07 septiembre 2013

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Gobernadores que no debieron serlo

Por León ValenciaVer más artículos de este autor

OPINIÓNNi los partidos fueron capaces de retirarles el aval, ni el gobierno nacional y la opinión pública pudieron detener su elección.

Gobernadores que no debieron serlo.

Foto: Guillermo Torres

Las revelaciones de estos días sobre los gobernadores de Sucre, Julio Guerra Tulena; de Magdalena, Luis Miguel Cotes, y de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, me han hundido en una terrible decepción. Sobre los riesgos de corrupción o de compromiso con las mafias de estas personas había advert
ido en los meses previos a su elección. 

También había llamado la atención sobre Cielo González de Huila, Nelson Mariño de Casanare y Héctor Fabio Useche, gobernadores destituidos. Prendí las alarmas sobre el gobernador de La Guajira, Kiko Gómez Cerchar, e hice anotaciones preocupantes sobre los gobernadores de Santander, Richard Aguilar, y de Arauca, José Facundo Castillo. 

Las investigaciones sobre las elecciones de 2011, realizadas por un calificado grupo de profesionales encabezados por Claudia López, decían que estas personas, de ser elegidas, podrían causar un grave daño a los departamentos por sus antecedentes personales o por los grupos familiares y políticos que los rodeaban. Alertamos al gobierno, a los partidos políticos, a la opinión pública con datos y testimonios recogidos con mucho juicio y ponderación en las regiones. 

Nos sometimos a diatribas y amenazas, a demandas y duras controversias. Para nada. Ni los partidos fueron capaces de retirarles el aval, ni el gobierno nacional y la opinión pública pudieron detener su elección. He sentido el asombro de muchos periodistas ante la decisión de la Gobernación de Sucre de entregarle una vez más el negocio del chance  a una empresa de Enilse López, alias La Gata.  

También ante tan descarada asignación del contrato para construir la llamada vía de la prosperidad al Consorcio Ribera Este, proceso en el cual el gobernador Cotes desoyó todos los llamados y los cuestionamientos del gobierno nacional y de la Controlaría General de la Nación. El influyente e incisivo Julio Sánchez Cristo se la jugó toda para detener estos contratos y nada pudo. El Tiempo criticó severamente la actitud de las gobernaciones. ¿Por qué estos gobernadores se atreven a desafiar a instituciones nacionales y a poderosos medios de comunicación? 

¿Por qué las mafias del contrabando y el narcotráfico están haciendo su agosto en Cesar con la complacencia del gobernador Monsalvo Gnecco, tal como lo denuncia en un  documentado artículo de la Silla Vacía?  ¿Por qué Kiko Gómez sigue tan campante en La Guajira después de que SEMANA le dedicó una portada y un artículo con graves y sustentadas acusaciones? Nada  les importa. Están dispuestos a todo. Han descubierto que la acción política contra ellos o las decisiones de la Justicia no llegan nunca o lo hacen cuando tienen las manos llenas de dinero y han construido una aterradora trama de poder. 

Al presentar las investigaciones que advertían el riesgo de que estas personas llegaran al poder en estas regiones, decíamos que los compromisos que tenían con grupos herederos de la parapolítica y con mafias de la contratación llevarían irremediablemente a que sus mandatos estuviesen rodeados de escándalos y cuestionamientos. Ocurrió primero con los gobiernos de Valle, Huila y Casanare, ocurre ahora con los de la Costa. Todo esto se habría evitado si los partidos, los organismos electorales y el gobierno nacional hubiesen actuado a tiempo. Los costos para las instituciones son enormes. Me entristece y me decepciona esta situación. 

El caso del triángulo compuesto por La Guajira, Cesar y Magdalena es alarmante. Cada día es más un territorio de nadie. Tuvimos la ilusión de que la desmovilización de alias Jorge Cuarenta y de Hernán Giraldo, lo mismo que los juicios a un importante grupo de dirigentes políticos que se aliaron con ellos, sería el comienzo de la reinstitucionalización de la región y de la normalización de la vida democrática en estos territorios. No ha ocurrido así. Otros líderes políticos ligados a las mafias han tomado la batuta, otros clanes y grupos mafiosos están controlando el territorio traspasando la frontera y llegando hasta Maracaibo. 

De los gobernadores de Arauca y Santander no se conocen aún escándalos importantes. Ojalá no ocurran. Pero la condena a Hugo Aguilar, padre del mandatario de los santandereanos, ratifica los nexos de esta familia con el fenómeno de la parapolítica. También una significativa función de advertencia realizada por la contralora, Sandra Morelli, al gobernador de Arauca a propósito del contrato de la remodelación y readecuación del hospital San Vicente revive el temor al fantasma de la corrupción.
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