Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/06/10 10:31

¿Gobernador Luis Pérez, en la mira de Estados Unidos?

Autoridades norteamericanas estarían acopiando información que podría vincular al mandatario antioqueño con la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Juan Diego Restrepo Foto: NATALIA BOTERO / REVISTA SEMANA

Un párrafo de un informe de prensa del diario El Tiempo en su versión online, fechado el pasado 23 de mayo, me llamó la atención. Textualmente dice: “’Nadie es vinculado a la Lista Clinton por error’, asegura un agente federal y añade que se rastrean nexos con políticos”. El artículo hace referencia al empresario antioqueño José Byron Piedrahíta Ceballos, quien fue incluido recientemente en esa lista, junto con su esposa e hijos, tras una investigación adelantada durante varios años por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el informe difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, se caracteriza a este empresario, oriundo del municipio de Bello, Antioquia, como un apoyo del narcotráfico en Colombia desde hace varias décadas: “José Bayron Piedrahita ha apoyado a diferentes carteles de drogas por mucho tiempo, incluyendo a los carteles de Cali y del Norte del Valle, y ahora a la ‘Oficina de Envigado’”.

Desde el 2014, cuando esta empresa criminal trasnacional fue incluida en la Lista Clinton, las autoridades norteamericanas se propusieron desmantelarla. En el comunicado que anuncia la inclusión de Piedrahíta Ceballos se reitera ese propósito al indicar que “es la séptima designación en la estrategia continua de la OFAC para sistemáticamente desmantelar a la ‘Oficina de Envigado’, señalando a sus líderes y a sus redes financieras y de apoyo”.

En esa tarea, a la que estarían aportando información algunos de los exjefes mafiosos que purgan sus condenas en Estados Unidos, también tienen en la mira a algunos políticos, tal como lo señaló el agente federal que entregó declaraciones al diario El Tiempo. De acuerdo con lo que me han contado algunas de mis fuentes, uno de ellos sería el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

Diversas personas consultadas, que por obvias razones no son públicas, están preocupadas por los efectos que una investigación de esa envergadura pueda tener en el departamento, donde Estados Unidos ha invertido miles de dólares para combatir la proliferación de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y apoyar procesos de sustitución a comunidades campesinas, particularmente del Bajo Cauca antioqueño.

Pero, ¿qué tan cierto pueden ser esos supuestos nexos del gobernador de Antioquia con una estructura criminal como la llamada ‘Oficina de Envigado’? La versión que dan en el bajo mundo de Medellín y en algunas cárceles del país, donde están presos varios de sus jefes, es que, efectivamente, si habría relación, la cual, me dicen personas cercanas a ellos, se ha dado por la vía de la financiación de sus campañas políticas. “Ese señor le debe mucho a la ‘Oficina’”, asegura un abogado cercano a algunos exmiembros de esta empresa criminal, “y no en términos de plata, sino de favores, que es como se endeudan los políticos con los mafiosos”.

Justamente un financiador de su campaña a la Gobernación levantó sospechas por sus antecedentes de narcotraficante, se trata de Luis Javier Castaño Ochoa, quien en 1988 fue condenado en Estados Unidos a 51 años de prisión por delitos asociados al tráfico de drogas y lavado de activos, pero por acuerdos con la justicia norteamericana su pena le fue conmutada luego de tres años de cárcel y fue dejado en libertad. Diez años después asumió como Representante a la Cámara, en reemplazo del Jorge Humberto González Noreña, quien fue asesinado por sicarios en el centro de Medellín la noche del 15 de septiembre de 1998, pero por razones de su condena en el extranjero, el Consejo de Estado le quitó su investidura en 2001.

No es la primera vez que Pérez Gutiérrez está bajo sospecha, por el contrario, esa situación parece ser su condición natural por todos los señalamientos que le hacen desde diversos sectores políticos y económicos; sin embargo, de todo ha salido bien librado, incluso por la justicia.

En el fragor de lucha por la Alcaldía de Medellín en 2007, Alonso Salazar Jaramillo se enfrentó a la maquinaria criminal de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien declaró que a través de sus hombres de confianza había apoyado la campaña del periodista e investigador. Todo resultó un montaje que favorecía, finalmente, a Pérez Gutiérrez.

En 2011, se volvieron a encontrar, Salazar Jaramillo como Alcalde y Pérez Gutiérrez como candidato nuevamente. La rencilla brotó de nuevo y esta vez fue el mandatario local quien denunció “indicios” de apoyo de organizaciones criminales al aspirante a la Alcaldía de Medellín. Judicialmente no tuvo mayor eco, pero en las urnas sí, pues acabó ganando su contrincante, Aníbal Gaviria Correa.

Las autoridades estadounidenses no estuvieron al margen de esas disputas. En dos ocasiones, agosto y diciembre de 2008, Salazar Jaramillo expresó ante la Embajada norteamericana sus inquietudes sobre los posibles nexos de políticos locales con grupos criminales. Las conversaciones quedaron registradas en dos cables diplomáticos que hacen parte de la base de datos de Wikilieaks. En uno de ellos se escribió que, para ese año, “la Policía nos confirmó que investiga la presunta conexión Pérez-Berna”.

En las cárceles estadounidenses pagan sus penas criminales que hicieron parte de la llamada ‘Oficina de Envigado’, entre ellos Ericson Vargas, alias ‘Sebastián’, y Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, dos hombres que conocen a fondo esta empresa criminal y sus relaciones económicas y políticas, y quienes habrían hecho acuerdos con las autoridades norteamericanas para reducir sus penas, entre ellos aportar información clave para que la OFAC logre su propósito de desmantelar la ‘Oficina’.

Lo recomendable frente a una posible investigación por parte de los agentes del Tesoro de Estados Unidos es que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a través de sus abogados inicie algunas consultas en ese país para determinar si lo que se está diciendo tanto aquí como allá es cierto o no y se despejen todas las dudas, para tener así una mayor transparencia en su gestión frente al departamento.

En Twitter: jdrestrepoe

(*) Periodista, director de VerdadAbierta.com

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