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Opinión

  • | 2015/04/22 17:35

    El cese al fuego bilateral sí es constitucional en el marco del proceso de paz

    Si el móvil último de la fuerza pública es la convivencia pacífica y evitar la guerra, un cese bilateral al fuego no está fuera de contexto.

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En contravía de quienes sustentan que el cese bilateral al fuego es inconstitucional, aclaro que tanto las facultades otorgadas por la constituyente de 1991 como los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, obligan al Presidente de la República a garantizar la paz de los colombianos y a evitar la guerra, autorizándolo para adelantar todas las acciones dirigidas a cumplir esos deberes.

Así lo sentenció el Consejo de Estado, en una acción de tutela que interpuse en época electoral para que garantizara la continuidad del proceso de paz de La Habana en el evento en que el Presidente Santos no hubiera sido reelegido: “(…) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que si bien la búsqueda de la paz implica que el Estado debe evitar la guerra en principio, en caso de que ocurra un conflicto inevitable su obligación consiste en establecer mecanismos sociales y jurídicos que permitan su solución pacífica.”
 
En precedencia, la Corte Constitucional reveló en las Sentencias C-328/00, C-179/94, T-102/93 y C-579/13 que: “El principio de dignidad humana y el derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la guerra sino que, en caso de un conflicto inevitable, obligan al Estado a morigerar sus efectos. En este sentido, se ha reconocido que en relación con los conflictos armados el primer deber del Estado “es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan que los diversos conflictos sociales tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica resolución”. Dado esto, "la convivencia pacífica es un fin básico del Estado, por lo cual constituye el móvil último de las fuerzas del orden constitucional, un presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y una condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales.”
 
Si el móvil último de las fuerzas del orden constitucional, dentro de las cuales se encuentra la fuerza pública, es la convivencia pacífica y el deber de evitar la guerra, un cese bilateral del fuego no está fuera de contexto.
 
El artículo 189 constitucional le otorga la competencia a nuestro Presidente, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, potestad para “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”.
 
En cuanto a la facultad de “disponer”, y aplicando sus sinónimos de colocar, instalar, acomodar, poner, montar, ubicar, etc., el Presidente puede ubicar la fuerza pública, decretado un cese bilateral al fuego, en lugares estratégicos del territorio nacional para proteger a sus habitantes y sus bienes, evitando la guerra en un marco en el que las FARC empeñen su palabra en la recuperación del terreno perdido, preservando el concepto de permanencia de las Fuerzas Militares.
 
El conflicto hoy es inevitable, hecho que exige al Presidente morigerar sus efectos, y qué mejor manera de hacerlo que decretando un cese bilateral al fuego, lo que permitiría adelantar los acuerdos que faltan para lograr la paz con las FARC, sin la tragedia que representa la pérdida de vidas humanas y acortando los plazos de los acuerdos definitivos.
 
Algunas voces dicen que el cese bilateral al fuego es inconstitucional, sin que nadie fundamente ese estado, y por eso terminamos todos repitiéndolo. ¿O acaso en el gobierno de Pastrana no hubo cese bilateral del fuego, en el marco de una zona de distensión?

(*) Abogado constitucionalista
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