Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2015/12/21 17:00

El viaje de un refugiado desde Venezuela hasta el infierno

Desde el 11 de septiembre la vida de Iván Bustos ha sido un peregrinaje incesante e inútil por despachos oficiales: DIAN, ICA, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional.

El viaje de un refugiado desde Venezuela hasta el infierno

La noche del pasado 25 de agosto, Iván Enrique Bustos Sosa, 54 años, un campesino oriundo de El Carmen, Norte de Santander, logró pasar en la oscuridad desde Venezuela hasta Colombia por un sector conocido como La Mulata hasta Santa Cecilia, en la vía Cúcuta-San Faustino. El recorrido duró cuatro horas a pie y al final del mismo se sintió bendecido por Dios porque logró eludir las temibles patrullas de la Guardia venezolana y porque sus 11 vacas lecheras, lo único que logró salvar de todo su patrimonio, completaron la travesía sin novedad.

Como miles más de colombianos que tuvieron que huir ese mes del repentino y disparatado acoso del gobierno de Nicolás Maduro contra los colombianos, al llegar a Cúcuta, proveniente de Pedro María Ureña en Táchira, Iván Enrique documentó su caso ante la ACNUR y reportó sus vacas a las autoridades con miras a legalizarlas rápidamente porque eran la única fuente de sustento para él y su familia. Al hacerlo cometió, sin saberlo, el peor error de toda su vida.

Mientras la Unidad para la Gestión de Desastres, el ICA y la Defensoría del Pueblo estudiaban una solución al caso, los animales se fueron deteriorando víctimas de la alimentación irregular y de las altas temperaturas. Dos semanas después le informaron que los bovinos debían ser sometidos a cuarentena para prevenir la aftosa pero que no disponían de un predio para el efecto. Él consiguió la finca de un amigo y procedieron al traslado en compañía de funcionarios del ICA pero una patrulla de la Policía Fiscal y Aduanera los detuvo en el camino y el sargento al mando de la misma dispuso el inmediato decomiso de las vacas. No atendió razones del campesino, de sus acompañantes, ni aceptó los documentos de la ACNUR ni de las autoridades colombianas que explicaban los antecedentes y ordenó a sus hombres llevarlas a una finca llamada Capachito, en calidad de contrabando.

Desde ese día, 11 de septiembre de 2015, la vida de Iván Enrique Bustos ha sido un peregrinaje incesante e inútil por despachos oficiales: DIAN, ICA, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, a los cuales acude todos los días en busca de que le devuelvan sus vacas.

Cuando completaba 45 días de andar de oficina en oficina fue recibido por el director regional de la DIAN, José Mauricio Villán Díaz, quien le manifestó que las vacas estaban en cuarentena y decomisadas en favor de la nación pero que a petición del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, serían donadas a esa entidad que se las devolvería como forma de cerrar la atención humanitaria. Le dijo también que el 19 de octubre se había practicado una prueba de sangre a los animales para una segunda cuarentena y que cuando el ICA garantizara que estaban libres de aftosa, le serían devueltas.

Nada de eso sucedió. Por el contrario, todas las gestiones que realiza desde entonces terminan en portazos. La última vez que vio sus vacas fue en noviembre y estaban en los puros huesos. Hoy ya no sabe cómo están porque la DIAN no le permite acceder a Capachito, Carlos Iván Márquez, director de la (UNGRD), no volvió a Cúcuta desde que cerró el último albergue y la única vez que logró comunicarse con su despacho le dijeron que estaba en París. Todos los días sin falta va a la DIAN donde jamás logra pasar de la recepción. Siempre le dicen que el director o las personas a cargo están de viaje u ocupadas y que no lo pueden atender.

Iván Enrique Bustos y su esposa piensan a toda hora en sus vacas “carolas” -9 colombianas y 2 venezolanas, cruce de Pardo Suizo, Jersey y Holstein y en los 20 a 25 litros de leche que daba cada una, que son su presupuesto para vivir. Sus dos hijos suspendieron sus estudios y consiguieron empleos para mantenerlos mientras superan la crisis. Pero las últimas noticias que recibieron no son buenas. El pasado 12 de diciembre Andrés Ávila, subdirector comercial de la DIAN en Cúcuta, anunció sin aportar mayores detalles que las vacas serían sacrificadas. Iván no logró dialogar con él ni pudo entrar a Capachito, pero el pasado viernes supo por alguien que se afligió de su situación que seguían ahí, en condiciones precarias y que una murió en trance de parto.

Iván es un veterano en luchas contra la violencia y contra la adversidad. A Venezuela llegó en 1999 después de que fuera rescatado en El Carmen con su familia por un helicóptero del Ejército que los salvó del acoso del ELN que quería matarlos por no acceder a extorsiones. Pero esta vez siente que está punto de caer en su lucha desigual contra una burocracia que persiste en ignorar la excepcionalidad de su caso, contra un sargento de la policía que actuó en forma irregular e irresponsable y contra una DIAN que no da la cara ni toma decisiones.

Funcionarios como el Defensor del Pueblo de Norte de Santander, William Eduardo Tarazona, el director regional del ICA Víctor Julio Páez y Víctor Bautista, asesor de la Canciller María Ángela Holguín en el plan fronteras, conocen el caso y han tratado de mediar sin resultado alguno hasta la fecha. “La burocracia es ciega, sorda, muda y considera idiotas a los que acuden a ella” editorializó el prestigioso diario La Opinión de Cúcuta, que además ha publicado más de diez informes sobre el caso. Algo es seguro: si hubiera pasado sus vacas escondidas, como hicieron otros refugiados que trajeron miles de cabras, pollos, cerdos, caballos y bovinos en medio de la emergencia social, no se las hubieran quitado. Él lo dice con sus propias palabras: “Me duele decirlo pero ser honesto no paga. Aquí a los honestos nos tratan peor que a los bandidos”.

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