El drogadicto tiene cura, el corrupto no

Cuando el presidente Santos anunció no hace mucho que “la corrupción es una prioridad para el Gobierno Nacional”, uno como que se queda pensando: si lo mismo ha dicho de la seguridad, del empleo, de la lucha contra la pobreza, etc. etc., y todo sigue igual o peor, ¿qué esperar esta vez de este anuncio? Con su voz agitada reveló también que tras una reunión con la Comisión Nacional para la Moralización, y otra con la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, se determinó la creación de un Comando Anticorrupción integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, así como también un combo de organismos tales como la Uiaf, la Dijín, la Dipol y la Agencia Nacional de Inteligencia que se sumarían a esta “expedición” que luchará implacablemente por borrar del mapa de Colombia semejante lacra. Y si a la opinión  pública expectante le parecía poca la suma de entidades, comisiones y comandos, advirtió que entonces también se conformaría un Grupo Especializado de Apoyo con funciones específicas de inteligencia y seguimiento. Acto seguido, firmó el decreto que reglamenta en parte la Ley 1712 de 2014, más conocida como Ley de Transparencia.
 
Con semejante acopio de fuerzas anticorrupción podríamos pensar que en menos de lo que canta un gallo no quedará títere con cabeza en el anchuroso y criminal mundo de la corrupción.

Pero que se lo crea el que se lo quiera creer. Nosotros no.   

El concepto de corrupción es tan antiguo como los mismos orígenes de la civilización humana. En Colombia, todos sabemos de ella, hablamos de ella y la vemos crecer y multiplicarse en nuestras narices. En definitiva, afianzarse como cruzada imperial en el extenso reino de la impunidad y la desidia.

No es necesario decir que la traemos a cuento debido a los alarmantes resultados que se desprenden del Barómetro de las Américas, o del Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, o de la ONG Transparency International, o de cualquier otra medición gubernamental o universitaria que muestran a nuestro país con índices francamente escandalosos. No. Se trata de que siendo pan de cada día no podemos sustraernos al debate que amerita y, en particular, a la obligación que tenemos de denunciarla, y con la misma regularidad y al mismo ritmo con que hace presencia.

Como bien es sabido, sus tentáculos lo abarcan todo. Se percibe en cada uno de los niveles de la estructura social, en el sector público y privado, en los gobiernos nacional, departamental y local, en los procesos electorales, en la política, en la esfera empresarial, en la banca y el sistema financiero, en las comunidades religiosas, en los negocios interpersonales y, en fin, sus uñas afiladas hurgan por aquí y por allá sin intenciones de cesar jamás. No creo que exista un solo colombiano que no haya sido su víctima, incluidos los corruptos.

Basta acceder a la evaluación que se nos da en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2014 de Transparency International para saber de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. De allí se pueden extraer dos fenómenos puntuales, cancerígenos ambos y con tendencia a llevar al país a un estado terminal en cuanto al desarrollo socioeconómico: los sobornos y la impunidad, amén del uso y abuso que de los fondos públicos hacen sistemáticamente numerosas altos funcionarios del poder administrativo y político. Bien lo advierte la Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar: “Si queremos más y mejores resultados es vital que en Colombia se den procesos de reforma que hagan de la lucha contra la corrupción un tema transversal de todos los niveles de gobierno, que faciliten la denuncia, detección, investigación y sanción”.

Lo más grave de todo este asunto es que la gente ya no cree en los antídotos que los sucesivos gobiernos han venido ofreciendo. La solidez y el prestigio de la institucionalidad están erosionadas y son permeables particularmente en las regiones en donde por falta de visibilidad y controles estrictos, el camino hacia la corrupción ha sido abonado entre otras formas por la cultura del atajo que hace de lo ilegal e ilegítimo la vía más expedita para romper las leyes y alcanzar los objetivos que se proponen los vampiros chupasangre del erario.   
 
Y es que, pese a las buenas intenciones del ejecutivo, a la corrupción no la advertimos como preponderante en la agenda pública a sabiendas de que estamos conminados a enfrentar, tanto el gobierno como la sociedad toda, un flagelo que evoluciona a prácticas cada vez más refinadas y sutiles y con actores que se han venido estableciendo como verdaderos empresarios del crimen con redes delincuenciales de la más alta sofisticación.

¿Tendrá que ver acaso la corrupción con la exigua cultura ciudadana, o cultura de la legalidad como la llaman algunos? ¿Con la desigualdad, la pobreza y el desempleo? No lo creo. Ella florece fertilizada por la ambición y la codicia individual de los que siempre quieren más con el menor esfuerzo. Es una enfermedad con raíces en la esencia misma de la naturaleza humana que ni la abundancia remedia.  

Lo que hagamos para combatir esta adicción, siempre será poco. Y es que es más fácil curar a un drogadicto que redimir a un corrupto.    

guribe3@gmail.com