Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/10/22 15:54

Con 200 mil hectáreas de coca no hay paz posible

Más allá de los violentos debates entre santistas y uribistas, la multiplicación de cultivos y lo acordado con las FARC al respecto, plantean graves amenazas a la seguridad de los colombianos.

Germán Manga. Foto: Semana.com

En su más reciente reporte sobre cultivos ilícitos en Colombia, la Oficina de las Naciones Contra la Droga y el Delito (Unodc) indica que somos nuevamente número uno en el mundo en plantaciones de coca, que aumentaron 39 % entre 2014 y 2015, hasta alcanzar 96.084 hectáreas. Recién posesionado como Fiscal General, Néstor Humberto Martínez manifestó que las hectáreas de coca sembradas podrían superar “con creces” las 100 mil y fuentes del gobierno de Estados Unidos han sugerido que podrían llegar a 200 mil.

Mares de coca. Esa herencia inquietante y difícil del proceso de paz, crucial para el país, está más allá de los violentos debates entre santistas y uribistas en torno al Sí o el No al Acuerdo con las FARC. El narcotráfico y su actividad gemela –la minería criminal- son, de lejos, el principal factor de perturbación que enfrenta Colombia, la mayor fuente de violencia, de homicidios, de inseguridad y de corrupción.

Desde esa perspectiva resulta alarmante el crecimiento exponencial de la coca que ocurrió en nítida coincidencia con los tiempos del proceso y en las zonas de influencia de las FARC: Nariño (72 %), Norte de Santander (66 %) y Putumayo (47 %) en donde se produce más del 80 % de toda la coca en Colombia.

El fenómeno se originó en presiones coordinadas desde las zonas cocaleras, de las cuales es emblema el paro de 53 días del año 2013, organizado por agentes de las FARC en el Catatumbo, para exigir el cese de las fumigaciones con glifosato y de la erradicación manual, que el gobierno, en voz baja, les concedió. Tres años después es palmario que en el Catatumbo y en todo el país fue desactivada la política antidrogas que traía el gobierno desde los años 90, lo cual explica en buena parte el crecimiento inusitado de los cultivos.

El Acuerdo es un gran salto adelante en esa misma dirección. Desde la discutible premisa que la actividad se fundamenta en la pobreza y marginalidad de los campesinos cocaleros, consagra la legalización de los cultivos y la inimputabilidad de los cultivadores. Sin entrar en el debate político, sorprende que omitieran que las 74 mil familias -más de 300 mil personas- que según el SIMCI están vinculadas a esa actividad, no llegaron a las zonas por milagro. El acuerdo no menciona a los responsables de llevarlos, instalarlos, organizarlos y ponerlos a trabajar a su servicio.

Las FARC y los demás protagonistas del narcotráfico van ganando al mismo tiempo el debate público para detener la erradicación con glifosato. Su logro principal es quizás que la opinión pase por alto la destrucción que han realizado en los últimos 15 años, de más de un millón de hectáreas de selva amazónica y pacífica -incluyendo zonas de Parques Nacionales-, con herbicidas, fungicidas e insecticidas mucho más tóxicos como el Paraquat, el Clordano y el 2,4D. Más el vertimiento intensivo de químicos en suelos, ríos y fuentes de agua, en el proceso de convertir la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.

El Acuerdo les otorgó a las FARC -sobre los demás actores-, el privilegio de definir la nueva y compleja institucionalidad para enfrentar el fenómeno –PNIS, PISDA, PDET, PNN, entre otras-. Creó para el Estado la obligación de negociar y concertar los planes de sustitución con las comunidades y de proporcionar durante el primer año a los cultivadores y sus familias, dinero en efectivo, mercados y asistencia, una estrategia explicable, al menos desde la teoría, en un nuevo intento por lograr el cambio. Ya en la práctica, es contundente que todos los ensayos de sustitución de cultivos y “desarrollo alternativo” que ha intentado el país durante los últimos 30 años han fracasado, entre otras razones porque las FARC y los demás actores del narcotráfico controlan milimétricamente la vida, la actividad y los negocios en los cultivos y porque no existe ningún producto que pueda aportar a los campesinos los ingresos que les dan la coca y la amapola.

En las propias zonas cocaleras se dice que las FARC incitaron a sus comunidades a sembrar más para obtener mayores beneficios en los programas de sustitución que resultaran de los acuerdos. El gobierno tiene ahora el reto de interesar y vincular a las Bacrim, el ELN y a la delincuencia común, en la nueva política. Y la amenaza de que el marco de beneficios produzca el efecto contrario de incentivar a más campesinos a subirse al tren de la alegría, -seguro, remunerado e impune-, de los cultivos ilícitos.

La principal inquietud surge de todas maneras de la elemental consideración de que los cultivos se convierten en cocaína y ésta en enormes cantidades de dinero. En un interesante análisis en Razón Pública el experto Santiago Uribe señala que de las 34 mil hectáreas de coca ubicadas en cinco municipios que congregan 36 % de los cultivos, donde están las FARC con otros actores armados, se pueden extraer 286 toneladas de cocaína al año, que dejan utilidades por 4,7 billones de pesos. Si hay sembradas cerca de 200 mil hectáreas de coca, es fácil concluir la clase de amenaza que enfrenta Colombia en materia de violencia, corrupción e inseguridad.

El presidente Santos y la cúpula de las FARC luchan entre tanto por mantener el acuerdo. El expresidente Uribe por eliminar la conexidad del narcotráfico con el delito político y la impunidad que lee en lo pactado. Falta gente –ojalá mucha- que pelee por la seguridad y la vida de los colombianos, por los principios y el orden, por los parques naturales, la frontera agrícola, el cuidado del agua y del suelo. Por todo el patrimonio común que arrasaron y siguen arrasando el narcotráfico y la minería criminal en nuestro país.

* En Twitter: @germanmanga

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