Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/02/17 13:15

El morbo, Palomino y la Policía

Vicky Dávila y la Fiscalía salieron damnificados. Pero los peores daños recaen en la Policía Nacional corroída por graves manifestaciones de inoperancia y corrupción.

Germán Manga.

En Colombia sólo un video sexual explícito logra demoler la indiferencia, la apatía, la incompetencia y la cadena de complicidades que atrofian y frenan la acción del Estado en casos protuberantes de ilegalidad y corrupción de algunas entidades.

Esa es la gran lección que dejan las renuncias de esta semana del viceministro del Interior Carlos Ferro  a su cargo y del general Rodolfo Palomino  a la dirección de la Policía como consecuencia de la milimétricamente calculada denuncia del Procurador Alejandro Ordóñez sobre la llamada “Comunidad del anillo”.

Es posible que en el mediano y largo plazo  las consecuencias de lo sucedido resulten positivas para el país, pero el balance inmediato es desolador y deja mal parados a todos sus protagonistas.

Sale lesionada en su prestigio personal y profesional Vicky Dávila –siempre en busca de reconocimiento y valoración como periodista seria- al haber divulgado el video que filmó con intenciones sórdidas el capitán Ányelo Palacios. Es una clara trasgresión de la ética periodística que obliga el respeto por el honor, la intimidad, la propia imagen de las personas y a los derechos de la infancia y la juventud. Ella misma, que por sus singularidades y exuberancias es blanco constante de encarnizados ataques en las redes sociales  -algunos por lo demás bastante injustos-, tendría que haber valorado con serenidad y buen juicio los irreparables daños que su decisión ocasionaría a los hijos y a la familia del ex viceministro Ferro. Ni hablar del capitán Palacios que alborotó su propio avispero y su pasado judicial, que incluye, como lo denuncia el periodista Edgar Artunduaga, infracciones mayores al código penal.

El efecto del video fue demoledor porque movió la moral judeocristiana del Procurador Alejandro Ordóñez.  El general Palomino no tenía opción diferente a renunciar porque la Procuraduría avaló las denuncias en su contra por “incremento injustificado en su patrimonio, seguimiento a un grupo de periodistas y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución al interior de la institución”.  Pero también deben explicaciones sobre el tema todos los directores generales que ha tenido la Policía en los años que abarcan los hechos.

Minada como nunca antes en su prestigio y majestad por una sucesión de graves escándalos y cuestionamientos la Fiscalía General de la Nación queda también en el blanco de la opinión con este caso pues se hizo evidente que pese a tener denuncias claras sobre el eventual proxenetismo en la Policía no ha hecho absolutamente nada al respecto en el vergonzoso lapso de 10 años.  Para que nada quede en la impunidad, ad portas del cambio de Fiscal, es urgente que este tema se convierta en prioridad en la agenda de la nueva administración para investigar lo correspondiente a la Policía y a lo que haya detrás de la negligencia e inacción de la propia Fiscalía. 

Pero los peores daños recaen en la  Policía Nacional corroída por graves manifestaciones de inoperancia y corrupción. La atención que suscitan las guerras de poder entre la alta oficialidad que están detrás de las denuncias de estos días pone en segundo plano el más antiguo y grave problema estructural que enfrenta la institución que es la pérdida de la moral y la corrupción galopante en el nivel ejecutivo, más de 100.000 hombres y mujeres, la fuerza más grande de la policía y quienes están en contacto día a día con los ciudadanos, en origen parte de los antiguos agentes y suboficiales y 35.000 personas que se incorporaron en 1994.

Sólo cuando fueron avanzando en su carrera el gobierno comprendió la dimensión de las obligaciones económicas que conllevaba lo cual ocasionó que les incumplieran en materia grave e ilegal en sus ascensos.  El paso de patrullero a subintendente, intendente, subcomisario y comisario se convirtió en un camino de espinas, por falta de recursos económicos. Para frenar la dinámica de la carrera, sin pudor y sin contemplaciones les han ido cambiando en forma ventajosa e injusta  las reglas de juego y les han impuesto nuevos requisitos. Incluso, mediante el decreto 4433 de 2004, les cambiaron los tiempos de retiro y aumentaron  la media pensión de 15 a 20 años y la pensión completa de 20 a 25. Varios de los afectados demandaron y en el año 2012 el Consejo de Estado les dio la razón. La respuesta del gobierno fue emitir otro decreto, el 1858 de 2012, que ratificó los tiempos del decreto anterior.

La inoperancia, la falta de mística, la corrupción que afecta al sector más numeroso y representativo de la Policía se deben a esta crisis: el incumplimiento de la ley y de obligaciones fundamentales por parte del mismo gobierno. Ojalá la atención que suscitó la publicación del video sexual explícito de esta semana alcance para que, además de las relativas a la corrupción de la oficialidad, también se tomen las acciones urgentes e inaplazables que demanda el muy sufrido Nivel Ejecutivo, que es donde están varios de los mayores problemas que enfrenta la Policía.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.