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Opinión

  • | 2015/03/27 09:00

    Un voto concurrente, la salida al proceso de paz

    El Presidente podrá aplicar el voto concurrente y satisfacer los requerimientos de los opositores al proceso de paz e imprimir el sello de justicia y legalidad a la negociación.

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Un voto concurrente proferido por el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Diego García-Sayán, en la Sentencia del 25 de octubre de 2012 dentro del caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños versus El Salvador, es la salida al proceso de paz de La Habana, Cuba, en los términos de justicia sin impunidad que vienen requiriendo tanto el Procurador General de la Nación, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido.
 
En ese voto concurrente está plasmada la forma como se debe resolver la tensión entre justicia y reconciliación para no dificultar o diferir la concreción de otros componentes sustanciales del proceso, como por ejemplo, la reparación a las víctimas y la verdad, aún cuando la aspiración de la justicia penal debe ser efectivizar satisfactoriamente tres ámbitos: 1) el de la actividad orientada a investigar y esclarecer los hechos; 2) el de la identificación de las responsabilidades individuales; y 3) el de la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de las violaciones.
 
A decir del Juez García-Sayán, el derecho de las víctimas debe considerarse en un adecuado ejercicio de ponderación que permita la aplicación de una justicia transicional propia de los procesos de pacificación y reconciliación. En ese contexto, el voto concluye dos aspectos fundamentales:
 
1. Se pueden diseñar pautas específicas para el tratamiento de los responsables de las más graves violaciones abriendo el camino, por ejemplo, de priorizar los casos más graves como ruta de manejo de una problemática en la que podrían ser, en teoría, muchos miles los procesados y atender los casos de menor gravedad a través de otros mecanismos.

2. El reconocimiento de responsabilidades por parte de los máximos líderes puede contribuir a promover un proceso de esclarecimiento tanto de los hechos como de las estructuras que hicieron posible esas violaciones. La reducción de penas, la concesión de penas alternativas, la reparación directa del perpetrador a la víctima, el reconocimiento público de responsabilidad, son otras vías que se pueden considerar.
 
Estas conclusiones son las líneas jurisprudenciales que el presidente Santos debe aplicar para lograr los consensos requeridos a fin de consolidar el proceso de paz armonizado con una justicia transicional que cumpla los estándares internacionales.
 
Y esa línea jurisprudencial es vinculante, pues el voto concurrente de una sentencia, que no es un voto contrario a la decisión mayoritaria, está contemplado por el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Capítulo que trata sobre las Sentencias, cuando establece en su artículo 65, que “Todo Juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la sentencia su voto concurrente o disidente que deberá ser razonado.”
 
Cuando el reglamento de la CIDH habla de que todo juez tiene derecho a “unir” a la sentencia su voto concurrente, quiere decir, que ese voto es parte integrante de la sentencia y por lo tanto, también tiene fuerza vinculante. Al derecho lo caracteriza el debate, y en éste en particular, en cuanto a esa fuerza vinculante, me la juego a su favor.
 
Recordemos, que a su vez, las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, a la voz de la Sentencia T-558/03 de la Corte Constitucional que establece: “…la doctrina se limita a distinguir entre los  actos de los órganos judiciales internacionales, que pueden ser  ‘sentencias’, las cuales tienen efecto vinculante y hacen tránsito a cosa juzgada…”.
 
Así, el Presidente Santos podrá aplicar ese voto concurrente, satisfaciendo los requerimientos de los opositores al proceso de paz e imprimiéndole el sello de justicia y legalidad a la negociación que se surte en La Habana, Cuba.
 
* Abogado Constitucionalista.
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