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Opinión

  • | 2009/05/20 00:00

    Fuerza pública: una hora difícil

    La sombra de los falsos positivos no puede detener a un Ejército que con gran sacrificio ha obtenido victorias y enfrentado con éxito a los violentos.

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La sociedad colombiana y la opinión pública mundial han sido testigos de los triunfos obtenidos por el Ejército Nacional en los últimos tiempos. Operaciones como “Jaque” y “Fénix”, se han convertido en un referente militar de efectividad, gracias a un transparente trabajo de inteligencia, un detallado planeamiento y una impecable ejecución en el terreno.

Sin embargo, pese a las múltiples derrotas propinadas a las organizaciones terroristas, la persecución de bandas criminales, el desarrollo de operaciones de desminado, la recuperación territorial y los trabajos que se adelantan en apoyo de la política de consolidación, el Ejército viene librando una dura batalla en el campo de la legitimidad, por cuenta de los llamados “falsos positivos”.

Los entes de investigación dan cuenta de la captura de algo más de 400 militares relacionados con el tema, una cifra que si bien es preocupante, constituye un porcentaje mínimo en comparación con los 250.000 hombres y mujeres que integran esa institución. 
 
Estos difíciles tiempos no pueden hacer que se detengan los importantes proyectos de modernización y reestructuración educativa que viene desarrollando el Ejército.

Es justo reconocer, los ingentes esfuerzos desarrollados por las escuelas de formación y capacitación militar que buscan preparar a sus hombres y mujeres para afrontar profesionalmente nuevas y cambiantes amenazas. Los oficiales y suboficiales, más allá de adquirir competencias específicas, es decir habilidades propias para el desempeño militar, se capacitan en temas como: derechos humanos, derecho internacional humanitario, liderazgo personal y laboral, desarrollo de habilidades sociales, ética y competencias ciudadanas, entre otros.

Los centros académicos castrenses utilizando una bien diseñada estrategia de enseñanza, buscan eliminar currículos ocultos, haciendo énfasis permanente en el principio de legalidad, como aquel derecho que tiene el Estado de combatir los actos terroristas y la violencia armada en un marco de respeto por la ley y los derechos humanos.
 
De igual manera se sabe que existe una guía de planeamiento estratégico y unas políticas de mando, diseñadas por el actual Comandante del Ejército y su Estado Mayor. A esas directrices están ceñidos todos los planes de acción que se desarrollen, pues contienen instructivos precisos sobre temas como ética operacional y derechos humanos de los cuales se advierte, puntualmente a todas las unidades militares, no deben apartarse en el ejercicio de sus responsabilidades.

Pese a esos y otros esfuerzos en el campo educativo, la realidad hace inevitable que el Ejército esté hoy día en el ojo del huracán. Lo que no debe aceptarse, bajo ninguna circunstancia, son algunas hipótesis lanzadas con ligereza y que buscan criminalizar el esfuerzo y sacrificio que miles de soldados y policías hacen a diario.
 
Valga el ejemplo, lo expuesto por el novel senador Juan Manuel Galán, quien durante la sesión desarrollada en el concejo de Soacha, se refirió a los falsos positivos como el producto de una “cultura institucional” que induce a la ejecución de crímenes sistemáticos, masivos y estructurales. Pensamiento compartido, al parecer, por el precandidato liberal Alfonso Gómez Méndez y la periodista María Jimena Duzán, quienes en el programa “Hora 20”, se refirieron a la existencia de una “cultura mafiosa” en el Ejército, soportada en una estructura que tiene por objeto matar civiles.
 
Si bien cada quién es libre de opinar lo que a bien tenga, sumadas estas palabras se pensaría que todo el conjunto de normas, hábitos, principios y valores, que practican los militares tendrían como única finalidad la criminalidad, lo cual va en contravía no solo del esfuerzo desarrollado en capacitación, sino también de la memoria y el respeto que se debe a los cientos de soldados caídos en combate o afectados en su integridad física por cuenta de esta guerra.

El mensaje enviado por estos líderes de opinión, es sencillo de descifrar. Para ellos, ejército nacional es sinónimo de crimen organizado. El efecto de esas palabras pudo comprobarse en un diálogo sostenido con una comunicadora extranjera que trabaja en Colombia como corresponsal de importantes medios.
 
Por su trabajo, esta periodista, asistió a la sesión en Soacha y comentó que al escuchar al senador Galán y en particular cuando se refirió a crímenes estructurales, pudo inferir que existe una gran “red criminal”, de la cual harían parte desde el Presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, hasta el último soldado o policía. Es decir, un plan de exterminio orquestado desde el más alto nivel para provocar asesinatos de forma sistemática. Una percepción que en labios de una periodista extranjera, como consecuencia de las afirmaciones del congresista, desdibuja la existencia del Estado de Derecho y nos deja ad portas de convertirnos en un estado dictatorial.

Al senador Galán, hay que aclararle que se equivoca al hablar de una “red criminal” o de una “cultura de exterminio” originada en lo institucional, nada más lejano de la realidad. Lo que si existen, son responsabilidades individuales, decisiones autónomas para actuar de este o aquel modo, en algunos casos en abierta contradicción con el principio de legalidad.

Más allá de estas discusiones, con evidente tinte político, por el momento habrá que atender lo dicho por el ministro Juan Manuel Santos, pues solamente una adecuada investigación garantizará el derecho de defensa de los militares implicados. Ojalá se den juicios justos que permitan el castigo de los responsables y la absolución de los inocentes. Ojalá se garantice la reserva del sumario y se dejen de filtrar “noticias” con el propósito, entre otros, de apagar incendios políticos.
 
El temor en los miembros del Ejército, hoy día, es ser objeto de falsas acusaciones que se conviertan en lentas muertes morales que desgastan oficiales y suboficiales, que han entregado sus mejores años a la defensa de la nación. Por tanto, esas palabras del primer mandatario que exigen la implementación de un efectivo sistema de defensa judicial para soldados y policías, deben pasar del discurso a la acción, pues las consecuencias jurídicas del conflicto serán incalculables y recaerán como ha sido usual, en otros países, en la fuerza pública.

Esta hora difícil que enfrentan los soldados, tendrá un efecto formador sobre las actuales y futuras generaciones, pues sin que se pierda el carácter ofensivo y exitoso que ha caracterizado al Ejército en los últimos tiempos, se deberá continuar el proceso educativo en todos los niveles del mando, haciendo énfasis en la protección de los derechos asociados a la vida, la seguridad personal y la integridad física y moral.

Lo anterior, sumado a una actitud seria y responsable por parte de cada miembro del Ejército, será la única forma de mantener limpia la conciencia, asegurada la libertad individual y garantizado el sitial de honor que debe ocupar una Institución tan querida y admirada por el pueblo colombiano.



* Historiador militar



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