Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/05/12 19:25

La extensa historia criminal del ELN

La verdadera paz no consiste en firmar acuerdos con los grupos armados ilegales sino en concretar con ellos el fin del narcotráfico y de la minería ilegal.

Germán Manga.

Raro momento escogió la Fiscalía General de la Nación para imputar a la cúpula del ELN 15.896 hechos delictivos, ocurridos entre 1981 y el año 2015: en la antesala de la firma del acuerdo con las FARC y cuando las expectativas de un proceso de diálogo con el ELN tambalean por malas decisiones y pésimas declaraciones de sus dirigentes –la más reciente que el cese de los secuestros,  condición impuesta por el gobierno  “es un impedimento para la paz”-.  

No eran necesarios “un trabajo de años” ni los algoritmos de Natalia Springer para acotar la extensa historia criminal de los “elenos”.

El dirigente estudiantil Jaime Arenas, en su libro “La Guerrilla por dentro”  denunció en los años 70 las ruindades, mezquindades y el espíritu prejuicioso y asesino que vició la dirigencia del ELN desde sus primeros tiempos. La desilusión y el pánico con el que líderes estudiantiles,  idealistas y comprometidos con una revolución local a la cubana, descubrieron al llegar al monte el ambiente inquisidor,  de odios e intrigas, que impusieron a su organización los hermanos Vásquez Castaño,  con sesiones de autocrítica, juicios sumarios y condenas a muerte, un frenesí que les costó vida, entre muchos otros a Ricardo Lara Parada, Víctor Medina Morón, Julio César Cortés, Heliodoro Ochoa, Hermídas Ruiz, Carlos Uribe, Enrique Granados y al propio Jaime Arenas quien logró huir después de la sentencia, pero fue asesinado en 1971 por un comando urbano en Bogotá.

Nada es inspirador, ni valioso, ni constructivo, en la historia del ELN, inmersa desde sus primeros días hasta el presente en episodios de horror y de dolor, matanzas entre sus filas y todas las atrocidades posibles contra la población: asesinatos, secuestros, minas, niños en la guerra, violencia contra las mujeres, atentados contra oleoductos, puentes, torres eléctricas. Casi derrotados militarmente lograron renacer en los 80 bajo el comando del cura Manuel Pérez “Poliarco” con atentados terroristas contra la industria petrolera y en los últimos 15 años con la misma fórmula de las Farc y las Autodefensas: la vinculación exitosa al narcotráfico y la minería criminal.

Ignorado deliberada o espontáneamente por muchos colombianos este es sin duda el elemento crucial de todos los procesos. Según el DNP el narcotráfico movió 2.1 billones de pesos en el país en 2014  y la minería ilegal 7.1 billones. La verdadera paz –la duradera, la estable, la que detendría la violencia- no consiste en firmar acuerdos con los grupos armados ilegales y menos aún en poner en marcha procesos judiciales en su contra, sino en concretar con ellos el fin del narcotráfico y de la minería ilegal en Colombia.

Algunos pronunciamientos de los máximos líderes del ELN  sobre la paz –como también los de Timochenko e Iván Márquez, Álvaro Leyva, Enrique Santiago y los demás voceros de las Farc- resultan afrentosos e impresentables para muchos colombianos, pero  son aceptados y hasta aplaudidos por otros.  Vivimos días de pugnas, radicalismos, odios, grandes antagonismos, la realidad de este país que desde los primerísimos años de Bolívar y Santander, es tan curiosamente adicto a la polarización. Pero ni la guerra sin cuartel que sueñan algunos ni la resistencia civil del Centro Democrático pondrán fin al sufrimiento de la gente víctima de los grupos armados ilegales, ni devolverán la tranquilidad a las regiones, ni podrán fin a la horrenda devastación del territorio y de las selvas.  Por eso en regiones como Chocó, Catatumbo, Putumayo o Caquetá es donde más se valora  la empresa de la paz negociada. 

Recordaba recientemente Alejandro Reyes en su columna de El Espectador la tesis de Mary Kaldor, profesora de la London School of Economics, que define las “nuevas guerras” como una combinación entre violencia política, crimen organizado y violaciones masivas de derechos humanos contra la población. En Colombia hay mucha gente que vive de la guerra –los políticos deshonestos, las mafias de la corrupción y del  contrabando, los despojadores de tierras, todo aquel que obtiene beneficios de la debilidad del Estado y de la inoperancia de la justicia-.

Los 15.896 expedientes del ELN son un regalo complejo y gravoso para una justicia tan ineficiente y congestionada como la nuestra, que fracasó estruendosamente con Justicia y Paz de la AUC y que tiene pendientes las definiciones del inmenso historial criminal de las Farc.

Los acuerdos de paz con todos –Farc, ELN, bandas criminales- son indispensables, pero no tendrán efecto alguno si no se desarrollan en una nueva realidad  de fin del  crimen  y de la impunidad, con justicia pronta y efectiva. Todos los colombianos –incluidos los “paracos” y los “castrochavistas”- tendríamos que encontrar consensos en torno a la meta de erradicar el crimen y fortalecer el estado de derecho, una tarea suprema, que interferida como está por encendidas disputas de egos y vanidades en la clase dirigente, parece cada vez más remota e imposible.  Por todo ello está por verse si la imputación de conductas de crímenes de guerra condenados por el Estatuto Penal de Roma, la Corte Penal Internacional y por el derecho penal internacional a la cúpula del ELN es un avance o una imprudencia tendiente a reforzar lo que confirman las encuestas: que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas piensan y sienten que el país todavía está muy lejos de la paz.    

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