Gatillo y Bolillo: Seguridad pública “glocal”

La semana pasada fue extraditado alias Fritanga [Fry-up] a los Estados Unidos, quien con su camisa planchada y su sonrisa dejó en evidencia que el crimen organizado colombiano ha pasado a una nueva era. Por primera vez un narco se va para el otro lado del charco dejando claro que se ha desvanecido la filosofía de preferir una muerte heroica en Colombia antes de pisar una cárcel gringa.  Posiblemente estos personajes tengan tanta información y “socios” encopetados que vayan tranquilos a negociar con los jueces federales, la DEA y la CIA.

Las BACRIM han dejado de ser un fenómeno social, para convertirse en el problema de seguridad pública más relevante de Colombia. Camilo Torres Martínez fue capturado mientras celebraba su matrimonio rodeado de sus parceros, y uno que otro artista de la farándula local siguiendo la etiqueta traqueta nacional y mafiosa internacional. La carrera delictiva de Fritanga lo ubica dentro del nuevo paradigma de los capos tropicales que se han visto todas las películas de rápido y furioso,  crecieron escuchando historias del Chapo Guzmán, se han repetido Miami Vice un par de veces y se aburren con el Padrino o The Sopranos. Por ese motivo no es de extrañar que hagan parte de estructuras criminales que se preocupan más por fortalecer su capacidad militar, incursionar en el mundo de las artes postmodernas, controlar fracciones del negocio de la droga [a partir del modelo de franquicias] y al control de centros de distribución de productos agrícolas en las grandes ciudades, dentro de una estructura económica de diversos eslabones.

Las BACRIM podrían explicarse como el resultado de un proceso fallido dentro de la desmovilización de grupos de autodefensa creados por los terratenientes colombianos para defenderse de las guerrillas marxistas. Pero apartados de la explicación asociada a la existencia de “guerrillos”, es más realista decir que son el fruto de una cultura bélica nacional que siempre ha encontrado soldados para acceder a rentas por medio de la política,  la explotación de recursos naturales, el contrabando, el entretenimiento o el comercio de bienes de lujo.

El crimen organizado colombiano también se ha globalizado y ahora tiene más cercanía con la Yakuza, Los Zetas y Los Maras que con la Mafia Siciliana. Su participación en los índices de violencia es más representativa que la de los mismos grupos guerrilleros con los que no tienen problema para generar alianzas estratégicas que permitan un juego de gana gana, [win win game], como el que se presenta en el Bajo Cauca, evidenciando la complejidad de un negocio que ya no necesita de la existencia de un gran capo y en el que es irrelevante la ideología política.  Estos grupos delincuenciales se han insertado en procesos económicos que evidencian la otra cara de la Alianza del Pacífico [A reunirse en Cali en el futuro] que puede transportar mercadería desde [o hacia] Caquetá hasta Tokio o Los Angeles, pasando por Buenaventura, Sonora y Tegucigalpa.

El asunto del incremento del poder de estas estructuras de Crimen Organizado en Colombia, y su incidencia dentro de la seguridad pública nacional no es un tema novedoso. Sin embargo no debe perderse de vista dentro del actual proceso de negociación de La Habana, al tener en cuenta que con un acuerdo de paz no se va a garantizar que desaparezca el negocio del narcotráfico en Colombia, y mucho menos los señores elegantes y/o los filósofos radiales que dejen de legitimar la existencia de ejércitos privados al servicio de intereses privados. Las BACRIM y sus malandros también son muy importantes porque ya no responden a los valores mafiosos clásicos, han logrado controlar zonas estratégicas para el tránsito de productos legales e ilegales y continúan creando alianzas, intimidando y perreando.

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Panta Rei

Causa mucha preocupación que la Corte Constitucional empiece a relacionarse con acuerdos políticos y personas de dudosa reputación. El caso del recién posesionado magistrado Alberto Rojas Ríos pone las alarmas sobre la importancia de negociar menos los puestos de los servidores públicos. El presidente Santos empieza a cometer errores graves que ponen en peligro la credibilidad de la institución encargada de garantizar el acceso a los derechos de los colombianos.

El atentado contra el periodista Ricardo Calderón muestra la importancia del periodismo comprometido con el bien general y el miedo de los poderosos canallas. También es una oportunidad para celebrar la Libertad de Prensa en medio de condiciones marcadas por la impunidad sobre acciones violentas contra quienes ejercen como periodistas.