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Opinión

  • | 2016/09/26 12:29

    Pretelt, Ilva Myriam, séptimo día y la agonía de la adopción

    Un fallo de la Corte Constitucional, la persecución de la Procuraduría y las infundadas acusaciones de un programa de TV sensacionalista frenaron la adopción y tienen a miles de niños condenados a la pobreza.

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Cristina Plazas, Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está en mora de invitar al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, a la procuradora delegada para la defensa de los niños Ilva Myriam Hoyos y al realizador del programa de TV Séptimo Día, Manuel Teodoro, a una gira por los centros en donde se aglomeran 9.700 niños con su futuro gravemente comprometido por las acciones que, cada cual desde su órbita, ejecutaron para acabar irresponsablemente con la adopción en Colombia.

Hasta el 2011 unos tres mil niños eran adoptados anualmente en nuestro país, en buena parte por extranjeros de condición económica privilegiada, que al final de un riguroso, extenso y muy costoso proceso de selección recibieron su custodia y los llevaron a vivir confortablemente en sus países. A partir de 2012 esa cifra cayó a la mitad y ha ido disminuyendo año tras año.

El aporte del exmagistrado Pretelt fue la sentencia T 844 de noviembre de 2011, de la cual fue ponente, mediante la cual la Corte Constitucional estableció que antes de dar a un niño en adopción el Estado debe explorar quien lo puede recibir en su familia biológica. Al aplicar el fallo el ICBF decidió que se debía buscar “hasta el sexto grado de consanguinidad”, en virtud de lo cual, un trámite de adopción que antes duraba 18 meses en promedio, en muchos casos se volvió interminable.

La controvertida procuradora Ilva Myriam Hoyos considera que los colombianos tenemos decidir si lo mejor es que nuestros niños tengan protegidos sus derechos aquí por el Estado o que Colombia sea el país con el mayor número de adopciones internacionales de América Latina. En defensa de ello ha producido duros informes contra el ICBF -los acusa por negligencia en el proceso de adopción- y una dinámica de investigaciones disciplinarias que sembró pánico y limitó la acción de funcionarios, en especial de los Defensores de Familia, que son los encargados de aprobar la adopción.

El programa de televisión Séptimo Día realizó en el año 2012 la serie ‘Niños made in Colombia’, en la cual, con el sensacionalismo e irresponsabilidad que le son características, arrojó –sin ningún fundamento- acusaciones y desprestigio al proceso de adopción de niños colombianos por extranjeros.

Son enormes y muy graves los estragos ocasionados por esa tormenta de intemperancia y de locura. Buscar en los segmentos más críticos de nuestra enferma sociedad “parientes” hasta sexto grado de consanguinidad que sustituyan a padres que abandonaron a sus hijos, es una insensatez. También lo es el anhelo de la Procuradora que cree que estamos en Dinamarca y no en Cundinamarca y que se puede confiar a un Estado paupérrimo y débil como el nuestro la responsabilidad de los niños abandonados. Y ni hablar de la temeridad de Séptimo Día de sembrar cuestionamientos y sombras sobre un proceso que solo acumula experiencias exitosas, entre ellas muchas de las más ponderables, extraordinarias y bellas historias de solidaridad, amor y generosidad de que haya noticia en nuestro país.

Miles de niños colombianos son víctimas de gravísimas formas de explotación laboral, sexual y reclutamiento forzado, pero sobre todo de violencia. El ICBF recibe diariamente cincuenta por maltrato, la mayoría a manos de sus padres. Y cada año ingresan seis mil niños al programa de restablecimiento de derechos, que es la antesala de la adopción.

El caso de los 9.700 que ya fueron declarados en adoptabilidad y que siguen en la espera, resume la tragedia que representa que la cifra siga creciendo y que más niños pierdan la oportunidad de ser prósperos y felices, acogidos por personas solventes y comprometidas. Niños de raza negra o indígena. Niños que tienen más de ocho años de edad o pertenecen a grupos de hermanos (a veces más de tres) o tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad permanente. Niños que muy difícilmente encontrarán quién se haga cargo de sus necesidades en Colombia y por negligencia local, tampoco en hogares estadounidenses o europeos pues aunque hay 4.000 solicitudes de extranjeros pendientes, algunas ya completan seis años sin ser atendidas.

El debate sobre si se debe autorizar la adopción a solteros o a parejas homosexuales es secundario, casi irrelevante, frente a la angustiosa situación que enfrentan esos niños que pierden la oportunidad de oro de sus vidas por la inseguridad jurídica y por los obstáculos irracionales que atrofian el proceso de adopción. Es inaceptable e inmoral resignarse a que, tras ser víctimas del abandono y de las peores formas de violencia, su futuro se limite a crecer en hogares sustitutos y otras instituciones de nuestro precario sistema de protección.

En su momento, cuando fue emitida la serie de Séptimo Día, Pilar Gómez Martínez, directora de La Casita de Nicolás –una de las ocho casas de adopción que hay en Colombia-, escribió a Manuel Teodoro: “Después del daño que con sus programas puede hacerles a los niños colombianos (…) lo invito a que venga y contacte a un pequeño de 9 años, a quien el juez noveno prefirió privarlo de unos padres extranjeros con los cuales llevaba tres meses, para que sea devuelto a su madre expendedora y drogadicta, que lo maltrata y lo abandona”. El ICBF haría bien en invitarlo a conocer casos similares y peores –hay miles- en sus albergues. Y también a Pretelt y a la Procuradora Ilva Myriam para que puedan constatar los resultados de su obra.

* @germanmanga

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