Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/12/28 16:00

La paz sale del closet

Catatumbo es un excepcional ejemplo de la Colombia del conflicto y del posconflicto, una zona olvidada por el Estado, permeada por la ilegalidad, donde el Gobierno ejerce un precario dominio del territorio.

La paz sale del closet

Hace dos años más de 15.000 campesinos paralizaron durante 54 días una extensa zona de El Catatumbo, en Norte de Santander. Presentaron al Gobierno un pliego de peticiones de seis puntos pero pusieron fin a la protesta cuando les concedieron la suspensión de la aspersión y de la erradicación manual de cultivos ilícitos.

Según las autoridades antinarcóticos, a partir de estos hechos se registró un incremento por encima del 45 % en los cultivos en la zona que ahora tendría unas 9.500 hectáreas sembradas con coca y una extensión considerable de cultivos de marihuana. La protesta fue liderada por César Jerez, un singular dirigente que tiene una página web en nueve idiomas, incluidos ruso, danés y alemán, que lidera también la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que es una forma de asociación a través de la cual las FARC quisieran organizar territorios que cuentan con su influencia, después del acuerdo de paz.

Catatumbo es un excepcional ejemplo de la Colombia del conflicto y del posconflicto, una zona olvidada por el Estado, permeada por la ilegalidad, convulsionada por la violencia, donde el Gobierno ejerce un precario dominio del territorio y es ambiguo y poco claro quién ejerce la autoridad. Esa Colombia que a menos de tres meses de la firma del acuerdo hay que mirar con la mayor atención, no desde el deleznable y confuso panorama de las expectativas y los sueños aplazados de la firma de la paz, sino en el de las realidades y los hechos concretos del posible fin del conflicto.  

Hasta ahora el escenario ha estado dominado por las declaraciones beligerantes de los dirigentes de las FARC y por los constantes e irritantes alargues de la negociación. A estas alturas sería suicida no entender que el acuerdo que se firmaría define los perfiles de una Colombia muy diferente de la actual y una nueva arquitectura institucional para el país.    

Tan solo el punto uno de “Política de desarrollo agrario integral” pone en marcha la más ambiciosa reforma agraria de nuestra historia para poner fin al abandono estatal de los habitantes del campo y lograr que tengan un nivel de vida similar al de aquellos asentados en pueblos y ciudades. Dispone, entre otros temas trascendentales, un censo rural para actualizar la propiedad del campo, un fondo de tierras (integrado por tierras decomisadas al narcotráfico, adquirida con ventajas o con mala fe, o expropiadas por el Gobierno) de distribución gratuita para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

Ordena la formación y la actualización del catastro, la puesta al día del impuesto predial rural y la creación de una jurisdicción agraria para asegurar la protección judicial eficaz de los derechos de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo. También dispone inversiones en vías; distritos de riego; electricidad; conectividad; planes especiales de salud, educación, vivienda y agua potable para el campo, así como estímulos de todo tipo a la productividad, un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional, formalización laboral y seguridad social para los campesinos. Otra Colombia.

El punto dos, “Participación política”, revoluciona el escenario con la creación de nuevos partidos políticos y de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas por el conflicto, cuyos habitantes podrían elegir congresistas con reglas especiales. Acuerda una Ley de Garantías para organizaciones y movimientos sociales que, entre otros beneficios, les da acceso a medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios. Y la creación de una institución encargada de la seguridad de los desmovilizados, que dependería directamente de la Presidencia de la República.

En cuanto a la sustitución y la erradicación de cultivos ilícitos, las FARC pasarían de la tolerancia y la participación a sumarse “con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” y a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Es en ese contexto en el que se comprometieron a participar en el Programa de desminado.

Suscitan justificada inquietud y las mayores polémicas los temas ya planteados en la negociación pero aún por definir como el funcionamiento de la Comisión de la Verdad –¿acudirán militares y/o empresarios?–, las Zonas de reserva campesina –las “republiquetas” de las que hablara Juan Camilo Restrepo, de las que las FARC piden 54 en todo el país, nueve millones de hectáreas, que es más de toda la tierra cultivada que existe actualmente en Colombia–. Para no hablar de todo lo relativo a la justicia transicional –las penas y la eventual detención para los comandantes–, dónde están los dineros de las FARC, cómo pueden afectar sus narcofortunas el ejercicio de la política en las regiones en el posconflicto o cuánto estarían dispuestos a aportar para reparar a las víctimas.

Por encima de los radicalismos y de la polarización, cuando por primera vez parecen mayores las posibilidades del acuerdo que las de un nuevo aplazamiento, estos temas deberían constituir la agenda prioritaria de todos los colombianos y tendrían que ser profusamente divulgados, analizados y debatidos, algo que hasta el momento no sucede. Son los más importantes, pero ya por fuerza de la realidad, en algunas zonas de Antioquia, en Chocó, Caquetá, Cauca, Meta, Arauca, Tolima, Putumayo o Nariño, que como el Catatumbo vienen sumidas desde hace décadas en las tramas dramáticas de la violencia, la ilegalidad y en los últimos años de la minería criminal y el narcotráfico. Regiones cuyos habitantes enfrentan y padecen dramáticamente a los actores principales del desbarajuste y merecen un destino mejor bajo el imperio de la ley, sin ambigüedades, personajes ni zonas oscuras, en este país que en el vertiginoso tiempo de tres meses, al final de un difícil y accidentado proceso podría estar entrando a un nuevo y trascendental capítulo de su historia si se logran la firma y la refrendación de los acuerdos. 

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