Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2017/08/07 11:16

    Corte protege la unidad familiar de los internos con regaño al Inpec

    Si bien las personas privadas de la libertad tienen limitado su derecho a la unidad familiar, éste adquiere una connotación especial cuando su núcleo familiar se encuentra integrado por menores de edad.

COMPARTIR

La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez, en la reciente Sentencia T-714/16, protegió el derecho fundamental a la unidad familiar de personas privadas de la libertad advirtiéndole al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – que su facultad discrecional de decidir sobre los traslados de los internos no es absoluta porque debe atender a los principios constitucionales para evitar desarticular la institucional familiar.

El caso se presentó a partir de la interposición de una acción de tutela promovida por el esposo de la interna Marbely Sofía Jiménez Pérez, condenada a 39 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir, buscando el restablecimiento del vínculo familiar con sus tres menores hijos, entre ellos, una en periodo de lactancia.

El legislador es sabio cuando en el Código de Procedimiento Penal permite que las mujeres madres cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, imputadas de un delito cualquiera, puedan purgar sus penas en el lugar de su residencia y con permiso para trabajar, garantizándose la unidad familiar y su manutención.

Este precepto obedece a estándares universales en materia de protección a las mujeres aún cuando éstas hayan incurrido en conductas que atentan contra los bienes jurídicos protegidos por el poder punitivo del Estado.

En desarrollo de estos contenidos normativos, el juez constitucional intervino ante una arbitrariedad desplazando la acción de un juez ordinario para evitar “una carga desproporcionada de cara a la posible vulneración del derecho fundamental a la unidad familiar”, por lo que consideró este asunto como una controversia que revistió especial relevancia constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.

No es la primera vez que la Corte se ha pronunciado en ese sentido y por el contrario ha sido consistente en señalar que “la unidad e integridad de la familia hace parte del ámbito de protección constitucional de la institución familiar”. Desde esta óptica, “la familia no puede ser desvertebrada en su unidad ni por la sociedad ni por el Estado, sin justa causa”, menos cuando median menores de edad, porque existe un mandato constitucional que consagra el derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella.

En contexto: Corte Constitucional ordena revolcón en política carcelaria

Si bien las personas privadas de la libertad tienen limitado su derecho a la unidad familiar, éste adquiere una connotación especial cuando su núcleo familiar se encuentra integrado por menores de edad, “por cuanto la Constitución le otorga una protección reforzada a los niños, la cual se ve proyectada en los casos en que éstos se ven privados del contacto con sus padres recluidos en establecimientos penitenciarios.”

Así se ha construido el fundamento constitucional que entiende las restricciones al derecho a la unidad familiar aplicadas estrictamente cuando sean necesarias para lograr los fines del establecimiento carcelario, el cometido principal de la pena que es la resocialización de los internos y la conservación de la seguridad, el orden y la disciplina dentro de las cárceles, es decir, no es ni será un pretexto para que por vía jurisprudencial se patrocine la impunidad.

De la talla de la Sentencia proferida en la tutela estudiada, observo que la Corte Constitucional colombiana avanza sensiblemente en aspectos que la justicia ordinaria se niega a abordar sin rubores, como la familia, el cuidado de nuestros hijos, “el amor”, la educación y las formas aptas de desarrollo infantil. Adjudico este progreso a que esa Corporación mantiene en su seno una cuota femenina importante.

Particularmente considero que en la plausible providencia, la Corte Constitucional se quedó corta, porque la advertencia al INPEC para que no vuelva a incurrir en las acciones arbitrarias tuteladas y para que de estricto cumplimiento a las reglas jurisprudenciales en la materia, debió ser objeto de compulsa de copias para la investigación de un presunto fraude a resolución judicial o prevaricato por omisión.

Las autoridades judiciales, las penitenciarias y las carcelarias tienen un deber constitucional emanado del tenor literal del artículo 44 superior que consagra que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España – Abogados Constitucionalistas.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1850

PORTADA

El hombre de las tulas

SEMANA revela la historia del misterioso personaje que movía la plata en efectivo para pagar sobornos, en el peor escándalo de la Justicia en Colombia.