Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/06/28 11:21

Otro vergonzoso aumento de salario de los congresistas

El sistema de remuneración de los congresistas y otros altos funcionarios no guarda proporción con la realidad económica del país y es producto de una larga cadena de decisiones cuestionables.

Germán Manga.

A partir de hoy y con carácter retroactivo al primero de enero del 2016, los congresistas colombianos tendrán un salario mensual de $27.929.064. Será misión imposible que el gobierno que decretó el aumento y el propio Congreso, cuestionado como siempre por ausentismo, clientelismo y corrupción, justifiquen y salven de la indignación popular esa decisión, mala para la democracia y nefasta para las finanzas públicas. 

Mientras el salario mínimo de los millones de colombianos que trabajan  ha crecido en los últimos años a un escaso promedio del 1,5% anual, los congresistas, que ganaban $714.665 en 1.991 hoy ganan $ 27‘929.064, a lo cual hay que agregar tres primas, plan de telefonía móvil, vehículo blindado, entre muchos otros privilegios. 

Un estudio de la organización Our Generation  estableció que en Estados Unidos la relación de la remuneración de los congresistas respecto del ingreso de la población, era 3.4 en Estados Unidos, 2.8 en Alemania, 2.0 en Francia y 1.4 en Noruega. En Colombia es 17, una vergüenza en un país con 13 millones de personas en la pobreza.

El sistema de remuneración  de los congresistas es un plato envenenado que dejó la Constitución de 1991. Antes de la Carta, los aumentos de sueldo se hacían por leyes que aprobaba el propio Congreso. El artículo 187 de la Constitución estableció que su salario "se reajustará cada año en proporción al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos de la administración central".  Esta disposición  los pasó de subir por la escalera a volar en cohete gracias a los enormes  incrementos que ha tenido desde entonces la remuneración de los funcionarios de la rama judicial (algunos de más del 100%), miembros de la Fuerzas Militares y de Policía, maestros,  trabajadores de la salud, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, comisiones de regulación, etc.

Al subir la remuneración ponderada de la administración central,  sube el salario de senadores y representantes, con  efectos devastadores para las finanzas públicas porque además, a la remuneración de los congresistas está atada la de muchos otros funcionarios: magistrados de las altas cortes, Procurador y  Contralor, magistrados de Tribunal, jueces, fiscales y procuradores judiciales, entre otros.

El Congreso ha reforzado ese marco excepcional con leyes en su propio beneficio. Nada lo resume mejor como su régimen de pensiones –ley 4 de 1992-. Mientras que un colombiano común se pensiona con el promedio de los salarios que cotizó en los 10 años anteriores a la edad exigida, los congresistas se jubilan con el ingreso mensual promedio del último año (que incluye además todos los conceptos: salarios, viáticos, primas, etcétera).  Una ventaja 10 a 1.

Mientras un ciudadano del común recibe como pensión 65% del Ingreso Básico de Liquidación (IBL) y hasta 8% si tiene más de 1.400 semanas cotizadas, el congresista recibe mínimo 75% del IBL, sin límite de cuantía, otro privilegio exorbitante e injustificado de gran impacto en las finanzas públicas y en el sistema pensional. Este sistema es insostenible. El régimen estatal de pensiones cuesta 5%del PIB al año y a mediano plazo quebrará el sistema de pensiones.  

Y es en el tema salarial donde además se hace más visible el sistema de chantajes, dádivas y contraprestaciones que caracteriza a la política colombiana.  En el año 2013 dos sentencias del Consejo de Estado les quitaron a los congresistas las primas de localización y de salud por 8 millones de pesos que recibían irregularmente desde 1992.  Tras un breve ‘plan tortuga’ que hicieron a iniciativas como el referendo de la paz y la reforma de la salud, el gobierno les expidió el decreto 2170 del 2013,  que estableció “una prima especial de servicios”  para los congresistas equivalente a $7’898.445, que de acuerdo con el propio gobierno “sustituye para todos los efectos las primas de salud y de localización y vivienda”.

En Colombia el sistema de remuneración  de los congresistas –y de los magistrados y otros altos funcionarios- no guarda proporción con la realidad económica del país, en raros casos con la calidad e intensidad del trabajo que realizan y es producto de una larga cadena de decisiones ventajosas y espurias, que sin embargo algunos defienden a muerte. La Corte Constitucional puso un freno a las mega pensiones  en mayo de 2013 y estableció como máximo de toda mesada pensional mensual a 25 salarios mínimos. El Consejo de Estado y la Procuraduría iniciaron una ofensiva para derogar esa medida, que terminó, al menos provisionalmente, en octubre de 2015 cuando la Corte Constitucional ratificó el límite.

En nuestro país 84% por ciento de los trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos y 49% menos de un salario mínimo. Con una desproporción 17 a 1  respecto de lo que gana la gente, nuestro sistema de “mega salarios” y “mega pensiones” para congresistas y otros poderosos pervierte la política y la democracia  y es insostenible económicamente en un país pobre, que necesita y reclama equidad y justicia. Una buena decisión para ajustarlo sería que los salarios de los congresistas se incrementen anualmente con referencia al índice de precios al consumidor, como el de los demás colombianos. Pero es utópico esperar un acto de rectitud y sensatez de ese tamaño de una corporación en la que 60 congresistas han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia en los últimos 7 años por delitos graves  y donde la mayoría de los que están libres tienen poco respeto por lo público y escasos límites éticos para legislar en su propio beneficio.

@germanmanga

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