Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/02/12 00:00

Gana Uribe y la izquierda

La ley de garantías electorales crea amplias oportunidades para el crecimiento y el fortalecimiento de la izquierda democrática en el país.

Gana Uribe y la izquierda

Aunque parezca absurdo, los grandes beneficiarios de la ley de garantías electorales son, simultáneamente, el presidente Uribe y los movimientos de izquierda democrática.

Para todos es claro que el Presidente Uribe resultó favorecido con la aprobación de la ley de garantías electorales. A pesar de lo que algunos han dicho, si la ley no hubiera superado el examen ante la Corte Constitucional, se habrían generado muy serias controversias acerca de si el presidente Uribe podía presentarse como candidato a la reelección. Por eso, la aprobación de la ley allanó definitivamente el camino para su candidatura.

Lo que no se ha resaltado hasta ahora es que los otros grandes beneficiarios de la aprobación de la ley de garantías electorales pueden ser los grupos de izquierda democrática. Eso es precisamente lo paradójico: para poder sacar adelante su proyecto de reelección inmediata, el Presidente hizo importantísimas concesiones a los que se encuentran más distantes de él. De esta manera, los movimientos de izquierda democrática obtuvieron bajo el presidente Uribe unas condiciones de competencia electoral que difícilmente habrían obtenido bajo otros gobiernos.

De allí que lo sorpresivo no es que varios congresistas del Polo Democrático hubieran aprobado el proyecto de ley de garantías, sino que miembros de otros partidos se hubieran extrañado de que esos congresistas le brindaran su apoyo al proyecto.

Desde hace décadas oímos que en Colombia se esta muriendo el bipartidismo. Pero los hechos no han confirmado esa afirmación. Para poner un ejemplo: en las elecciones de 2002 los candidatos presidenciales provenientes de los partidos tradicionales obtuvieron más del 90% de los votos, y en las elecciones para Senado los candidatos pertenecientes a las familias liberal y conservadora lograron algo más del 80% de los escaños.

Los intentos de crear terceros partidos en Colombia han tenido que afrontar un amplísimo número de dificultades, que van desde la violencia y el fraude hasta el arraigo cultural de los partidos tradicionales, pasando por las dificultades para lograr que las propuestas políticas y los candidatos de aquellos partidos sean visibles. Este último obstáculo ha ido ganando cada vez más importancia, dados los cambios que se han producido en Colombia -y en el mundo- acerca de la manera de hacer campañas políticas.

En efecto, incluso en países con partidos políticos fuertes, las campañas se han desplazado de las plazas públicas hacia los medios de comunicación, y especialmente a la televisión. Y eso implica grandes costos, que no pueden ser asumidos por los nuevos partidos.

Pues bien, independientemente de los debates que ha suscitado la ley de garantías acerca de si garantiza la igualdad de los candidatos con el Presidente, lo cierto es que tanto la reforma constitucional que introdujo la reelección, como la ley de garantías y la respectiva sentencia de la Corte Constitucional, contienen una serie de disposiciones que permiten que los candidatos presidenciales de la izquierda democrática desempeñen un  papel protagónico en la campaña y obtengan amplia presencia nacional. Estas disposiciones se refieren a la financiación de la campaña y a la labor que desempeñan los medios en ella.

Así, en la nueva normatividad se establece -conforme con la norma constitucional que ordenó que la financiación de la campaña presidencial fuera "predominantemente estatal"- que la financiación privada solamente puede alcanzar el 20% de los topes de la campaña. Luego, se dispone que el tope de gastos de campaña durante la primera vuelta para el Presidente-candidato será inferior al de los demás candidatos (10.000 millones de pesos contra 14.000 millones) y que todos los candidatos que cumplan determinados requisitos recibirán un sustancioso anticipo de gastos, lo cual  equivale a un poco más del 40% del tope de gastos del Presidente-candidato y a un poco menos de las dos terceras partes del tope para los demás candidatos. A continuación se indica que cada candidato recibirá una cantidad de dinero por cada voto recibido (la llamada reposición de votos), suma de la cual no se descontará el anticipo, considerado una contribución estatal independiente.

Finalmente, se estableció que la radio y la televisión deben garantizar el pluralismo y el equilibrio informativo en el manejo de la información de las campañas y que el Consejo Nacional Electoral se encargará de verificar el cumplimiento de esta disposición.

Las mencionadas normas sobre la campaña presidencial posibilitan que también los grupos políticos que no cuentan con el  apoyo de las grandes empresas o de los medios de comunicación puedan hacer conocer sus candidatos y sus programas. Ello favorece el surgimiento de la izquierda democrática, un resultado muy importante para la estabilidad y la gobernabilidad política del país, puesto que permitirá que amplios sectores nacionales obtengan que sus intereses sean representados dentro del sistema político.

Las normas sobre la campaña presidencial y las contenidas en la reforma política de 2003 crean un marco favorable para el crecimiento y el fortalecimiento de la izquierda democrática. Pero el resultado final depende también del rumbo y las decisiones políticas que tomen los partidos y los movimientos de izquierda en el país. Así, por ejemplo, su futuro depende en buena medida del compromiso que asuman con la democracia constitucional -lo cual significa, entre otras cosas, el rechazo a la consigna de la combinación de todas las formas de lucha-. También dependerá de su disposición para generar una política duradera de alianzas y compromisos, dejando atrás su tradicional tendencia a la división y el fraccionamiento.

Las condiciones actuales ofrecen buenas perspectivas para que la izquierda democrática obtenga una importante figuración en la política nacional, tal como ya lo ha logrado en la política local. La misma izquierda habrá de decidir cómo utiliza esa nuevas condiciones, de manera que en sus propias manos se encuentra buena parte de la definición de su destino.
 

* Profesor de la Universidad Nacional y miembro del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (DJS).

(1) El Centro fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir en los debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

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