Fisuras e imperfecciones del sistema electoral

Asestar un golpe sorpresivo y fuerte a las organizaciones criminales que impulsan la trashumancia electoral en nuestro país parecería una idea loable y oportuna. Hay que lamentar por ello que el intento de estos últimos días haya resultado un tiro al aire que lejos de fortalecer la democracia puso al desnudo, una vez más, debilidades y flaquezas del documento de identidad, reservas sobre la rectitud y transparencia de la Registraduría, así como de la competencia y eficiencia del Consejo Nacional Electoral.

“Cinco horas y $130.000 bastan para una licencia y una cédula ‘chimbas’ “, tituló hace unos meses el diario El Heraldo de Barranquilla, una investigación que demostró que frente al Centro Cívico y la Registraduría de esa ciudad comercian, a plena luz, documentos falsos que se obtienen en pocos minutos, un caso que se replica en muchas otras ciudades del país.

Nuestra cédula de ciudadanía no es un documento confiable. El país renunció a tener un documento seguro y de alta tecnología en 1997 cuando al parecer bajo la presión de un grupo político, con apoyo en un lobby intenso de relacionistas y abogados, la Registraduría contrató con la empresa francesa Sagem la renovación de la cédula, un acto controvertido por expertos en derecho y en tecnología por desventajoso para el país. Se cuestionó que quedaron comprometidos derechos de propiedad industrial e intelectual en favor de la empresa contratista y que por graves precariedades tecnológicas la nueva cédula no ofrecía plenas garantías de seguridad.

Que el documento de identidad no sea confiable favorece a delincuentes que viven de la suplantación, el fraude, la corrupción, la doble identidad. Facilita malas prácticas en temas vitales como pensiones o servicios sociales básicos y fraudes en el sistema electoral. La realidad confirma que los beneficiarios de ese caos han logrado detener eficazmente todas las iniciativas para poner orden y seguridad en la identificación de los ciudadanos en nuestro país.

No resulta fácil sustentar que la Registraduría Nacional del Estado Civil sea una entidad seria, confiable y eficiente. Ha tenido avances importantes en algunos procesos y tiene funcionarios probos y ejemplares pero también son constantes y omnipresentes en las elecciones denuncias de corrupción y malas prácticas. Pero además la historia del propio registrador Carlos Ariel Sánchez no es tranquilizante. En el inicio de su labor se pidió declarar nula su elección por la condena que recibió por una conducta mientras se desempeñaba como contralor distrital de Bogotá. En sus 8 años en el cargo ha enfrentado acusaciones por la alteración de resultados en la elección del Senado en el año 2010 y por las actividades de su firma Procesos Electorales en la cual fue socio de Alfonso Portela Herrán, posteriormente director de gestión electoral de la Registraduría, y Henry Villarraga Oliveros, cuestionado magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Su negocio era asesorar y rescatar jurídicamente con métodos audaces a candidatos que perdían elecciones. El Registrador también fue denunciado públicamente por el expresidente Uribe con motivo del referendo de 2003 y por el presidente Juan Manuel Santos en 2011 porque a las campañas de los candidatos a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero y Susana Correa les estaban exigiendo millonarias sumas de dinero a cambio de no invalidar las firmas que soportaban su inscripción en la contienda electoral. Ha sido investigado por la Fiscalía por concusión, alteración de resultados electorales, y por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros. Hasta ahora ha logrado sortear con éxito sus líos judiciales pero varios de los funcionarios encargados de investigarlo se han quejado de sufrir por ello una especie de “matoneo judicial disciplinario”.

A ese panorama ya bastante inquietante se suma el aporte de los últimos días del Consejo Nacional Electoral en su intento de detectar masivamente infractores de trashumancia electoral a través de un cruce de bases de datos del Fosyga, Sisbén, Anspe y censo electoral 2011, realizado en forma improvisada, sin metodología rigurosa ni refinamiento técnico como lo denunciaron los magistrados Armando Novoa y Ángela Hernández. Un sorprendente intento moralizador y ejemplarizante –la anulación de 1.605.000 inscripciones de cédulas- que terminó en fiasco, con atropello de los derechos de miles de votantes, multitud de reclamos, la engorrosa aceptación del error por parte del CNE y la consecuente revocación de parte de lo dispuesto.

Zozobra, inquietud, inseguridad provoca, con razón, entre los votantes, un sistema electoral con tantas fisuras e imperfecciones, cuya reforma y modernización es una de las mayores prioridades de la agenda nacional. Los últimos sucesos causan además enorme incertidumbre respecto de las elecciones del domingo marcadas en varias de las principales ciudades por empates en las encuestas entre los candidatos favoritos. Y todo el conjunto envía a los ciudadanos el mensaje de un contenido espurio, intranquilizante, perturbador, no solo ante el evento electoral de esta semana sino respecto del resultado de los que se han realizado en los años anteriores.