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Opinión

  • | 2015/02/11 18:20

    La situación humanitaria el día después

    Un acuerdo de paz traerá grandes beneficios para la población civil. Pero no acabará de inmediato con la violencia contra ella.

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La firma de un acuerdo entre el gobierno y las Farc-Ep representaría un gran alivio para la grave crisis humanitaria que vive Colombia desde hace tantos años a causa del conflicto armado. Pero no será el remedio definitivo.

Si se logra un acuerdo con el Eln, el impacto positivo puede ser aún mayor. Según datos oficiales, cerca de la mitad de las personas desplazadas desde noviembre de 2012 abandonaron sus hogares como consecuencia de acciones de las guerrillas. Según monitoreo de la agencia de coordinación humanitaria de Naciones Unidas en Colombia, OCHA, sólo en 2014 más de 400.000 personas fueron afectadas por ataques del Eln y de las Farc-Ep contra infraestructura y bienes civiles, que afectaron fuentes de agua, cultivos y otros servicios esenciales. Pero un acuerdo de fin del conflicto armado, por sí solo, no garantiza que los múltiples motores de la violencia contra la población civil en Colombia vayan a apagarse al día siguiente.

Con el fin del conflicto podría haber la tentación de reducir la presencia humanitaria en el país para concentrarse en los temas de desarrollo y construcción de paz. Pero la experiencia en otras sociedades que emergen de conflictos armados indica que la fase de transición puede presentar altas dosis de violencia. Al retirarse las Farc-Ep se puede generar un vacío que otros grupos intenten llenar, como ocurrió a raíz de la desmovilización de los paramilitares. En un escenario de acuerdo de paz con las Farc-Ep y ojalá con el Eln, otros actores generadores de violencia, como los grupos armados posdesmovilización persistirán, poniendo en riesgo a la población civil.

De allí que el gobierno, las organizaciones nacionales e internacionales y los cooperantes deban prepararse no para una rápida salida de los trabajadores humanitarios sino, por el contrario, para mantener su capacidad de responder a emergencias y nuevas violencias. Las organizaciones, además, deben desde ahora planificar cómo articular su labor humanitaria con las necesidades de la construcción de la paz en los territorios y con la implementación de soluciones duraderas para los desplazados y las demás víctimas, con un enfoque más de desarrollo que asistencialista.

Esta es la tesis central del estudio ‘La dimensión humanitaria tras los acuerdos de paz: propuestas para la comunidad internacional en Colombia’, comisionado por OCHA y con el apoyo del Centro Noruego de Construcción de Paz, al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah) de España, que analizó la evolución de la situación en los dos años que llevan las conversaciones con las Farc-Ep en La Habana.

Los datos son reveladores. Durante la negociación algunos indicadores humanitarios han mejorado, pero la violencia sigue haciendo estragos.
 
Cada mes, entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, cerca de 15.000 colombianos fueron desplazados por la violencia; más de 60.000 fueron objeto de restricciones a su movilidad, y hubo un promedio de 20 ataques, uso u ocupación de infraestructura y/o bienes civiles.

En esos dos años hubo 1.400 acciones bélicas en una cuarta parte de los municipios del país; 644 personas fueron víctimas de minas antipersonales; 570 niños y niñas reclutados por grupos armados no estatales ingresaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se registró más de medio millar de víctimas de violencia sexual.

Hasta antes de la declaratoria de su cese unilateral de hostilidades –que ha tenido un impacto positivo–, las Farc-Ep eran el actor protagónico del conflicto y la violencia en Colombia. En consecuencia, un acuerdo de paz con este grupo puede mejorar significativamente la situación humanitaria. Pero el Eln y los grupos posdesmovilización no son actores secundarios y su impacto nos preocupa igualmente.

Los grupos armados posdesmovilización son responsables del 20 por ciento del desplazamiento forzoso y, probablemente, del aumento de más de 70 por ciento de las amenazas contra defensores de derechos humanos que tuvo lugar el año pasado.

Es obvio que la violencia contra la población civil no desaparecerá con la firma de un acuerdo. Por eso es tan importante que la labor humanitaria en el posacuerdo –y su financiación– se integre al esfuerzo de construir la paz desde el día después.

*Jefe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia.
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