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Opinión

  • | 2015/04/17 09:27

    Si nos dejan morir ¿quién los va a financiar?

    El entutelado sistema de salud en Colombia parece estar más enfermo que los enfermos graves que claman para que él los asista.

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¿Qué duda cabe de que el pasado 7 de abril, cuando se celebró el Día Mundial de la Salud, terminó convirtiéndose para los colombianos en una fecha con más motivos para olvidar y lamentar, que para recordar y celebrar?

Como es sabido, por mandato de la Corte Constitucional es la Defensoría del Pueblo la entidad encargada del manejo de las cifras anuales en el campo del desempeño y desarrollo de la salud de los colombianos. Y año tras año, y sin un horizonte despejado a la distancia, el sólo anuncio de la Defensoría al respecto nos causa un desasosiego comprensible cuando conocemos reiteradamente de los resultados pobres y adversos     que nos entrega. ¿Y qué pasa luego de conocerse en cada ocasión que antes que avanzar, retrocedemos? Nada. La controversia entra en escena, de nuevo se abren paso los señalamientos y recriminaciones, la chispa del ingenio brota con “revolucionarias” propuestas y se insinúan reformas que no son suficientes para corregir este clasista, politizado y mercantilizado sistema de salud. Y es que como en tantos otros “sistemas” de impacto e interés social, o de recaudo tributario, o de lo que sea, volvemos periódicamente a quejarnos de las falencias de su estructura y aplicación, mientras la clase política, el Congreso y el gobierno, reconociéndolo a medias, vuelven a la discusión, a las propuestas y las reformas que nuevamente durarán lo que dura un merengue en la puerta de una escuela.

No creo que haya un país en el mundo con mayor vocación a lo insólito. Aquí, como en ninguna otra parte, se aparean impúdica e impunemente el absurdo y lo extravagante con la iniquidad y el masoquismo. Vamos siempre tras las normas y fórmulas cuya fachada nos deslumbre sin arriesgar un céntimo por el fondo y la efectividad. Lo simple y eficaz nos repele. Lo complejo e injusto es lo nuestro. Y en tanto los victimarios, legisladores o empresarios de la salud humana se soban las manos y esbozan sonrisas de satisfacción por el “deber cumplido” y el “éxito económico alcanzado”, el pueblo victimizado, impotente, los sigue patrocinando.

Y el botón de la muestra es escandaloso: en 2014, la tutela se convirtió para 118.281 compatriotas en la única aunque fortuita esperanza de mejorar su salud o de no perecer por su desatención. Y tan grave como esto, la Defensoría denunció que de cada 10 tutelantes urgidos, 7 imploraban atenciones ya incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Reconozcámoslo: al paso que vamos, el sistema de salud en Colombia parece estar más enfermo que los enfermos que claman para que ella los asista. La cruel paradoja consiste en que ambos compiten por sobrevivir, el uno a expensas del otro.

¿Y quiénes son los responsables de esta alarmante tutelitis que está terminando por transformar a los jueces en administradores de la salud? Todo el mundo lo sabe: desde el Presidente de la República y el Congreso, hasta Numancio Siachoque y Etelvina Rosero. Son las EPS, el Ministerio de Salud, los entes territoriales y, por supuesto, y en qué medida, los hospitales. Pero bien, ¿y cómo se denominan y en dónde están los entes de control y vigilancia que los usuarios de la salud reclaman para que las burlas a las normas y los atropellos a la ley no los sigan afectando? Eso sí, nadie lo sabe.

La tutela -ojo, intocable, señores-, aceptada ya como la más grande conquista jurídica alcanzada por el pueblo colombiano, es un derecho fundamental que otrora se esgrimiera como expediente de excepción, pero que ahora, en virtud del caos y las irregularidades del servicio de salud, es el recurso obligado y quizás único de los pobres para mantenerse en pie y no incumplirle al Estado en sus caprichosos y exagerados requerimientos tributarios.

En consecuencia, recurriendo a un ejemplo extremo, podríamos decir que el gobierno y el capital privado inversionista de la salud deberían entender que si la gente se muere a causa de su negligencia administrativa y su codicia usurera, las consecuencias económicas a futuro acabarían por menoscabar sus fabulosos recaudos y sus desproporcionadas ganancias. Si nos van dejando morir a todos, ¿quién los va a financiar?

Confiemos en que si lo demás no, esto sí los haga recapacitar.

guribe3@gmail.com
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