzas Armadas miraban con angustia su futuro de cara a los tribunales, pero nadie se atrevía a poner el tema en la mesa. Y el general Vargas aprovechó una noche de descanso y al calor de unos tragos logró que los delegados del Fmln suscribieran un texto de indulto y amnistía, hecho a mano, para cobijar a las dos partes. El compromiso se validó en la mesa. Carga el papel en su maletín y lo exhibe con orgullo cada vez que se reabre la discusión sobre tan espinoso problema.

Han pasado 20 años desde el acuerdo de paz en El Salvador y el mundo ha cambiado bastante. La agenda humanitaria ha saltado a primer lugar. Ni siquiera Bush, después de los terribles atentados de Nueva York, pudo subordinar la protección de los derechos humanos a la lucha antiterrorista. Es eso lo que reflejan los estados democráticos y las instancias internacionales. En esta nueva situación no se podrá repetir la sencilla situación del pequeño país de Centroamérica.

La paz negociada es también un tema con una fuerza impresionante en el mundo de hoy. La solución pacífica de los conflictos es otro ideal que ha tomado asiento en el espíritu de los pueblos. De ahí que con variaciones, con adaptaciones al presente, con importantes restricciones, las fuerzas involucradas en una confrontación armada pueden recurrir a las figuras del indulto y la amnistía a la hora de poner fin al conflicto. Serán, como lo plantea el fiscal general de la Nación, soluciones jurídicas condicionadas. Seguramente muchas personas comprometidas en actos contrarios a las normas humanitarias deberán pasar por tribunales y recibir condenas, pero tendrán la posibilidad de la suspensión de la pena.

El ministro de Defensa y la cúpula militar deberían tomar nota de la historia del general Mauricio Vargas. Tienen que dedicar tiempo y esfuerzos a promover un proyecto de indulto y amnistía de cara a las negociaciones de paz. También deben considerar la posibilidad de una comisión de la verdad, instancia política clave en un proceso de reconciliación nacional.

Entiendo la rabia y la angustia de los soldados y policías que hoy acuden a tribunales ordinarios a responder por delitos relacionados con el conflicto armado. Sé que no es fácil combatir a unas fuerzas irregulares ciñéndose estrictamente al derecho humanitario y observando a cabalidad el respeto a los derechos humanos.

Pero la solución para esta situación no es la ampliación indebida del fuero militar, ni la formación de un tribunal a medias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar para dirimir las competencias cuando haya discusión sobre el destino de uno u otro proceso contra miembros de la fuerza pública. ¡Ese no es el camino señores del Congreso, del gobierno y del mando militar! Ahora podemos invocar el derecho a la paz y desde allí presentar una salida para los combatientes que en medio del conflicto se han desviado de sus funciones o de sus ideales.
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